El mito del estado de derecho
A fuerza de repetirse, una frase trillada ha terminado en un sinsentido de la historia reciente de nuestro país. Llenarse la boca con demagógicos llamados a la aplicación del estado de derecho en un país como México constituye casi una broma de mal gusto, tomando en cuenta que esta sociedad si por algo se ha caracterizado es por estar construida sobre un sistema con injusticias estructurales centenarias, así como por la aplicación discrecional de la ley. La sociedad civil mexicana es débil frente a un ineficiente Estado aún poderoso, que en muchas ocasiones ha adoptado actitudes criminales como en la matanza del 2 de octubre, del 10 de junio y de la guerra sucia. Los principales responsables y ejecutores de tales delitos pueden vivir en paz, seguros como están de que las instituciones dizque impartidoras de justicia garantizan su impunidad.
Asimismo, fraudes escandalosos contra la nación, como el Fobaproa, han sido ejemplos nítidos de lo que se entiende por aplicación del estado de derecho en este país. La impunidad de la familia presidencial, con Marta Sahagún dedicada a extorsionar empresarios con su intermediaria financiera Vamos México, es otra muestra palpable de la inmoral actitud de los poderosos de este país, seguros como están de que siempre habrá alguien que a su conveniencia aplique de manera adecuada ese moderno gran becerro de oro apodado "estado de derecho". La lista de injusticias sería vasta e irrefutable para comprobar de modo fehaciente la tremenda hipocresía con que se invoca la aplicación de la etérea quimera de la justicia en un país donde las leyes han llegado a tener precio y se han aplicado con discrecionalidad a gusto y conveniencia de la oligarquía.
El Estado mexicano, como cualquier Estado en sociedades autoritarias, aplica la ley no contra quienes la violan, sino contra los enemigos del propio Estado. Un Estado abusivo carece de toda autoridad moral para esgrimir la aplicación irrestricta de la ley, cuando a su conveniencia la evade. Es mentira que el gobierno mexicano posea el monopolio de la violencia, característica fundamental de la que emana la esencia y legitimidad del Estado. El crimen organizado, por ejemplo, se ha constituido en auténtico y violento poder paralelo al de la autoridad, y a ésta no parece preocuparle esta situación; antes bien, el Estado ha llegado a deslegitimarse por su actuación criminal. ¿Tiene el Estado mexicano autoridad moral para invocar la ley y reprimir un amotinamiento social como el ocurrido en Atenco?
Todos hemos atestiguado la actuación de la turba en uniforme que vengó de forma indiscriminada la golpiza multitudinaria contra un policía indefenso el día anterior. El procurador mexiquense ha declarado que "es inadmisible la forma violenta, irracional, despiadada y sanguinaria con que los pobladores agredieron a policías inertes e inermes", aunque para su mala suerte y empleando su propia racionalidad bien podría aplicarse a su policía su propia máxima: "es inadmisible la forma violenta, irracional, despiadada y sanguinaria con que los policías agredieron a pobladores inertes e inermes", con la desventaja que el policía viene a ser la representación del Estado mismo.
En la ocupación policiaco-militar de Atenco se ha podido apreciar el "profesionalismo" de la fuerza pública: la uniformada turbamulta (término preferido del encomendero Fernández de Cevallos) tundiendo a prisioneros rendidos; policías rompiendo vidrios de edificios y autos; "protectores" de la ley y el orden golpeando con rocas a detenidos, una y otra vez, aplicándoles la ley. Esta es la autoridad que exige respeto y sometimiento al estado de derecho, concepto que provoca risa escuchar en la intelectualidad orgánica, siempre dispuesta a defender las causas adecuadas del poderoso. Pretenden olvidar que tal vez por experiencia y simple raciocinio, la gente, en su mayoría, se dice dispuesta a evadir una disposición que percibe injusta. Por algo será.
A los activistas de Atenco les reprochan haber doblegado al gobierno federal, bajo la amenaza del machete para ser precisos. De modo hipócrita olvidan mencionar que la administración foxista dio marcha atrás al aeropuerto internacional en Atenco cuando se convenció de que el Poder Judicial iba a echar abajo la falacia de la utilidad pública justificante del decreto expropiatorio de las tierras defendidas por el grupo social de ese municipio. Debemos entender que el estado de derecho se aplica para tener controladas a las clases sociales peligrosas, cuya insolencia debe ser confrontada con toda la fuerza de la autoridad, como ahora en Atenco. A la manera del carnicero Díaz Ordaz, ahora el gobierno pretende imponer el delito de disolución social bajo el disfraz de delincuencia organizada, aunque esta acusación más bien debería orientarse contra la turba policial que se confabuló para aporrear gente sin ninguna restricción.
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