Deben tener derecho a audiencia y a un proceso judicial, señala en iniciativa de ley
Busca el PRD eliminar la discrecionalidad del Ejecutivo para expulsar a extranjeros
Para impedir deportaciones de extranjeros sin que tengan derecho de audiencia y sin que se pruebe que infringieron la ley, como sucedió recientemente en el conflicto de Atenco con cinco ciudadanos originarios de otras naciones, entre ellos los chilenos Valentina Palma Novoa y Mario Alberto Aguirre, el PRD presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa de ley para reformar el artículo 33 constitucional.
La reforma propone eliminar la facultad discrecional que tiene ahora el Ejecutivo de expulsar del país a extranjeros cuando considere que su permanencia es inconveniente, sin que éstos tengan garantías de audiencia previa y debido proceso judicial, consagradas en la propia Carta Magna.
En la exposición de motivos de la iniciativa, presentada por el diputado perredista Isidoro Ruiz Argaiz, en nombre de su grupo parlamentario, se señala que nunca como ahora es evidente la obsolescencia del artículo 33 constitucional y la necesidad de ajustarlo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La detención arbitraria y la consiguiente expulsión de Valentina Palma y Mario Alberto Aguirre, de dos españolas y una alemana que estaban en Salvador Atenco, así lo demuestran, se señala en el documento.
En el caso de los dos chilenos deportados el viernes pasado, tenían más de 10 años de residencia en el país, "una vida completa integrada a la comunidad mexicana".
Valentina Palma Novoa se desempeñaba como cineasta, documentalista y estudiante del Centro de Capacitación Cinematográfica, y Mario Alberto Aguirre estudiaba en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. A ambos, "al igual que a centenares de ciudadanos y ciudadanas mexicanas, les fue secuestrada su vida por la acción represiva del Ejecutivo federal y del gobernador del estado de México", agrega.
Las vejaciones sexuales y las violaciones que tanto Valentina Palma como las españolas María Sastre y Cristina Valls Fernández sufrieron a manos de elementos policiacos durante su traslado de Atenco a la prisión -denunciadas por las propias afectadas-, refleja que "en este país, que presume en los foros internacionales de ser democrático y respetuoso de los derechos humanos", se vulneran las garantías mínimas de los extranjeros.
En la exposición de motivos, el PRD resalta que muchos juristas consideran inconstitucional el artículo 33, ya que permite hacer excepciones a las garantías consagradas en la propia Carta Magna, de manera concreta en su artículo primero, ya que el Ejecutivo puede expulsar inmediatamente del país a un extranjero sin probar que infringió la legislación.
Asimismo, el artículo 33 contraviene tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, y viola un principio básico de derecho positivo, que es el proteger a los individuos de los actos arbitrarios de cualquier autoridad.
La reforma propone cambiar el texto actual del artículo 33, para eliminar "la facultad exclusiva" del Ejecutivo de "hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin la necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente".
El nuevo artículo 33 sería el siguiente: "Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30, tienen derecho a las garantías que otorga el capítulo I, título primero de la presente Constitución, permitiéndoseles la garantía de audiencia y el debido proceso en caso de enfrentar procedimiento judicial o administrativo previsto en las leyes mexicanas".