Piden ONG renuncias de Peña Nieto y otros funcionarios
El Estado, responsable de los hechos de Atenco: Centro Pro
Documenta uso excesivo de la fuerza pública y abusos
Organismos de derechos humanos demandaron la renuncia de Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, así como las del procurador Abel Villicaña; Wilfrido Robledo, comisionado de la Agencia Estatal de Seguridad Pública, y de Eduardo Medina Mora, secretario de Seguridad Pública federal, por su "responsabilidad en el uso excesivo de la fuerza pública" y los abusos policiacos cometidos en Texcoco y San Salvador Atenco.
"Hay una responsabilidad compartida del gobierno estatal y federal, porque el Consejo de Seguridad Pública del estado sesionó para diseñar el operativo policiaco conjunto del 4 de mayo", afirmó Edgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todos. En dicha reunión participaron el secretario general de Gobierno, Humberto Benítez; Wilfrido Robledo, Eduardo Medina Mora y Ardelio Vargas Fosado, jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP).
En conferencia de prensa, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentó su Informe Atenco, que da cuenta de las violaciones a los derechos humanos de los pobladores, como allanamientos de morada, golpes, detenciones ilegales y arbitrarias, agresiones sexuales y otros abusos de policías estatales y federales.
"Hay una responsabilidad del Estado, no se puede alegar que sólo fueron funcionarios menores o policías los responsables de estos hechos", aseveró David Velasco, director del centro. También se presentaron fotografías de los destrozos a las casas y se mostró un video con el testimonio de tres policías estatales que participaron en el operativo en Atenco.
Los abogados Luisa Pérez Escobedo y Santiago Aguirre; Héctor Guerra, de Amnistía Internacional México, Velasco y Cortez, señalaron que "mal empieza" la elección de México como miembro fundador del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, "mientras en el país sigue la preocupación por los acontecimientos de Atenco", que dejaron un saldo de un muerto, 200 detenidos, innumerables heridos y golpeados, además de varios policías lesionados.
Los representantes de organismos de derechos humanos exigieron la liberación de todas las personas detenidas. Demandaron a los jueces que llevan el caso tomar una decisión "apegada a derecho, fundada en el irrestricto respeto al principio de presunción de inocencia". También demandaron "el esclarecimiento de los hechos mediante una investigación independiente, imparcial y pública de lo ocurrido", acompañada de "un informe oficial de las autoridades involucradas".
Tras presentar pruebas y testimonios de las ilegalidades y abusos cometidos por la policía el 3 y 4 de mayo en Texcoco y Atenco, el Centro Pro señala que "el análisis de lo ocurrido muestra un uso excesivo de la fuerza pública, no ceñido a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y absoluta necesidad, lo que se tradujo en violación masiva a derechos humanos, presentándose detenciones arbitrarias, allanamientos, privación arbitraria de la vida, agresiones y violaciones sexuales, así como violaciones procesales. Podemos afirmar que la actuación de las corporaciones policiacas estatal y federal, el día 4 de mayo, tuvo orden expresa de detener indiscriminadamente a cualquier persona y allanar moradas sin ningún respeto por los derechos fundamentales. La fuerza pública buscó cobrar venganza por los hechos del día anterior".
El informe del Pro contiene un recuento pormenorizado de los antecedentes del conflicto social en Atenco, tras el intento de construir un aeropuerto en la región; el acuerdo político entre el gobierno mexiquense y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en 2003, y el problema de los floricultores en Texcoco. Con una cronología detallada y el testimonio de las víctimas, se documentan cada una de las ilegalidades cometidas.
Del operativo policiaco del 4 de mayo, el informe señala que "si bien las circunstancias podrían justificar la necesidad del uso de la fuerza pública -para la liberación de policías retenidos-, se demuestra que hubo un excesivo uso de la fuerza pública". El testimonio de la joven estudiante Susana lo confirma: ''La mañana del 4 de mayo, cuando empezaron a aventar bombas con gas lacrimógeno, la gente ya no tenía fuerza para resistir, los granaderos avanzaban hacia nosotros, así que corrimos y vi que de una casa abrieron las puertas; ya iba un muchacho herido (Alexis Benhumea) que iba sangrando, lo habían golpeado con una bomba que le pegó en la cabeza y su papá lo acompañaba (...) La policía entró con gritos, insultos; yo escuchaba que decían 'putas con que sus pinches bombitas que estaban haciendo ¿eh?' Escuché a otras compañeras de la universidad que gritaban que no las golpearan, luego escuché tres disparos...''
Violando la Constitución y la legislación internacional, ''la mayoría de los detenidos el 4 de mayo fue privada arbitrariamente de su libertad''. Así lo corrobora Rosa, de 27 años: ''Encerraron a la familia en un cuarto, tenían a niños y una mujer embarazada, gasearon, rompieron los vidrios. César del Valle estaba adentro, lo sacaron, encañonaron a dos muchachos, les cortaron cartucho y de ahí se llevaron a tres hermanos y brutalmente los golpearon. A las personas de la casa las volvieron a encerrar y a gasear... Ahí, sin orden de aprehensión ni de cateo se llevaron a los muchachos y la casa quedó destrozada (...). Fue algo inhumano''.
Las policías estatal y federal ''irrumpieron violenta e indiscriminadamente en domicilios de la población. Con ello las autoridades violentaron el derecho a la intimidad y la inviolavilidad del domicilio''.
Mariana, ama de casa de 32 años, relata: ''A las ocho de la mañana se congregaron (los policías) alrededor de la casa (...) Entraron y destrozaron todo (...). La policía se llevó a mi esposo (...) Entraron al cuarto y mis hijos empezaron a gritar (...) La policía los vio, les apuntó con sus armas".
Según la mamá de Indalecio, de 60 años, ''nos atacaron sólo por ser de la familia de Nacho (Del Valle). Tengo una hija con su bebito; ahí estábamos con ella; ya nomás fue ella que les dijo 'sálganse porque aquí hay puros niños'. Cuando vi ya estaban apuntando por las ventanas. ¿Cómo dice el gobierno que no traen armas?, cómo no van a traer armas, sí las traían, golpearon a mis hijos. ¿Por qué el helicóptero rodeándonos?, ¿qué somos? No somos delincuentes, somos gente pacífica".
El informe describe que al ser remitidas a Santiaguito, las personas detenidas ''fueron maltratadas y violados sus derechos''. Como cuenta Fernando, campesino de 24 años: "Nos bajaron del camión y al entrar al reclusorio nos siguieron golpeando. Nos hicieron pasar por una fila de policías que nos siguieron golpeando, nos daban con sus toletes. No nos dejan hacer llamadas (...) a nuestros familiares les niegan el paso, nos tienen a 15 en cada cuarto".
A los detenidos se les ''violaron sus derechos a un debido proceso legal: fueron incomunicados, no tuvieron acceso a sus abogados, no conocieron la acusación hecha en su contra, declararon sin asistencia letrada y permanecieron en incertidumbre jurídica".