Les habían ofrecido dialogar el lunes por la mañana
Desalojados de Bochil denuncian emboscada
La protesta tiene fines político-electorales: Mariano Herrán
Tuxtla Gutierrez, Chis., 9 de mayo. Representantes de los cientos de indígenas y campesinos que este lunes fueron desalojados por la policía estatal de la alcaldía de Bochil aseguraron que fueron ''engañados por el gobierno'' de Chiapas, pues un día antes les pidió que formaran una comisión de 25 personas para dialogar y buscar una solución a su conflicto con el edil Daniel Morales.
En una conferencia de prensa que ofrecieron en San Cristóbal de las Casas, dijeron que el supuesto diálogo al que fueron convocados por el secretario de Gobierno, Roger Grajales, sería el lunes por la mañana, pero antes mil policías estatales ''con caballos y perros nos sorprendieron cuando dormíamos y nos desalojaron''.
Una comisión de los inconformes dialogó con los medios la noche del martes, luego de presentar una queja ante el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. ''No habíamos podido salir de Bochil porque hay retenes de la policía, que sigue buscando a compañeros para detenerlos'', dijo uno de los involucrados, que pidió anonimato.
Añadió que hasta ahora hay 80 personas detenidas o desaparecidas por el desalojo. En un comunicado la fiscalía estatal dijo tener 55 detenidos.
''Los policías llegaron con gran brutalidad, golpeando a niños, mujeres y hombres que estábamos en el plantón, y no es cierto que tuviéramos bombas molotov ni cohetes'', manifestó. Anunció que ''en los próximos días'' habitantes de 65 de las 70 comunidades del municipio que exigen la destitución del alcalde perredista Daniel Morales Alvarez realizarán movilizaciones para que sus compañeros sean liberados.
El informante añadió que después del desalojo de la alcaldía -resguardada por decenas de agentes estatales-, los policías se dirigieron a la comunidad Copal, a siete kilómetros de la cabecera, con el pretexto de que ''andaban buscando a los integrantes de un grupo armado'', pero la población les impidió el paso.
A su vez, el fiscal general del estado, Mariano Herrán Salvatti, aseguró que la toma de la presidencia municipal de Bochil -que empezó y concluyó el lunes con el desalojo de los manifestantes, que acusan al alcalde Daniel Morales de nepotismo y corrupción- tuvo tintes político-electorales. ''No se permitirá que el ejercicio de los derechos políticos se confunda con el ataque a la libertad o la vida de terceros'', advirtió el funcionario.
El fiscal, quien encabezó el desalojo de habitantes de Bochil que exigían la renuncia del edil Morales, consideró en entrevista que los inconformes traspasaron los límites del derecho al suspender el servicio de agua potable a toda la población del lugar como medida de presión.
Añadió que el movimiento ''aparentemente'' se inició por inconformidad con la gestión del edil entre ''algunos'' comerciantes ''y posteriormente se fueron agregando otros factores de protesta, que en el fondo buscaban denostar a la autoridad para impulsar una candidatura''.
Entre los inconformes está Alberto Hernández Zenteno, detenido, y Roque Pérez Balcazar, candidato a diputado federal por el Partido Nueva Alianza, prófugo.
''Hemos hecho cateos con la autorización de un juez; hemos asegurado las casas del profesor Roque Pérez Balcázar para que queden a disposición del Ministerio Público a fin de deslindar la responsabilidad de él y, dado el caso, sirvan para garantizar la reparación de los daños ocasionados por estos delitos'', señaló.
Herrán Salvatti comentó que si bien los manifestantes iban encabezados por maestros, esto ''no significa que sea un movimiento magisterial''.
Sobre los 55 aprehendidos en el desalojo de la alcaldía de Bochil, el fiscal explicó que actualmente se analiza su situación jurídica y ''algunos'' deberán afrontar procesos penales por atentados contra la paz y la colectividad del estado, robo calificado, asociación delictuosa, daño en propiedad ajena, lesiones y otros.