Comité analiza hoy situación de derechos humanos
Los indígenas de Chiapas están peor que nunca, denuncian ante la ONU
Ginebra, 8 de mayo. "Los indígenas en Chiapas están peor que nunca", habiendo pasado de 16 mil a 23 mil las localidades donde existen obstáculos importantes para el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, aseguró Marcos Arana Cedeño, de la Defensoría del Derecho a la Salud, en una presentación informal ante los expertos del comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que examinan mañana martes el cuarto informe periódico de México sobre estos derechos fundamentales.
El levantamiento zapatista, sus causas y consecuencias, fueron el eje del debate suscitado entre los expertos de este comité y la delegación gubernamental en torno al tercer informe, presentado en 1999; la mayoría de las recomendaciones hechas por el comité fueron atendidas a medias, expresaron hoy varios representantes de ONG mexicanas.
Por ejemplo, la recomendación de poner alto a la interferencia del Ejército en los programas de asistencia social se realizó, pero las consecuencias de este uso clientelar y discriminatorio de los apoyos crearon una profunda polarización y atomización demográfica, deterioro ambiental y condiciones difíciles para la población.
"Estamos hablando de unas 300 mil personas marginadas por falta de diálogo para la paz" en Chiapas, informó Arana Cedeño. Los acuerdos de San Andrés no han sido implementados, especialmente, dijo, lo referente a la salud y nutrición en las áreas de conflicto.
Arana Cedeño agregó que los programas sociales manejados por el gobierno fueron de carácter asistencial, y en consecuencia se creó dependencia, por lo que no se aprovecharon ni estimularon las capacidades locales.
Es evidente en Chiapas, como en todas las regiones indígenas mexicanas, que esta población no tiene ninguna participación en el diseño, ejecución y monitoreo de los acuerdos internacionales y de las políticas multisectoriales que inciden en los programas sociales, agregó el representante de la Defensoría del Derecho a la Salud.
''La oposición a proyectos como la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota tiene sus razones: desplazamiento de la población y afectación de los derechos a la propiedad de la tierra, al trabajo, a una vivienda digna, al medio ambiente, entre otros. Coincidentemente, la población víctima de este proyecto es indígena y campesina, que se opone a la expropiación de sus tierras para una obra de infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (La Parota, en Guerrero) y se niega a la reubicación de sus hogares; por ello han muerto ya tres personas", aseguró Esther Wolf, de la ONG Fian.
De igual manera, el mega proyecto neoliberal del Plan Puebla-Panamá afecta notoriamente a la población indígena por donde pasará esta red, por lo que el proyecto está encaminado al fracaso, según Rodrigo Olvera, de la ONG Cereal-Espacio DESC, ya que fue programado para impulsar la maquila, que ha dejado de ser en México un polo de atracción para el inversionista extranjero, el cual opta ahora por Asia.