Han pasado seis días y ni SCT ni PFP han acudido ante la PGR
Ninguna querella oficial por los hechos
La intervención de la Policía Federal Preventiva en los hechos del miércoles pasado en San Salvador Atenco fue motivada presuntamente porque los manifestantes bloquearon la autopista Texcoco-Lechería, en violación a la Ley Federal de Comunicaciones; sin embargo, seis días después, ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ni la PFP (por los elementos que resultaron lesionados) han presentado querella formal ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Fuentes oficiales reconocieron que es ''extraño'' que la dependencia federal no haya recibido aún el desglose de los hechos por parte de la procuraduría mexiquense. Más aún cuando la semana pasada el propio procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Eduardo Medina Mora, aseguraron que la PGR ya había iniciado las averiguaciones previas correspondientes.
Inclusive, Cabeza de Vaca adelantó el pasado jueves, en entrevista realizada en Los Pinos, que ''tenemos un desglose por lesiones'' que sufrieron elementos de la PFP, y por violación a la Ley Federal de Vías de Comunicación.
Por su parte, Medina Mora declaró en conferencia de prensa, también el pasado jueves, que ''tanto la PGR como la procuraduría del estado de México llevan a cabo ya las averiguaciones previas para determinar posibles responsabilidades penales''.
A pregunta expresa, el titular de Seguridad Pública insistió en que ''la PGR ya abrió las averiguaciones previas, de tal suerte que no hay necesidad de hacer denuncia (ante la PGR) propiamente dicha. Hay algunos elementos que están siendo requeridos por el Ministerio Público, tanto del fuero común como del federal, para rendir sus declaraciones''.
Así, seis días después de ocurridos los hechos violentos en San Salvador Atenco no se ha presentado denuncia formal ante el Ministerio Público federal en relación con los 25 elementos de la PFP que resultaron lesionados, de los cuales siete tuvieron que ser hospitalizados.
Por otra parte, ayer funcionarios de la Procuraduría General de la República señalaron que la delegación de la institución en el estado de México no ha recibido aún el desglose correspondiente de las autoridades mexiquenses y que, por lo tanto, la dependencia federal se ve impedida legalmente para actuar.
En este contexto reconocieron que, dada la pasividad de las autoridades en solicitar la intervención del Ministerio Público, pareciera que el gobierno federal ha tomado la decisión de mantenerse al margen de los acontecimientos y que sea el gobierno del estado de México el que asuma el costo político derivado de la detención de más de 200 personas por los hechos violentos ocurridos la semana pasada.
Esto, porque la acción penal en contra de los 190 detenidos -por delincuencia organizada, secuestro equiparado, ataques a las vías de comunicación y medios de transporte- es del fuero común. Y por tanto las protestas, marchas y mítines contra la represión se centrarían en el gobierno mexiquense.
Por otra parte, Medina Mora y el comisionado de la PFP, Eduardo Alejandro Martínez Aduna, visitaron en el Hospital Central Militar a los siete elementos federales que sufrieron lesiones producto de los hechos en Texcoco. Los funcionarios les reiteraron el compromiso institucional de que recibirán toda la atención médica necesaria para su pronta recuperación, así como las facilidades para que su reincorporación a sus actividades laborales se realice sin contratiempos.