Hay privación ilegal de la libertad, alegan sus abogados
Consignadas, 189 personas por delincuencia organizada
Algunos enfrentarán cargo de ataques a las vías de comunicación por el bloqueo a la vía Lechería-Texcoco y a otros se les acusa de secuestro
Almoloya de Juárez, Mex., 7 de mayo. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) consignó este domingo a las 189 personas que permanecen detenidas por los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo pasados en Atenco y Texcoco, acusadas del delito de delincuencia organizada, con lo que ninguno de los encarcelados en el penal de Santiaguito podrá obtener su libertad en lo inmediato, ya que este ilícito es considerado grave por el Código Penal mexiquense.
De su lado, los abogados de los detenidos presentaron un recurso legal ante el juzgado primero de distrito en materia de amparo con sede en Toluca, en el que argumentaron que existe "privación ilegal de la libertad" de los presuntos inculpados, debido a que se cumplió el término legal de 48 horas para que el Ministerio Público consignara a un juez las averiguaciones previas donde se les involucra, y hasta el mediodía de ayer no se habían remitido a ningún juzgado los expedientes.
Pese a los reclamos de los abogados de que la consignación se dio fuera del plazo, fuentes del Poder Judicial confirmaron que el expediente, que se radicó en el juzgado segundo penal de Toluca bajo la causa 96/06, se entregó minutos antes de que venciera el término legal para que el Ministerio Público pusiera a disposición del juez a los detenidos.
En el pliego consignatorio se acotó que además de delincuencia organizada habrá personas que enfrentarán el cargo de ataques a las vías de comunicación por el bloqueo de la carretera Lechería-Texcoco, y otras el de secuestro, por la retención de 13 policías en Atenco, el pasado 3 de mayo. Sin embargo, al cierre de esta edición no se había precisado a quiénes se imputarían estos ilícitos.
Los defensores calificaron la resolución de "estrategia mafiosa" del Ministerio Público para justificar su retraso en las consignaciones. Acusaron a los gobiernos federal y estatal de "utilizar a las instituciones" de administración y procuración de justicia "con fines políticos y con un ánimo de venganza".
Según el procurador mexiquense, Abel Villicaña, el término legal para consignar estas averiguaciones previas vencía el viernes, pero bajo el argumento de que se les imputaría un delito grave se duplicó el plazo, que fenecía este domingo a la una de la tarde.
Los abogados que promovieron un amparo por la mañana solicitaron la liberación de los detenidos, por haberse cumplido el término legal del Ministerio Público; hasta el cierre de esta edición no habían recibido respuesta, por lo que el pliego consignatario surtió efectos legales.
Ante la carga de trabajo que representa tomar declaración a 189 personas y determinar su situación jurídica en las próximas 72 horas, el juez segundo penal de Toluca, Jaime Maldonado, comenzó a desahogar esta noche las audiencias para que cada acusado rindiera su testimonio preparatorio.
El juez solicitó auxilio al personal de los siete juzgados penales que existen en Santiaguito para así determinar a más tardar el miércoles si les dicta auto de formal prisión o auto de libertad por falta de elementos. Personal del juzgado segundo penal de Toluca, donde fue radicada la causa 96/06, indicó que se trabajará a marchas forzadas para poder declarar a la totalidad de los detenidos dentro de las 72 horas que les concede la ley para resolver la situación jurídica a cada uno. "La idea es tomar la preparatoria a los más de 180 detenidos en las próximas 48 horas, para dejar 24 más para analizar y resolver si se les dicta el auto de formal prisión o el auto de libertad."
Entre los señalados en el pliego consignatorio se encuentran Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y su compañero Felipe Alvarez Hernández, con lo que ambos suman la tercera causa penal en contra, Los dos se encuentran en el penal de máxima seguridad de La Palma desde el jueves en la noche, al ser considerados "peligrosos" por autoridades federales y estatales.
En ese documento se incluye a a las 183 personas que se encuentran en Santiaguito y a los cuatro que están hospitalizados en el hospital general de Toluca.
Cabe señalar que en los operativos policiacos en Atenco y Texcoco, tras los enfrentamientos entre floricultores e integrantes del FPDT con los cuerpos de seguridad, se detuvo a 207 personas. De ellas, cuatro menores fueron puestos en libertad por falta de elementos, nueve más fueron remitidos al Consejo Tutelar Quinta del Bosque, en Zinacantepec, y cinco extranjeros fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración, con lo que sólo restan 189 personas detenidas.
Por su parte, la abogada Bárbara Zamora, quien no fue notificada del pliego consignatorio oficialmente, sino se enteró a través de los medios, calificó de "infamia" acusar de delincuencia organizada a personas que fueron sacadas "con brutalidad de sus casas" en los operativos que realizaron la Policía Federal Preventiva y la estatal el jueves pasado en Atenco.
Se quejó de la tardanza de la PGJEM para consignar las averiguaciones previas, y apuntó que esta dependencia "sigue actuando al servicio del Ejecutivo para satisfacer venganzas personales".
Pese al revés jurídico, ya que esperaban la liberación de las 84 personas a quienes el procurador mexiquense, Abel Villicaña, tomó declaración el viernes pasado, la litigante confió en que la mayor parte de los acusados serán absueltos por el juez, y en aquellos casos donde no lo hiciera se promoverán amparos directos.
El juzgado primero de distrito en materia de amparo con sede en la ciudad de Toluca, estado de México, recibió el recurso de amparo, pero hasta la tarde-noche de ayer domingo se decidió a aceptarlo, pues la titular del tribunal, Laura Ordaz, dijo tener conocimiento que se realizarían las consignaciones de los aprehendidos, por lo que el medio en cuestión no procedería.
Los abogados informaron que las autoridades del juzgado de amparo enviarían un grupo de actuarios hacia el penal de Santiaguito para verificar que se hubiese cumplido el plazo fijado por la ley. "Están haciendo tiempo, como se tramita (el amparo) por privación ilegal de la libertad debe venir una comisión. Es una confabulación del gobierno", dijo Zamora.
(Con información de Emir Olivares Alonso)