En cuatro años la pobreza extrema en zonas urbanas aumentó de 49% a 54%
Recibe el gobierno foxista premios por logros inexistentes: 150 ONG a la ONU
Presentan ante el organismo mundial "contrainforme" sobre los rezagos del país
Ginebra, 6 de mayo. A pesar del importante paso que fue para México el optar por la democracia con el cambio de gobierno en el año 2000, muy poco o nulo ha sido el progreso en derechos económicos, sociales y culturales, con situaciones incluso peores para los indígenas en Chiapas, sin seguridad en el acceso a los alimentos y al agua, dijeron más de centenar y medio de organizaciones no gubernamentales a expertos del comité de la ONU relacionado con esas garantías individuales.
Como ejemplo citaron que en el año 2000, de los 120 millones de mexicanos, 52 millones 375 mil personas vivían en "alarmante situación de pobreza de patrimonio" y para 2004 la pobreza extrema en zona urbana había aumentado de 49.58 por ciento a 54.60 por ciento. Al mismo tiempo, la política presidencial de apoyo a los changarros fracasó y solamente logró aumentar la economía informal, socavando la creación de empleos seguros y decentes.
México estará defendiendo su política en la materia durante las sesiones del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), el 9 y 10 de mayo próximos. En el informe que presentará, el gobierno reconoce que los resultados de la aplicación del Pacto Internacional son muy variados en el país.
Las ONG mexicanas señalaron que no comparten las valoraciones oficiales sobre el cumplimiento de las recomendaciones de los expertos, hechas en 1999 y que se registran como realizadas en el informe actual, voluminoso documento de más de 280 páginas.
Una discusión informal e interactiva organizada por la Federación Internacional de los Derechos Humanos tendrá lugar en la víspera de la comparecencia mexicana, con la participación de Cereal-Espacio DESC, Centro Antonio Montesinos, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Defensoría del Derecho a la Salud en Chiapas, FIAN, Housing and Land Rights Network y la Coalición Internacional Hábitat.
Una queja generalizada entre las ONG que participaron en el informe alternativo que entregaron esta semana a los expertos del CDESC es que el gobierno invita a que éstas participen con información de casos y programas, pero lo hace a último momento o simplemente ignoran los documentos que entregan. "No nos toman en cuenta", se quejaron.
Diferentes reglas
"En el país la política de los derechos es de doble medida"; el gobierno tiene por un lado la defensa y promoción de políticas de liberalización, y del otro, la imposición de medidas que limitan cada vez más, el derecho al trabajo, dando como resultado el aumento de la pobreza urbana, afirmó Areli Sandoval, representante de Social Watch México, al presentar el "contrainforme".
FIAN International expuso la carencia constitucional del derecho a la comida y destacó que quienes son afectados por este problema no pueden obtener justicia o compensación adecuada; la desnutrición sigue siendo un problema de importancia en la salud pública que se agrava por el problema de la disponibilidad y acceso al agua potable, expresó Sandra Ratjean.
La situación cultural fue expuesta por Miguel Angel Paz, del Grupo Prodesca en Chiapas, donde la problemática ha empeorado desde 1999 y, sin embargo, el gobierno "tiene el descaro de aceptar un premio del Banco Mundial por su lucha contra la pobreza".
Paz aseguró que a pesar de las acciones positivas en Chiapas, las tensiones permanecen y además se crean nuevas situaciones de conflicto como la sospechosa insistencia gubernamental en construir la presa de La Parota, en Guerrero, a la cual se opone el Consejo de Ejidos y Comunidades porque desplazará a más de 25 mil personas y afectará a aproximadamente 50 mil campesinos.