Debe pararse la ola de violencia: Iglesia y sindicatos
Exige AI al gobierno que dé a conocer lista de aprehendidos
Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al gobierno de México para que dé a conocer la lista de los detenidos durante los enfrentamientos entre integrantes del Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra y las fuerzas policiacas.
El organismo expresó su preocupación por la seguridad de los arrestados y recomendó a las autoridades garantizar su integridad física. Además solicitó que los familiares puedan ver a los presos y se les facilite el acceso a la atención médica y asistencia legal.
También planteó la necesidad de que exista claridad en las averiguaciones judiciales y se informe qué delitos son imputados a los ejidatarios.
Sobre la muerte de un joven de 14 años, AI exhortó a que se esclarezca el hecho y se investiguen las violaciones a los derechos humanos durante el operativo policiaco.
Ayer, organizaciones civiles que defienden los derechos humanos informaron que durante la visita que efectuaron el jueves pasado al penal de Santiaguillo y a San Salvador Atenco pudieron constatar que se violaron las "garantías de integridad, seguridad personal, libertad, inviolabilidad de los domicilios y seguridad jurídica de los ejidatarios".
La Misión Civil de Observación denunció que a los familiares de los detenidos y a algunos abogados defensores les han negado el acceso al penal, y que personal de la Procuraduría General de Justicia del estado de México llegó al centro penitenciario con decenas de máquinas de escribir, por lo que "es presumible que algunos detenidos rindan su declaración esta madrugada, sin contar con la asistencia jurídica debida".
Mientras, la comisión que se trasladó a San Salvador Atenco se enfrentó con la negativa del gobierno estatal a abrir un canal de comunicación.
Manifestó que aunque ya no hay agentes en el poblado, el ambiente es de desconfianza entre algunos familiares de los detenidos, pues desconocen su paradero. También obtuvo testimonios sobre detenciones arbitrarias, allanamientos, destrozos, robo de bienes y uso excesivo de la fuerza por corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno.
Por otra parte, organizaciones civiles exhortaron a los gobiernos federal y del estado de México a que privilegien el diálogo y que las investigaciones policiacas se realicen de manera imparcial y objetiva, y sobre todo que dejen de violar los derechos de los líderes Ignacio del Valle y Adán Espinoza, quienes, sin respetarse el principio de presunción de inocencia, han sido víctimas de una campaña mediática, en la que se les acusa de delincuentes.
En tanto, la diócesis de Texcoco lamentó las confrontaciones.
Al fijar su posición, el obispo Carlos Aguiar Retes confió en que pronto se restablecerá el orden en la región y las autoridades harán lo correspondiente para deslindar responsabilidades.
El prelado se dijo consternado por el ánimo de los habitantes de la zona.
La Conferencia del Episcopado Mexicano se sumó ayer a las propuestas de organizaciones civiles, religiosas y sindicales para lograr un acuerdo nacional que ponga fin a la "espiral de violencia en la que los mexicanos nos hemos visto envueltos", como los hechos de Michoacán, Coahuila y México, así como los asesinatos y el incremento de la delincuencia en el país.
A su vez, organizaciones campesinas independientes con presencia en toda la República hicieron un llamado enérgico al presidente Vicente Fox para que atienda las demandas sociales y evite así acciones de inestabilidad en el país. Demandaron al mandatario que "ponga la muestra y no genere un clima de confrontación".
De no escuchar el llamado de los múltiples sectores sociales, señalaron, se pondrá en riesgo el proceso electoral del 2 de julio.
El secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC), Max Correa Hernández, consideró que Fox debe contribuir a restablecer la paz social en el país mediante el diálogo y la concertación.
Aseveró que los conflictos en San Salvador Atenco y el de Sicartsa en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en nada contribuyen a la estabilidad social que requiere el país con miras a la elección presidencial.
El dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, José Luis Hernández, señaló que ante las muestras de intolerancia de los atenquenses y de las fuerzas policiacas, al gobierno federal "le faltó capacidad de operación política".
Por su parte, el Frente Sindical Mexicano manifestó su rechazo a los actos violentos. "Nos oponemos al uso de la fuerza contra ejidatarios y pobladores; ese hecho se suma a la larga lista de violaciones a los derechos humanos que el gobierno federal ha ejercido en contra de los mexicanos. Recordamos casos como los de Tlalnepantla, Morelos y Guadalajara, donde se violaron las garantías de cientos de jóvenes; el asesinato de mineros, ya sea por negligencia o por homicidio, en Coahuila y Michoacán."