¡Sí se puede!

En una jornada extraordinaria los migrantes mexicanos tomaron las calles de importantes ciudades de Estados Unidos. Las banderas mexicanas ondearon junto con las de las barras y las estrellas. No importa que el impacto de la jornada de manifestaciones y boicots para la economía estadunidense haya sido menor. Aunque los 11 millones de indocumentados trabajan en actividades que tienen aportes menores al producto, su relevancia radica en lo que hacen para la sociedad. Además, lo central es que dejaron de esconderse para evitar a la migra. Se trata, por supuesto, de medidas defensivas, pero así han empezado muchos movimientos sociales importantes.

La reacción nacional ha sido discreta. Pese a su creciente importancia económica, la disputa política en curso le prestó muy poca atención. El monto de las remesas es mayor que la inversión extranjera directa: 20 mil 35 millones de dólares y 17 mil 805 millones, respectivamente. Representa 71 por ciento de las exportaciones de petróleo crudo, es la cuarta parte de la masa salarial del sector formal de la economía y equivale a 2.6 por ciento del PIB. Son mayores que los ingresos por turismo y que las exportaciones automotrices; llegan a 45 por ciento de las exportaciones por maquila. Sin embargo, políticamente pesan poco. Es una muestra de que también acá son discriminados. Ello puede explicarse porque expresan con crudeza el fracaso de una política económica que ha privilegiado una inserción subordinada.

Cada mexicano que emigra constata la falta de oportunidades de trabajo decente en su propio país. Cada año, medio millón de personas logran quedarse en Estados Unidos y consiguen un empleo mejor remunerado que el que podrían obtener en México. Casi un millón más lo intenta y es regresado. El flujo de trabajadores que la economía ha expulsado, en el tiempo del gobierno que prometió cambiar al país, equivale a 16 por ciento de la fuerza de trabajo nacional. Se trata de una sangría productiva que ilustra el fracaso del gobierno. No obstante, los defensores del modelo económico vigente y sus candidatos lo soslayan.

Sostienen lo insostenible: en el sexenio por venir, manteniendo la misma política económica, quieren hacer creer a los electores que ahora sí lograrán emplear a la población que busca trabajo y que quiere que sea decente. El planteo foxista de crear un millón 300 mil empleos anuales y la autoconsideración panista de tener al candidato del empleo tienen en común su contenido demagógico. El empleo no se crea porque haya estabilidad macroeconómica, aunque sea necesaria. Tampoco respetando el estado de derecho y eliminando las trabas administrativas. El problema está en la economía: en la falta de incentivos económicos a la inversión, en el abandono del papel promotor de la competitividad y la equidad de un gobierno socialmente responsable.

Nuestros migrantes gritaron que no son terroristas, que hacen un trabajo necesario para el funcionamiento de la vida estadunidense y que, por ello, no deben ser expulsados de ese país. Gritaron también que México no los puede mantener y que el gobierno ha fallado en lo esencial: mejorar la calidad de vida de la población. Irrita que presuman que la pobreza se ha reducido, cuando la causa fundamental de esta reducción está justamente en las remesas que envían los trabajadores mexicanos. Ese logro no es de ellos. Es justamente la prueba de que su propuesta económica no funcionó. Tampoco funcionaría su aplicación en los próximos seis años.

Las marchas abrieron una ruta novedosa en Estados Unidos. Mostraron que los migrantes pueden hacerse oír. Expresaron su rechazo a leyes discriminatorias, pese a los esfuerzos por detener las muestras de su descontento. Salieron y ganaron. De este lado también los oímos. Sus reclamos sacuden las bases de un modelo económico excluyente que expulsa a sus hombres y mujeres. Un modelo que no es capaz de ocupar a los que se quedan, que produce una informalidad que agobia, pero que es el único sector que genera empleo.

Resolver esta ominosa situación no se logrará con discursos ni con expresiones de apoyo de empresarios que han ganado enormes sumas, pero que generan poco empleo. Se logrará si se modifica la propuesta. Si se impone un nuevo proyecto que incluya a todos, no retóricamente, sino con compromisos que se cumplan. No se trata de decir ahora sí lo haremos. Se trata de ofrecer empleos decentes reactivando verdaderamente la economía. En ello el sector público tiene una responsabilidad que cumplir. Construir los instrumentos para hacerlo es la decisión política del 2 de julio.

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