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Jueves 4 de mayo de 2006
Debe entregar copias de las auditorías realizadas a la Femospp hasta febrero
Ordena el IFAI a la PGR dar información sobre la gestión de Ignacio Carrillo Prieto
La documentación solicitada abarca prácticamente todas las acciones de la fiscalía especial
Aun cuando todavía no concluye la investigación que la Secretaría de la Función Pública (SFP) sigue al fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto, en un hecho inusitado el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que entregue copias de las auditorías internas y externas practicadas a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), que se hayan concluido, desde su creación hasta febrero pasado.
Inclusive, ordenó la entrega de las copias de los informes derivados de cada auditoría practicada a la Femospp, así como un detalle de la gravedad de las faltas en que habría incurrido esa fiscalía, así como la forma en que habrían sido subsanadas.
Más aún: la PGR tiene que dar respuesta a unas 14 peticiones de información sobre diversas actividades y actos realizados por el fiscal Carrillo Prieto, según se desprende del recurso de revisión interpuesto por un solicitante de dichos documentos, a quien la procuraduría le negó acceso a los documentos.
De acuerdo con la resolución del pleno del IFAI, consignada en el expediente 0627/06 a cargo de Alonso Lujambio, entre los documentos que deberá entregar la PGR destacan: el presupuesto ejercido por la Femospp, de 2001 a febrero de 2006; asimismo, la cantidad de personal que labora directamente con el fiscal Carrillo y el salario devengado por éste y sus colaboradores, en igual periodo.
Entregará detalle de lo gastado en alimentos
Si bien por Ley Federal de Transparencia, la PGR informó parcialmente que la Femospp gastó en alimentos 250 mil pesos de 2003 a 2005, ahora tendrá que exhibir los montos generales erogados en comidas desde 2001 a 2006, así como la lista de las empresas de alimentos y banquetes que fueron contratadas para ofrecer el servicio.
Además, tendrá que realizar una "búsqueda exhaustiva" de los contratos que la Femospp realizó por los servicios de comida ofrecidos en el domicilio de la fiscalía y del fiscal, incluyendo el número de meseros que atendieron el ágape, los menús ordenados, el número de comensales, así como un desglose detallado de los vinos que se consumieron (marcas y cantidad de botellas compradas) y los que fueron enviados a la casa del fiscal para consumirse en el contexto de las reuniones de trabajo que efectuó en su domicilio particular. De dichos documentos, la PGR deberá entregar una versión pública, omitiendo todo lo relativo a datos personales.
Otra búsqueda exhaustiva que el Ministerio Público Federal deberá realizar se refiere a los documentos (de cualquier tipo, como convocatorias, listas de asistencia y otros) que consignen el número de personas y funcionarios, colaboradores, asesores, historiadores y otros integrantes del Comité Ciudadano de Apoyo a la Femospp, que participaron en las reuniones de trabajo tanto en las oficinas de la fiscalía, como en el domicilio del fiscal.
El recurrente de la información menciona, entre otros, a Denise Dresser, Aleida Gallangos Vargas, Miguel Arroyo Ramírez, Vicente Estrada Vega, José Luis Izunza Espinosa, Salvador Martínez della Rocca, Joel Ortega Juárez, Ricardo Rocha, Daniel Cazés Menanche y Sergio Zermeño García. De existir otros invitados, se deberá dar a conocer la lista referida, así como el número de reuniones, encuentros de trabajo y comidas sostenidas con el fiscal Carrillo en su domicilio y las que reportó a la PGR.
Se incluye en búsquedas exhaustivas las copias de los oficios en donde se autorizó al fiscal laborar en su domicilio, así como de la sustracción de documentos oficiales relativos a la guerra sucia, y de los documentos que autorizan el uso oficial de vehículos de la PGR, incluyendo periodo de uso, número de choferes o elementos que lo acompañaron, gastos de gasolina y viáticos, entre otros.
Dichos documentos, por ser de orden público, deben encontrarse en los archivos de la PGR; de no ser así, ésta tendrá que declarar en términos de ley la inexistencia de tales documentos.
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