Interrupción del embarazo, el meollo del tema
Frenan PAN e Iglesia católica reforma sobre la salud sexual
Con el respaldo de la Iglesia católica, que presionó a los legisladores, el PAN en la Cámara de Diputados impidió que el jueves pasado se votara en el pleno un dictamen de reforma a la Ley General de Salud, en el cual se considera materia de salubridad general la salud sexual y reproductiva de los mexicanos, y se establece que las instituciones públicas tendrían la responsabilidad de responder a una solicitud de "interrupción del embarazo" y reconocer el derecho de los adolescentes a recibir servicios de salud sexual y reproductiva.
El dictamen de las comisiones de Salud y de Equidad y Género, fue incluido en la sesión pasada en primera lectura, pero, además de la resistencia del clero y del PAN, la prisa de los diputados por concluir el periodo ordinario impidió que el documento fuera considerado para su votación inmediata.
La discusión se había retrasado, inclusive, por algunas observaciones del PRI, que a través del diputado poblano Porfirio Alarcón Trujillo realizó el coordinador Emilio Chuayffet, entre ellos modificar el concepto de aborto por el de interrupción del embarazo. Los priístas se negaron a dar trámite al dictamen, a pesar de que ellos mismos negociaron sus firmas a cambio de que la bancada del PRD -impulsor de la reforma- respaldara desde diciembre pasado una serie de iniciativas presentadas por los diputados del PVEM, que conforma la Alianza por México junto con el tricolor.
El centro de la reforma, expresado en la exposición de motivos, es considerar como materia de salubridad general no sólo la salud sexual y reproductiva, sino los servicios de planificación familiar y anticoncepción, y también la salud infantil.
En ese sentido, el dictamen que permanece en la congeladora legislativa plantea incluir dos nuevos capítulos a la citada ley.
En el primero se considera la atención de la salud sexual y reproductiva como de carácter prioritario, por lo que los servicios que deba prestar el Estado en esta materia constituían, a su vez, un medio para el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva.
En ese sentido, se consideró incluir un artículo específico para instaura el derecho de los adolescentes a recibir atención de salud e información.
Uno de los artículos que mayor polémica causaron, y que de acuerdo con la diputada del PRD, Malú Micher, determinó la posición del PAN y del presidente de la Comisión de Salud, José Angel Córdoba Villalobos, fue la obligación del Estado de atender abortos en las clínicas y hospitales públicos.
Se trata del artículo 66 bis, que en el dictamen ya no incluyó el término aborto y quedó redactado de la siguiente manera:
"Las instituciones públicas de salud, gratuitamente y en condiciones de calidad, deberán proceder a la interrupción del embarazo en los supuestos permitidos por la legislación penal que resulte aplicable cuando la mujer interesada así lo solicite, debiendo realizarse en un término de cinco días contados a partir de que sea presentada la solicitud y satisfechos los requisitos establecidos en la legislación, salvó que por las condiciones de salud general de la mujer requieran un plazo mayor."