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Morales cumplió en 100 días lo que prometió como candidato
Retoma el control absoluto del Estado sobre los hidrocarburos bolivianos
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Imagen tomada de un video que muestra un cartel colgado en la refinería San Alberto, de Tarija, Bolivia, destacando la nacionalización de la industria petrolera, decretada ayer por el presidente Evo Morales FOTOReuters
A EVO MORALES le llevó cien días cumplir uno de sus principales compromisos de campaña: ayer retomó el control absoluto de los hidrocarburos en beneficio de los bolivianos, al tiempo que obligó a las trasnacionales energéticas que operan en aquel país a entregar la totalidad de su producción al Estado para que sea éste el que la comercialice. Las empresas del ramo deberán adecuarse a las nuevas reglas del juego, y aquellas que no estén de acuerdo deberán abandonar el país a más tardar en los primeros días de noviembre.
EL ANUNCIO DE Morales se dio en una fecha y en una zona productora por demás significativas: el Día Internacional del Trabajo y el campo San Alberto, Caraparí, explotado (junto con el campo Sabalo, desde los que se exporta 70 por ciento del gas) por dos de las principales empresas extranjeras que le han clavado los colmillos a los hidrocarburos bolivianos: la brasileña Petrobras y la española Repsol. Paralelo al decreto presidencial, tropas militares tomaron el control de los campos petrolíferos nacionales.
A PARTIR DE AYER, ambos consorcios, igual que otros que explotan la riqueza energética boliviana, sólo se beneficiarán con 18 por ciento de la producción -amén que deberán cubrir el Impuesto Directo a los Hidrocarburos de 32 por ciento-, mientras el 82 por ciento restante será en beneficio del Estado. ''En ejercicio de la soberanía nacional, obedeciendo el mandato del pueblo expresado en el referéndum vinculante del 18 de julio de 2004, y en aplicación estricta de los preceptos constitucionales, se nacionalizan los recursos naturales hidrocarburíferos del país".
SE ACABO LA novela rosa de los jugosos negocios en Bolivia, a costillas de los bolivianos. Desde los tiempos electorales, Evo Morales pintó su raya: los recursos energéticos son propiedad de la nación y para beneficio de sus ciudadanos. "El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos. Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia asume desde ahora la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios, tanto para el mercado interno como para la exportación y la industrialización. Sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten inmediatamente las disposiciones de esta norma legal, hasta que en un plazo no mayor de 180 días se regularice su actividad mediante contratos que cumplan las condiciones y requisitos legales y constitucionales. Al término de este plazo las compañías que no firmaron sus nuevos contratos no podrán seguir operando en el país", anunció el mandatario.
EN VIA DE MIENTRAS, entre las principales afectadas por el decreto de Evo Morales (como hasta ayer fueron las que mayor raja sacaron de anteriores disposiciones gubernamentales) se cuenta a las trasnacionales Repsol, las inglesas British Gas y British Petroleum, la franco-belga Total Fina Elf, las estadunidenses Prisma Energy (Enron), Panamerican Energy y Shell Exxon Mobil, la coreana Dong Wong, Petrobras y Canadian Energy.
ENTRE LOS CONSORCIOS surgidos tras la "capitalización" que hizo el Goni Sánchez de Losada de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y con mayores beneficios, destacan los siguientes, con su reparto del pastel: Transredes: TR Holdings, 50 por ciento (25 de Prisma Energy -antes Enron- y 25 de Shell); AFP Futuro Bolivia y AFP Previsión (propiedad de Zurich Financial Services y del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, respectivamente), 34 por ciento; LAIF XIV Ltda., 9.5 (AIG/GE Capital Latin América Infraestructure Fund LP); Fondelec Pie de Monte, 4.5; Credit Agricole Indosuez (Carlson Dividend Facility), 0.14; Roberto Sergio Bonifaz Paz, 0.10; Francisco Hoffman Lijeron Soliz, 0.04, y otros, 1.76.
PETROLERA ANDINA: Repsol YPF Bolivia, 50 por ciento; AFP Futuro Bolivia FCC, 22.42; AFP Previsión BBVA-FCC, 22.42; AFP Futuro de Bolivia FCI, 2.04; AFP Previsión BBVA FCI, 2.04 y trabajadores accionistas, 1.08. Repsol-YPF posee derechos mineros en 32 bloques, siete de los cuales son de exploración (9 mil 264 kilómetros cuadrados) y 25 de explotación (2 mil 174 kilómetros cuadrados). Controla varios de sus bloques mediante sus subsidiarias Pluspetrol, Maxus (absorbida por YPF antes de que Repsol adquiriera esta última), y Andina.
PETROLERA CHACO: Amoco Bolivia Oil & Gas British Petroleum, 50 por ciento; Futuro de Bolivia AFP, 24.48; BBVA Previsión AFP, 24.48; Carls Dividend Facility, 0.13; Haciendas Ganaderas Chiquitanas, 0.04 y ''otros'', 0.86. Este consorcio también participa en Petroquímica Boliviana.
PETROBRAS: EXPLORA, explota, refina, comercializa, vende y se compra a sí misma los hidrocarburos; para su operación en Bolivia está dividida en cuatro partes: Inversiones y Servicios, Distribución, Refinación y Petrobras Bolivia.
OTRAS DE MENOR RANGO son Emcogas SAM (CCI, Canadian Crossroads Internacional, 94.75 por ciento; YPFB, 2.52, y Alcaldía de Cochabamba, 2.73), y Emdigas SAM (Compañía Nacional de Gas, 21.36; Universidad San Francisco Xavier, 18.08; Jorge Calderón Zuleta, 13.36; Alcaldía Municipal de Sucre, 7.49; Prefectura de Chuquisaca, 5.74; Gustavo Abastoflor, 4.13; María R. Urioste de Arana, 3.64, y ''otros'', 26.2).
DESDE EL ARRANQUE del mandato de Evo Morales, dos de los grandes corporativos energéticos que operan en Bolivia -Repsol y Petrobras- exigieron al nuevo gobierno "reglas claras" para sus negocios en aquel país. Con el decreto de ayer, más clara, el agua.
IGUAL DE CLARO, multitudinario y espectacular, el movimiento de los hispanos en Estados Unidos.
Las rebanadas del pastel:
FLANQUEADO POR DOS bellos especímenes de la "democracia sindical" (Joaquín Gamboa Pascoe, de la CTM, y Víctor Flores, del Congreso del Trabajo), que aplaudieron a rabiar, el inquilino de Los Pinos advirtió que "no es con la ilegalidad como se consiguen beneficios al interior de las organizaciones sindicales; la ilegalidad desvirtúa y deslegitima todo beneficio". Y el carismático secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, le hizo segunda: "es importante que los sindicatos se sacudan a líderes corruptos...", pero sólo los mineros.