Fiscalía especial: un balance
Concluyo con esta entrega la entrevista que el 4 de abril del presente año sostuve con José Sotelo Marbán, director del Proyecto de Investigación Histórica de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
Carlos Montemayor: ¿Cuáles serían en estos momentos los paralelismos en las investigaciones sobre la guerra sucia en Argentina y México?
José Sotelo Marbán: Son realidades distintas, aunque hay elementos que nos permiten hablar de una historia común. Para empezar, en Argentina se contabilizan 30 mil desaparecidos. Es abrumador el impacto que esto tiene en una sociedad más pequeña que la nuestra, sin tomar en cuenta los miles de muertos, de desterrados y de perseguidos que pudieron salvarse. Pero a la caída del gobierno militar, Argentina tuvo un régimen que inmediatamente impulsó un juicio que condenó a los principales ex presidentes a cadena perpetua. Incluso los retrocesos, como el indulto, han colocado el tema de los crímenes de Estado en el centro del debate político. En México le falta cohesión a la sociedad para sumarse al grito de los familiares. Eso, además, nunca sucede como algo automático. Tenemos que repensar nuestra historia desde el punto de vista de los derechos humanos. En Argentina comienza a darse una comunión entre organizaciones sociales de lucha, que generan políticas de Estado, y el gobierno actual. En nuestro caso, esos lazos son inexistentes. La fiscalía se ha ido aislando de los necesarios vínculos sociales. A menudo el área ministerial es denostada. Una de las pocas facilidades, en el caso mexicano, es que el proceso de represión puede reconstruirse con documentación oficial, algo que en Argentina faltó. El fiscal del juicio a la junta militar argentina se apoyó casi completamente en la carga testimonial. Aquí la documentación oficial es implacable.
En el caso de Argentina la represión fue masiva, en todos los niveles de la sociedad. Allá no hubo, no podía haber, ninguna máscara de legitimidad, ni por el origen ni por el ejercicio del poder público. En el caso de México la represión fue más selectiva y menos visible. En Guerrero el Estado pudo mantener la "ficción" de que peleaba con gavillas. En la lucha contra la guerrilla urbana pudo mantener el imaginario social de que actuaba por el bien común.
CM: ¿Cómo cree usted que el gobierno asuma la presentación del informe?
JSM: Eso es lo importante. Es necesario que el presidente de la República asuma, como punto de partida, la responsabilidad que tiene el Estado en estos crímenes y que asuma lo que de esto se deriva. Sé que hay mucho por hacer a partir de este momento. Que el jefe de Estado y de las fuerzas armadas del país ordene al Ejército entregar la documentación sobre el traslado y la permanencia de detenidos ilegales esclarecería el paradero de más de 80 por ciento de las desapariciones forzadas que hubo en el periodo. Estas medidas pueden ser reforzadas con otras. Por ejemplo, que ordene a todo soldado -desde el raso hasta el secretario de Defensa-, que bajo pena de traición a la patria ofrezcan los testimonios que tengan sobre la suerte y destino de los desaparecidos y coadyuven en el esclarecimiento de los hechos. Esto nos haría dar un paso muy importante.
CM: Usted habla de expedientes físicos y de documentos de trabajo. ¿Hay una documentación importante que deba hacerse pública?
JSM: Toda investigación deja un rastro metodológico. Hay un procedimiento permanente para elegir la información que se considera relevante y que, en consecuencia, es necesario dar a conocer por encima de otra información circunstancial. En el caso nuestro, existen datos y procedimientos de trabajo que, a pesar de que en el corpus del informe tienen una dimensión, se pueden presentar en anexos o como bases de datos propias. Hemos ido sistematizando información sobre aproximadamente 8 mil personas, contamos con millares de fichas técnicas y de textos. Estábamos elaborando las "historias matrias" de los pueblos y comunidades más castigadas de Guerrero, historias de los grupos que tomaron las armas. Se trata de un material trascendente para el estudio de la época y de los procesos analizados. Será muy útil a los ojos y análisis de tantos investigadores que se dedican y dedicarán a esta parte de la historia nacional. Claro que primero es importante terminar el trabajo, reconocer el carácter oficial del Informe, que se den esas muestras de decisión política para otorgar a la verdad histórica su carácter prioritario.
CM: ¿Cuánto tiempo nos llevaría, con un verdadero apoyo del Estado mexicano, concluir el proyecto de investigación al que usted fue invitado?
JSM: En condiciones favorables, nueve o diez meses más. Pero pienso en diversos equipos trabajando al mismo tiempo. Uno, por ejemplo, dedicado a determinar el paradero de los desaparecidos: los archivos secretos que no se han puesto a nuestra disposición, los testimonios de la fuerzas armadas, los peritajes. Otro equipo tendría que completar la investigación de los acervos que quedaron pendientes de revisar y de incorporar a la actual investigación con los testimonios de las víctimas. Otro equipo integraría los expedientes personales de las detenidos desaparecidos y de los principales actores sociales. Otro más redactaría las crónicas de las comunidades y de los grupos armados que padecieron los estragos de políticas criminales. Y uno más debería estar a cargo del manejo de la información. Esto que usted ha mencionado reiteradamente, de que los archivos que soportan la investigación histórica y ministerial no sean desaparecidos, ordenando los accesos a la documentación, ordenando la fichas técnicas y trabajando las bases de datos. Otras tareas que deben realizarse son la confrontación de los textos con testigos y el retorno de la información a los afectados; la revisión jurídica del informe y todos sus expedientes; el apoyo metodológico y la coordinación de estas actividades.
CM: ¿Qué otros temas considera de interés esencial, además de las desapariciones forzadas?
JSM: El presidente Vicente Fox se comprometió a que hubiera verdad y justicia. El trabajo se hizo para cumplir con esta política que era una decisión de Estado. Cuando se produjo la filtración de algunos capítulos del borrador del informe, la Presidencia de la República atajó la discusión con el argumento de que aún no era oficial. Cierto, pero la investigación no se hizo desde una instancia académica o privada; no es una investigación acotada por el interés de alguno de sus protagonistas, sino que se hizo desde la fiscalía responsable de dar cuenta, por parte del Estado, a la sociedad. La responsabilidad última de esta investigación recae en el Ejecutivo. Es él quien, a nombre del Estado, debe hacer oficiales los resultados y asumir la responsabilidad que se deriva del hecho incuestionable de que el Estado haya incurrido en tales crímenes. El Estado está obligado a una serie de acciones reivindicativas. El Estado debe atender y reparar, en la medida de lo posible, los daños provocados a los familiares y a la sociedad. Es absolutamente indispensable que dé cuenta de los desaparecidos.
CM: Pero, insisto, sería el colmo que los expedientes de los desaparecidos sean, a su vez, desaparecidos también.
JSM: Importa que haya una vigilancia ciudadana para que esto no suceda. Que el informe sea perfeccionado y no mutilado en sus partes fundamentales; que sea manejado con responsabilidad por el Estado y no al arbitrio de quien tenga la posibilidad de manipularlo. Que en la lista de los desaparecidos, cuyos expedientes no se pudieron armar porque despidieron a la gente del equipo que estaba trabajando en ello, no se "acorte" el número de casos que el área ministerial está integrando con criterios de "verdad jurídica". Debe vigilarse que el Estado cumpla con su obligación de informar sobre la suerte de las desapariciones forzadas de las que se ha logrado establecer su responsabilidad con los criterios de validez utilizados en las ciencias sociales. La vigilancia ciudadana es lo que puede evitar que esos expedientes sean desaparecidos si la fiscalía es desmantelada. Don Miguel Concha me propuso la idea de que se convocara a un grupo de gente notable, comprometida con las causas de nuestro pueblo, para que sirva de conciencia social en torno a estos temas. No se trata de un "consejo" de adorno, que nunca se reúna, que sea honorario. Por el contrario, debe ser un grupo que se mantenga alerta para que no se corten partes esenciales del Informe, que no se reduzca el número de detenidos desaparecidos que se pueda acreditar, que no se disgregan los agentes del MPF que tienen cierto entrenamiento para seguir casos de esta naturaleza, que no se cancele la posibilidad de continuar con la búsqueda de los desaparecidos. Esta alerta puede socializarse y hacerse pública de distintas maneras. Creo que necesitamos de una acción ciudadana así.