Editorial

El día de los trabajadores migrantes

Este primero de mayo, millones de personas, tanto al norte como al sur del río Bravo, agregaron al significado tradicional de la fecha ­la conmemoración de los mártires de Chicago, símbolo universal de la lucha de los trabajadores por conquistar sus derechos­ un sentido nuevo: el derecho de los trabajadores a vivir en paz y con dignidad en los lugares en los que se encuentran sus centros de trabajo.

A las protestas multitudinarias en Chicago, Nueva York y Los Angeles, y a las manifestaciones en más de 50 ciudades de Estados Unidos ­y en localidades apacibles de Georgia, Dakota del Sur, Indiana y otras entidades­ debe agregarse la marcha laboral realizada en esta capital, que este año se tiñó con las consignas de respaldo a los connacionales en el país vecino, así como un ensayo de boicot comercial a productos y marcas estadunidenses que arrojó resultados desiguales y cuyo principal mérito es ser una primera gesta de la sociedad en defensa de la irrenunciable porción de sus integrantes que se encuentra al otro lado de la frontera.

La convocatoria pudo superar las diferencias de opinión entre las organizaciones de migrantes ­algunas la consideraban contraproducente­ y saltar la frontera; la movilización adquirió, pues, carácter binacional, e inclusive internacional. Si bien los protagonistas principales de las manifestaciones en Estados Unidos fueron latinoamericanos, especialmente mexicanos, pudo verse en las marchas a personas procedentes de varios países del subcontinente y hasta de naciones de Europa del este.

La torpe propuesta del senador republicano James Sensenbrenner, que convertiría en criminales a 11 millones de trabajadores indocumentados, ha hecho detonar la chispa de un movimiento de vocación universal en defensa del derecho de cualquier ser humano a buscar trabajo en cualquier punto del planeta, derecho que debe ser claramente codificado y aceptado por sociedades y gobiernos para contrarrestar una de las paradojas más inhumanas de la globalización económica: la libertad irrestricta de cruce de fronteras para capitales y mercancías, y la contención migratoria de la mano de obra. Ayer, los manifestantes exigieron que el Capitolio redacte una ley migratoria justa que no castigue a los trabajadores extranjeros por el hecho de serlo; tarde o temprano, el movimiento habrá de desembocar en el reconocimiento internacional de la migración como uno de los derechos humanos fundamentales, y en la reformulación, en ese sentido, del artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Las magnas movilizaciones realizadas ayer en estricta paz y legalidad no son una culminación, sino un comienzo. Son una acción de defensa de la vida, la dignidad y los derechos de los migrantes, pero van más allá: constituyen una nueva e invaluable aportación de las comunidades de trabajadores extranjeros en suelo estadunidense, adicional a las que realizan al desarrollo económico de sus países de origen y al del anfitrión, al enriquecimiento cultural de muchas naciones y al entendimiento entre sociedades. Más temprano que tarde, Estados Unidos tendrá que reconocer que, al perseguir, reprimir y atropellar a los migrantes, se persigue, se reprime y se atropella a sí mismo.

A 100 días de haber llegado al poder, el gobierno de Evo Morales adoptó ayer una medida magnífica: decretó que los hidrocarburos del subsuelo boliviano pasen al "control absoluto" del Estado, por medio de la empresa pública refundada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La disposición establece un plazo de 180 días para que las empresas extranjeras suscriban nuevos contratos de trabajo y la confiscación de montos diversos de acciones de empresas mixtas para que corresponda a la nación más de 50 por ciento de la propiedad de ellas.

La disposición es, para empezar, el cumplimiento estricto de una de las promesas centrales de campaña del actual mandatario: la recuperación de los recursos naturales bolivianos, los cuales fueron convertidos en botín de empresas transnacionales en los periodos presidenciales de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), disciplinado ejecutor del Consenso de Washington y del neoliberalismo más literal. Pero la nacionalización conocida ayer, en una fecha emblemática, es más que un compromiso entre el gobierno de Morales y la porción mayoritaria de la sociedad: constituye una condición imprescindible para sacar al país andino de su postración económica y orientarlo a un desarrollo que permita atender sus pavorosas desigualdades sociales, su miseria y su marginación. La medida es, también, un parteaguas histórico en la construcción de la soberanía boliviana.

Las dos transnacionales más afectadas por el decreto son la hispano-argentina Repsol YPF y la brasileña Petrobras. Es lógico que en círculos gubernamentales de Madrid y Brasilia se hayan vertido de inmediato expresiones de disgusto por la medida ­oficialmente llamada Decreto Supremo 28701 ''Héroes del Chaco''­; que el ministro brasileño de Minas y Energía, Silas Rondeau, la haya calificado de "gesto no amistoso", y que el Ministerio español del Exterior haya manifestado su "preocupación". Cabe esperar que tanto el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como el de Luiz Inacio Lula da Silva actúen con espíritu comprensivo, entiendan que la nacionalización de los hidrocarburos es una necesidad impostergable de Bolivia y logren contener la hostilidad provocada por el decreto de Morales en los círculos financieros españoles y brasileños.

Es pertinente recordar que la lucha de los bolivianos por recuperar sus recursos del control extranjero no empezó ayer, ni cuando Evo llegó al Palacio Quemado de La Paz. Ya el 13 de marzo de 1937, en el gobierno de David Toro Ruilova, se nacionalizó la Standard Oil y se fundó YPFB. El control sobre el petróleo volvió a perderse en años posteriores, y el 17 de octubre de 1969, durante la gestión de Marcelo Quiroga Santa Cruz en el Ministerio de Minas y Petróleo, se nacionalizaron los bienes de la Bolivian Gulf Oil Company. Ayer, en suma, el gobierno de Evo Morales rindió un justo homenaje al pasado ­a la memoria de Quiroga Santa Cruz, asesinado por la reacción en 1980; a los mineros legendarios; a los caídos durante la llamada Guerra del Gas, en 2003, y a muchos otros­ y dio un paso trascendental para garantizar el futuro de los bolivianos.