ONG exigen justicia; el único detenido logró un amparo
Impune, asesinato de líder loxicha; se cumplen nueve años de su muerte
Este mes se cumplieron nueve años del asesinato del líder indígena loxicha Celerino Jiménez Almaraz, a quien autoridades de Oaxaca vincularon con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), y el crimen "continúa impune", pues sólo Lucio Esteban Vázquez, uno de los policías que lo asesinaron, está sujeto a proceso.
Los demás agresores se desempeñan actualmente como agentes judiciales en esa entidad; además, recientemente la justicia oaxaqueña concedió un amparo a Vázquez, quien había sido condenado a 40 años de prisión por homicidio.
Por lo anterior, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos exhortaron al Poder Judicial del estado a impulsar "verdadera justicia", pues de lo contrario "se perpetuaría la impunidad y con ello la pérdida de confianza en las instituciones".
El 24 de abril de 1997 el líder de los loxichas, su esposa María Estela García Ramírez y familiares fueron sacados de su casa por policías, quienes mataron al indígena.
Esteban Vázquez ha declarado que la muerte de Jiménez Almaraz ocurrió por un disparo en legítima defensa, en un enfrentamiento entre ambos grupos. Sin embargo, la versión del asesinato ha sido confirmada por testigos, dictámenes de balística y criminalística, además de exámenes forenses que "demostraron que Celerino fue lesionado gravemente antes de morir y estaba en total indefensión antes de ser ejecutado", señalaron las organizaciones.
Desde 1994 la región loxicha fue señalada por las autoridades como bastión del EPR, por lo que el gobierno realizó operativos contrainsurgentes.
Las comisiones Nacional e Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en México han manifestado que desde que comenzaron las redadas y tras el asesinato del indígena se ha se presentado un "patrón sistemático de violaciones" a las garantías básicas en la región loxicha.
Las ONG dijeron que el caso de Celerino Jiménez era el primero y único de ese territorio "que estaba rompiendo el patrón de impunidad en la procuración de justicia"; sin embargo, autoridades judiciales del estado otorgaron un amparo al culpable.