Carlos Montemayor / II

Fiscalía especial: un balance

Continúa en esta entrega la entrevista que el 4 de abril de este añosostuve con José Sotelo Marbán, director del Proyecto de Investigación Histórica de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).

Carlos Montemayor : Entonces, ¿cómo fue recibido el informe histórico por la autoridades de la fiscalía especial?

José Sotelo Marbán : Déjeme explicarlo de manera sencilla. En todos los países donde se han constituido comisiones de la verdad, lo menos que se les ha brindado ha sido el reconocimiento y el respeto a su labor. El Estado mexicano nos ha tratado de manera indigna. Por una filtración de fragmentos de borradores del informe, que no sabemos quién los haya revelado, nos quieren tratar como si fuéramos delincuentes y se nos niega no sólo el derecho al trabajo, sino el pago por las tareas realizadas.

"A principios de diciembre de 2005, cuando faltaban unos días para entregar el informe, en una reunión de trabajo se me explicó que querían un libro blanco que resumiera los datos que pudieran hacerse públicos de las averiguaciones que llevaba el área ministerial. Fue entonces cuando se enteraron verdaderamente del avance que teníamos. Me parece que nunca pensaron que elaboraríamos un informe como el que hicimos, ya que las condiciones que se nos impusieron hacían prácticamente imposible llegar a este resultado. Me pidieron lo que teníamos hasta ese momento, incluso en soporte electrónico, para pasarlo a revisión de las otras áreas. La parte ministerial nos hizo llegar observaciones muy atendibles y que mejoraban el contenido; sin embargo, la dirección de dictaminación jurídica quiso eliminar todo el capítulo de Crímenes de guerra y pidió que se modificaran los términos que utilizábamos en el documento. En lugar de desaparición forzada querían que se hablara de privación ilegal de la libertad. Debíamos eliminar el concepto de casos acreditados, porque solamente la representación social puede acreditar los casos. Nos tachó todos los términos que no encontró en los códigos penales, como 'campos de concentración' y 'aldea vietnamita'. La lista de 'correcciones', que nos parecieron inatendibles, era enorme y sentimos que se nos comenzó a tratar como enemigos. Las subsecuentes versiones del informe quedaron secuestradas en esa dirección. Empezaron a realizar correcciones de las que ya ni siquiera nos notificaron. Le expresé todos mis resquemores al fiscal, y ante la falta de respuesta y el despido de mi equipo de trabajo, renuncié. Pero el fiscal no quiso aceptarme la renuncia y, en buenos términos, ofreció resolver los problemas planteados. A los pocos días se produjo la filtración de los retazos de informe y, desde entonces, nos hemos ocupado de las repercusiones de esa infiltración."

CM : Perdone que insista en un punto: ¿cómo calificaría entonces el grado de avance de la investigación?

JSM : El informe ha sido terminado y entregado; sin embargo, debe mantenerse en constante revisión. Es un trabajo sumamente arduo y complicado, ya que sólo quedamos dos personas en el equipo. Las circunstancias ahora son distintas.

CM : Pero el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, insiste en afirmar que la fiscalía ya cumplió sus objetivos y que por ello puede ser desmantelada.

JSM : Desconozco con qué criterio el procurador puede hacer esa afirmación. No se puede jugar con la fantasía de que la fiscalía ya cumplió con su propósito ni en el área ministerial ni en la histórica. Desde el ámbito ministerial me parece que cometerían un gravísimo error. Los criterios utilizados para hacer evidente, desde la historia, que el Estado es responsable de un número de casos de desaparición forzada son diferentes a los utilizados para determinar la verdad jurídica ante un juez y fincar responsabilidades. Aunque el método que se utiliza en ambas disciplinas no nos conduce a resultados idénticos, tampoco pueden ser tan dispares. No deben restarse los 17 casos que ya están en tribunales para saber cuántos de los 644 faltan. Es posible que muchos de estos 644 casos no satisfagan todos los requisitos que se establecen en los procedimientos penales; sin embargo, ya le comentaba que en los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pudimos establecer conexión de 80 casos de desaparición forzada en los que el propio Ejército reporta las detenciones. Conozco también mucha documentación que el área de investigación y análisis ha aportado al área ministerial, por lo que puedo deducir e interpretar el gran soporte que estos documentos brindan para armar los expedientes de consignación. Todo ello me permite afirmar que hay elementos para un trabajo intenso que no puede concluir, según mi diagnóstico, ni en abril ni en diciembre de este año y, quizá, ni en el año próximo. A mi juicio sería un error cerrar la fiscalía, porque si bien las investigaciones ministeriales se pueden continuar desde la estructura misma de la Procuraduría General de la República (PGR), también es cierto que los agentes del Ministerio Público Federal (MPF), que han avanzado en la investigación de estos casos, han adquirido una formación en el trabajo que implica el manejo de fuentes documentales y de técnicas de investigación pericial que normalmente no tienen los agentes adscritos a otras áreas de la PGR. Los agentes del MPF tienen como principal campo de actividad la consignación de detenidos en temas relacionados con el narcotráfico, portación ilegal de armas y delitos conexos con la protección de especies animales y asuntos forestales. Problemas totalmente diferentes a los que se están trabajando en esta fiscalía. De absorberse esta estructura en otra mayor, será poco probable que se aproveche la experiencia adquirida y que eso provoque un nuevo retraso en el proceso de consignación de los casos restantes. La sociedad percibiría el cierre de la fiscalía como un posible carpetazo a los crímenes que están bajo escrutinio de la Femospp.

CM : Me parece claro que el contenido de los llamados 'borradores del informe' compete a la sociedad entera y no sólo a las oficinas de la fiscalía. En este sentido, ¿qué deberíamos esperar de la continuidad de otra oficina que no fuera la fiscalía misma?

JSM : Es necesario señalar que esos 'borradores del informe' no constituyen una versión previa del documento, sino pedazos de capítulos que fueron recopilados en distintos momentos de la elaboración del informe. Faltan capítulos importantes, como el de las 10 conclusiones y recomendaciones con las que termina el trabajo. Hay capítulos que inclusive cambiaron de nombre porque la temática que se incluyó resultó mayor que la que estaba considerada en esa fase de la investigación. Coincido en que la información trasciende el interés del ámbito institucional; a mi parecer estamos ante un proceso social que ya no puede parar. Si la actual administración quisiera ocultar lo encontrado -que en gran medida ya es público-, convertiría la parte censurada en el epicentro de la atención pública, colocaría lo que quiere ocultar en el centro del debate.

CM : ¿Debemos entender que la fiscalía dispone, además del informe preparado por ustedes, de otros borradores provenientes del trabajo del MPF?

JSM : Ignoro si existen otros borradores, pero son tantos los recursos que ha recibido la Femospp que ojalá tenga varios trabajos como el que le presentamos. Desde luego que lo puede enriquecer. El trabajo de investigación realizado por los agentes del MPF adscritos le permitirían doblar las evidencias que nosotros, con una investigación tan accidentada, presentamos en los capítulos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Pero si así no fuera, la investigación debe continuar de todas maneras, hasta encontrar el paradero de los 'desaparecidos'. Y esto debe hacerlo el Estado o alguna comisión que tenga el reconocimiento oficial. Si el presidente Fox no lo hace, la historia se lo reclamará. Mire cómo se repite este proceso en toda América Latina. En Argentina, por ejemplo, se ha añadido al reclamo de verdad y justicia, el de la memoria. Hace unas semanas la gente llenó las calles de las principales ciudades argentinas en conmemoración de sus mártires. Se expresó el repudio masivo con medio millón de personas en las calles, 30 años después. Los jefes que instrumentaron esa represión están cada vez más cercados por la justicia y más aislados en su sociedad. Son cadáveres vivientes. Esta historia, en México como en América Latina, no la va a parar ningún gobierno y cuanto antes comulguen los gobernantes con la historia, mejor imagen quedará de ellos.

CM : Si el Estado mexicano viera esto como una prioridad nacional, ¿qué debería hacer?

JSM : Mostrarlo en los hechos, por supuesto. Hoy es necesario que el Ejecutivo federal instruya a la Sedena para que aporte cierta documentación que no ha puesto a nuestra disposición, en particular aquella en la que específicamente se ordenan los traslados de todos los detenidos que hemos probado que quedaron en su poder. Es necesario que le ordene al Ejército colaborar, en lugar de obstaculizar. Que la Sedena aporte todos los testimonios respecto del paradero de más de 80 por ciento del total de las personas desaparecidas, porque finalmente quedaron en su poder. Que abra la documentación de las diferentes zonas militares que fueron centros de detención ilegal en algún momento y que están señaladas en el informe. Es necesario también efectuar todos los estudios de campo que tiene pendientes la fiscalía. Hay testimonios de que Quirós Hermosillo disponía de unas camionetas, muy peculiares, en las que movilizaba detenidos desde el Campo Militar Número Uno y que posteriormente quedaron como desaparecidos. Hay testimonios sobre cementerios clandestinos en las propias instalaciones de lo que fue el campo de concentración de Atoyac. La Universidad Nacional Autónoma de México dispone de equipo y de técnicos para hacer estudios de suelo que determinen si hay indicios para realizar las excavaciones correspondientes y dónde hacerlas. También hay testimonios de que había calderas en el Campo Militar Número Uno, donde pudieron haber incinerado cuerpos. Hay testimonios de ejecuciones sumarias en campos de tiro de la Sedena. Es necesario hacer todos estos peritajes con la colaboración de las más altas autoridades militares y no en situación de altísimo riesgo y a contracorriente de la institución. Es necesario que el Ejército se deslinde y, en lugar de ser cómplice, dignifique su condición. En Argentina, por ejemplo, las abuelas de la Plaza de Mayo registran 500 casos de apropiación de niños, hijos de desaparecidos. Sólo ellas han encontrado más de 80 secuestrados por la dictadura. En México, la señora Rosario Ibarra ha hecho milagros en la búsqueda de los desaparecidos. Ella menciona la cantidad de 148 detenidos que estaban desaparecidos y que, debido a su intervención, fueron liberados. Frente a esta panorámica, los resultados de las acciones oficiales en México para llegar a determinar la suerte del resto de los desaparecidos siguen siendo magros.