Cereal: Fox desoyó consejos de la ONU sobre derecho sindical
A pesar de que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió varias recomendaciones al Estado mexicano en 2003 en torno al derecho sindical, "ninguna de esas recomendaciones ha sido contemplada en las diversas iniciativas de reformas legales que el presidente Vicente Fox ha presentado", establece un diagnóstico realizado por el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).
El documento, que forma parte de un informe mucho más amplio que diversas organizaciones sociales entregarán la siguiente semana ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México de la ONU, establece que la Oficina del Alto Comisionado encontró "obstáculos estructurales" para la vigencia plena de los derechos sindicales.
Esa institución internacional de promoción de los derechos humanos puso especial interés en el llamado corporativismo sindical, en el cual el gobierno federal, en coordinación y cooperación con líderes de los grandes sindicatos, confederaciones y representaciones patronales -esquema tripartita que excluía a otros grupos sociales-, acordaba los servicios y prestaciones que se otorgaban a los trabajadores y sus familias, las prestaciones de ley y los supuestos beneficios que percibía la clase trabajadora, a cambio de que los líderes mantuvieran la paz en las relaciones laborales.
Consideró además, en su diagnóstico, que en el corporativismo sindical "por tradición y sin cambio alguno en la presente administración (la foxista), se violan sistemáticamente los derechos humanos a la libre sindicalización, la elección de las dirigencias de las organizaciones se efectúa sin respetar el voto libre y secreto y permanentemente se conculca el derecho a huelga. Las autoridades laborales mantienen control estricto, mediante registro, de las organizaciones sindicales".
Ante estas observaciones, se afirma que el corporativismo se constituye en un obstáculo estructural para el ejercicio de la libertad sindical, mostrándose en el control de los trabajadores por parte de los dirigentes tradicionales, y en la tolerancia y complicidad de las autoridades laborales.
Algunos de los puntos que esa instancia emitió a la administración federal, especialmente al poder Legislativo son: establecer en la legislación garantías democráticas para la vida sindical; crear un instituto autónomo para el registro de los sindicatos; prohibir la afiliación corporativa a los partidos políticos; eliminar restricciones legales, institucionales y políticas a la libertad de la sindicación, tanto en sector privado como público; promover la ratificación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en especial los referentes al tema; promover la colaboración con las organizaciones de trabajadores y la formación de liderazgo femenino, entre otros.