Fiscalía especial: un balance
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Daniel Cabeza de Vaca, ha declarado en varias ocasiones que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado ha cumplido ya con los objetivos para los que fue fundada y que, por tanto, debe desaparecer. Hace varias semanas me propuse analizar desde diferentes ángulos lo inexacto (por decir lo menos) de tales aseveraciones oficiales. Primero escribí para La Jornada tres artículos sobre los pendientes centrales de la fiscalía y sobre la necesidad de resguardar la información obtenida por los historiadores que prepararon el informe histórico. ¡Qué no vuelva a suceder!, material sumamente valioso para el esclarecimiento de la guerra sucia en México en múltiples sentidos, más allá del empleo estrictamente legal. Después me reuní, en distintos momentos, con el director del proyecto de investigación histórica y parte de su equipo, y con el fiscal Ignacio Carrillo Prieto y parte de su equipo, con los que preparé las entrevistas que sobre temas centrales empezarán a aparecer a partir de hoy. En el caso de José Sotelo Marbán, él personalmente respondió a mis preguntas. Desde diferentes ópticas, una de historiador e investigador documental, y otra jurídica, el lector podrá juzgar si las declaraciones del procurador general de la República, a propósito de los objetivos cumplidos por la fiscalía especial, tienen sustento o no. Las primeras tres entregas corresponden a la entrevista sostenida con José Sotelo Marbán el día 4 de abril de este año en mi propio domicilio.
Carlos Montemayor : ¿Cuál era el avance del informe histórico cuando usted se incorporó a la fiscalía?
José Sotelo Marbán : En la fiscalía supuestamente operaban dos áreas técnicas: la ministerial y la de investigación y análisis documental, a la que ahora se le conoce como área histórica. Los avances de investigación que realizaba el área ministerial eran conocidos sólo por los investigadores de esa área. No hay una sola línea del informe histórico que entregamos al fiscal que sea producto de las indagatorias ministeriales. En cuanto al área de investigación y análisis -que era una dirección disminuida y sólo disponía de cinco personas-, tenía como tarea obtener la información documental que le requería el fiscal y el área ministerial. La persona que me antecedió en esa dirección, la maestra Angeles Magdaleno, no escribió una sola cuartilla, que yo conozca, con la que haya iniciado una investigación histórica. Lo que hizo fue obtener información documental, de distintos acervos, según los requerimientos del área ministerial. Tuvo cercanía con los medios de comunicación por los campanazos de noticia que resultaban de algunos documentos que encontró. Tengo entendido que ella fue recompensada con este puesto por haber sido auxiliar de Sergio Aguayo en su libro La charola. Por otra parte, la persona que me sucedió, cuando renuncié por vez primera, en el 2003, Susana Zavala, es ahora asistente en México de Kate Doyle, quien a su vez dirige The National Security Archive, organización que subió a la página web el 'informe filtrado'. Cuando el fiscal me pidió que nuevamente me hiciera cargo de los trabajos de esta dirección, decidió que se despidiera a la gente contratada por Magdaleno y Zavala, pues eran dados a filtrar información a periodistas. Susana tampoco dejó nada escrito. Así que, por parte de la fiscalía, no dispusimos de información alguna sistematizada.
CM : Pasando al tema central de la entrevista, ¿dónde radica la importancia de la investigación contenida en el informe presentado por ustedes?
JSM : Sin duda, el tema esencial es el de las desapariciones forzadas. El Estado debe dar cuenta del grito desgarrador que los familiares mantienen en alto. Una respuesta al "¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!". Mientras el Estado no responda habrá una herida social que no sanará, porque supura por dentro. Esa figura, de una herida, es la que utiliza el derecho internacional al referirse a los crímenes de 'lesa humanidad'. Es decir, crímenes 'que hieren a la humanidad'. Y como no sanan mientras no se haga justicia, una consecuencia jurídica es que esos crímenes no prescriban, como insensatamente se ha querido establecer en el sistema jurídico mexicano. Hay otros temas, muy importantes desde luego, pero de todos, éste debe destacarse como el meollo del informe. A pesar del escaso tiempo y los recursos limitados que tuvimos en la fiscalía, logramos identificar 644 casos de desaparición forzada. De ellos, 434 casos pueden considerarse plenamente acreditados. En los otros 208 casos hay suficiente información de quejas y denuncia de hechos y, sobre todo, un soporte de datos que permite considerar una presunción fundada que tales hechos sucedieron porque configuran el mismo patrón de desaparición forzada que los plenamente acreditados en el mismo periodo y en la misma región. Con un poco de más tiempo y personal hubiéramos podido aclarar un mayor número de casos. Este listado aparece en el capítulo de Crímenes de lesa humanidad del informe.
CM : Usted plantea que la investigación y el informe están incompletos. ¿Considera entonces que el documento tiene un carácter provisional?
JSM : Me refiero particularmente a otras tareas que no quedan totalmente absorbidas en el informe. Es que debíamos entregar el documento a más tardar el 15 de diciembre de 2005. Para cumplir con este plazo tuvimos que reorganizar algunos procedimientos. En lugar de completar el armado de los expedientes e informar de ellos después, nos vimos forzados a formar primero las listas que aparecen en el informe y disponernos posteriormente a terminar de integrar los 644 expedientes con la plantilla de información y soportes documentales de cada caso. Era precisamente uno de los trabajos que estábamos realizando cuando despidieron a nuestros investigadores impidiéndoles, de un día para otro, la entrada al edificio. Lo mismo sucedió con la elaboración del encuadre histórico de los grupos que participaron en los movimientos armados. Tuvimos que posponer, para después de entregado el Informe general, la reconstrucción de lo acaecido a cada uno de los principales grupos. Quiénes los integraron, con qué propósito, qué hicieron, cuál fue la suerte de sus integrantes. También este trabajo fue interrumpido, lo mismo que la organización de la documentación y la homologación de las bases de datos.
CM : ¿Cuál es la diferencia entre los expedientes que ustedes estaban integrando y los expedientes que integró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)?
JSM : Hasta febrero de este año tuvimos acceso a los expedientes físicos de la CNDH y apenas pudimos revisar cuatro. Tuvimos, por supuesto, acceso a las conclusiones de cada caso, que por página web es información pública. Los expedientes de la comisión no se integran físicamente con documentación probatoria de la detención de las personas, sino que contienen una transcripción de lo que dicen algunos documentos y a lo que se refieren algunas entrevistas. Todo ello es muy útil; sin embargo, nuestros expedientes contienen los documentos probatorios. En algunos casos el documento menciona la detención o la ficha signaléctica o dactilcoscópica; contiene referencias a las declaraciones o confesiones que obran en los expedientes de las policías políticas. Consideramos de suma importancia que estos expedientes se terminen de configurar para que el Estado mexicano los entregue a los familiares, a las organizaciones que han venido luchando por esos casos, y para que se integren, como anexo, al informe a la sociedad. Sin embargo, ello no es todo. Como se comprenderá, este proceso de dilucidación de la verdad histórica de los 'desaparecidos' por el Estado habrá sido un paso muy importante, pero quedan otros dos por concluirse: conocer el paradero de esta gente y juzgar a los responsables, para satisfacer el reclamo de justicia.
CM : ¿Por qué razón se detuvo la investigación que estaban realizando? ¿Hubo alguna señal específica que pueda interpretarse como un intento de obstaculizar las investigaciones?
JSM : No encuentro ninguna razón válida para detener la investigación que estábamos realizando. Cuando se planteó la posibilidad de cerrar esta parte de la investigación, reiteradamente le pregunté al fiscal, por carta, si el problema era económico o político. Si era económico, para movernos en la búsqueda de fondos que posibilitaran continuar con el trabajo; y si era político, para encontrar los apoyos necesarios y solventar la situación. Se me contestó que no era un problema económico. Por la importancia que esta investigación tiene para el Estado mexicano, y obviamente para los familiares y los directamente afectados, no me cabe la menor duda de que la PGR nos debió haber dado otro trato. Sin embargo, hicieron todo lo contrario. Claro que hubo señales. Una es la falta de pago. Otra, no darnos las herramientas mínimas de trabajo, no darnos siquiera los viáticos necesarios para el trabajo de campo.