Editorial
Injerencia sindical, un caso de miopía gubernamental
Las diversas manifestaciones realizadas ayer viernes en el país, por varias organizaciones gremiales en defensa de la autonomía sindical, son el resultado de la miope visión del gobierno federal, que creó un problema que no existía, el cual ha ido creciendo hasta tener un grave costo social.
El pasado 20 de abril, fuerzas de seguridad federales y estatales intentaron desalojar el complejo siderúrgico Las Truchas, en el puerto de Lázaro Cárdenas, cuyas instalaciones habían sido ocupadas por trabajadores en paro. El fallido operativo tuvo resultado de dos mineros muertos y decenas de heridos, incidente que manchó de sangre a la actual administración en la recta final del sexenio.
El conflicto entre las autoridades y varias organizaciones sindicales que actúan en respaldo del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) se debe principalmente a la injerencia del gobierno en la vida interna de ese gremio. Hay que recordar que el pasado 28 de febrero, en una decisión aparentemente inexplicable, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) otorgó a Elías Morales Hernández una toma de nota aprobada vía fast track que lo reconocía como secretario general del sindicato minero. Tal resolución no es otra cosa que una imposición adoptada de espaldas a la opinión de los trabajadores los únicos que tienen el derecho de elegir a sus representantes, e implicó desconocer a Napoleón Gómez Urrutia como líder del gremio, a pesar de que con anterioridad esa misma dependencia le había dado su aval oficial.
Y esa injerencia fue planeada ex profeso: de acuerdo con la directiva de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), "es evidente que la STPS tiene las manos metidas hasta el codo en una estrategia de objetivos y alcances muy turbios", ya que "generó un problema que afecta a todas las regiones del país en las que hay actividad minera y metalúrgica relacionada con el sindicato". La compañía denunció los oscuros intereses detrás de Morales Hernández y su grupo, quienes "han utilizado las instalaciones, el personal y los medios de la STPS" para involucrarlos en este conflicto, señaló que "los propios trabajadores son quienes, conforme a sus estatutos, deben elegir a sus dirigentes" para tener una sana relación entre autoridades, empresa y obreros, y consideró que el titular de la secretaría, Francisco Javier Salazar Sáenz, "está evidentemente descalificado como mediador, por sus motivaciones, por la gestoría del conflicto y por toda su actuación a lo largo de éste".
De hecho, en una entrevista con este diario, publicada el lunes 24 de abril, Gómez Urrutia declaró que desde finales de 2005 Salazar, otros funcionarios de la STPS y directivos de las empresas Minera México y Grupo Villacero, entre otros personajes, comenzaron a fraguar la ofensiva contra el SNTMMSRM. La estrategia, dijo, consistió en debilitar al sindicato mediante la imposición de un dirigente "ganster y mercenario" que tenía la misión de golpear a las otras compañías del sector como AHMSA y Metal Steel y eliminarlas del mercado.
Pero este plan ha fracasado, pues no se ha logrado consumar la imposición de dirigentes en el SNTMMSRM. Si bien no es cuestión de defender la honorabilidad y honradez de Gómez Urrutia, resulta inexplicable que los señalamientos de las autoridades sobre los actos de corrupción del denostado líder sindical en perjuicio de sus agremiados no se hayan traducido, hasta el momento, en una orden de aprehensión, lo que arroja dudas sobre las verdaderas intenciones del gobierno.
En todo caso, queda claro que el único resultado tangible de esta situación es un conflicto a escala nacional que en nada beneficia al país, lo que crea un peligroso clima de inestabilidad de cara a las próximas elecciones presidenciales del 2 de julio.