Pide a candidatos presidenciales considerar el conocimiento herramienta contra la pobreza

Perdió México rumbo en políticas para educación y ciencia: AMC

Alerta en documento sobre rezago en investigación; la inversión en el sector, "apenas" de 0.46% del PIB

JOSE GALAN

En años recientes, México perdió dinamismo, rumbo y continuidad en las políticas públicas para educación, ciencia y tecnología, advierte la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) en un documento enviado a candidatos presidenciales, legisladores y partidos políticos.

Según la AMC, la inexistencia de una política a largo plazo en investigación y desarrollo, la escasa atención que se le asigna, la asintonía del lugar que ocupa el país entre las principales economías del mundo y la rezagada posición de sus fortalezas científicas y tecnológicas, en comparación con otros países de peso similar, o menor, así como la pérdida reciente de rumbo y competitividad, indican que el paradigma sobre el que se había sustentado la política respectiva ya está agotado.

Asimismo, subraya la necesidad de que el conocimiento y la innovación sean considerados un bien público e instrumentos estratégicos para combatir la pobreza y la desigualdad, mejorar la competitividad, afirmar las libertades democráticas, incrementar la participación social en su generación y catalizar la inserción de México en la sociedad del conocimiento.

En el documento Por un nuevo paradigma de política pública para el conocimiento y la innovación en México, la AMC enfatiza la necesidad de que se incrementen los recursos de los tres niveles de gobierno para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país; que el gasto público en investigación y desarrollo "nunca ha sido mayor a 0.46 por ciento del PIB"; existe rezago en la formación de personas con posgrado, de forma tal que, por ejemplo, mientras en 2003 en México se graduaron mil 443 doctores, en Brasil fueron 7 mil 729; en España, 6 mil 436; en Corea del Sur, 7 mil 623, y en Estados Unidos, 45 mil 75.

Menos de un investigador por cada mil empleos

Advierte que el número de personas dedicadas a las actividades de investigación y desarrollo "deja mucho que desear": por cada mil empleos, la República Checa tiene un promedio de 5.8; Alemania, 12.2; Hungría, seis; Japón, 13.6; Corea, 8.4; España, 8.5; la Unión Europea, 10.1, y México alrededor de 0.9. Para la AMC, todo esto explica la pérdida de competitividad, al haber pasado el país del rango 33, en 2000, al 56 sólo cuatro años después, tomando en cuenta a las 60 economías más importantes del mundo.

Según el documento de la AMC, suscrito por su presidente saliente, Octavio Paredes López, todo lo anterior se debe a la desarticulación, desorganización, tensión, burocratización o cancelación de programas que habían aportado buenos resultados, como el Sistema Nacional de Investigadores; el padrón de posgrado; proyectos de retención y repatriación; programas de becas; sistemas regionales de investigación, o el sistema de los ahora llamados Centros Conacyt.

También por los "desencuentros y el distanciamiento" de la comunidad de investigadores de las instancias de coordinación y fomento del sector público federal; la disminución del gasto en ciencia y tecnología a 0.33 por ciento del PIB en 2006, cifra que, además, está muy por debajo del 0.58 por ciento en promedio que se dedica en América Latina; la ampliación de la distancia respecto a los países líderes en el renglón y frente a naciones emergentes en la generación del conocimiento y su aplicación; descuido e inexistencia de programas de reclutamiento y apoyo a jóvenes investigadores, y el desinterés o rezago en la atención de problemas de importancia nacional y de otros más de preocupación internacional que son pertinentes a México, como los de energía, agua, migración, salud o cambio climático.

La AMC advierte que las propuestas son resultado de cerca de dos años de discusiones, consultas, aportaciones y participación de distintos sectores, tanto nacionales como extranjeros, comprometidos con la investigación y el desarrollo. Añade que, para ello, se realizaron reuniones con los partidos políticos nacionales, encuentros regionales de investigadores, con jóvenes investigadores y becarios en el extranjero, encuentros sobre energía y otros temas ya mencionados, así como un taller de reflexión, de composición internacional, sobre políticas científicas en perspectiva comparada.

Ante el panorama descrito, la AMC subraya que, de manera parecida a otros actores sociales, los investigadores y tecnólogos asumen el compromiso de participar en el proceso de reorganización de la nación, y de redefinición del papel que deben jugar el conocimiento y la innovación. En este ejercicio, añade, el primer punto que debe discernirse es el relativo a la configuración de un nuevo paradigma de políticas públicas en la materia; para el caso, se deben aprovechar los haberes, avances e impulsos existentes en diversos temas y procesos; detectar aquellas iniciativas y experiencias que se podrían inscribir en el nuevo modelo, y definir una ruta de navegación que posibilite el acabar de transformar el modelo vigente en un plazo razonable.

En esta nueva agenda, la AMC propone la aprobación de una ley-programa para el conocimiento y la innovación, que establezca una política nacional para el sector como prioridad del Estado. En su elaboración deberán participar los poderes Ejecutivo y Legislativo, los sectores productivo y empresarial, las comunidades de investigadores y tecnólogos, la sociedad y los organismos públicos y privados líderes en la investigación y el desarrollo tecnológico, además de que deberá ser resultado de una amplia y calificada consulta.

Señala que uno de sus aspectos fundamentales será el compromiso y una estrategia de incremento del gasto de investigación y desarrollo, de conformidad con el peso de la economía nacional. Esto comprende metas de corto plazo para situar el gasto de acuerdo con el nivel de desarrollo de México en la referencia internacional, el cumplimiento de la ley actual, que asigna 1 por ciento del PIB al sector, y una estrategia de mediano plazo para alcanzar en un periodo razonable 3 por ciento del PIB, como marca la tendencia en los países líderes.