Un juez ordena a la autoridad archivar el expediente
Yerros de la PGR permiten libertad de Vicente Carrillo
Fue exculpado del cargo de delincuencia organizada
La falta de acciones jurídicas eficaces de la Procuraduría General de la República (PGR) sepultó siete años de costosas investigaciones ministeriales y permitió que el pasado martes un tribunal federal negara en definitiva una orden de aprehensión en contra del líder del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, uno de los delincuentes más buscados por la agencia estadunidense antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés).
El heredero de una de las organizaciones criminales más poderosas del país -en 1997 asumió el mando del cártel tras la muerte de su padre, Amado Carrillo Fuentes-, el hijo de El señor de los cielos quedó libre del cargo de delincuencia organizada, en la modalidad de acopio de armas de uso exclusivo del Ejército.
El magistrado federal Fermín Rivera Quintana consideró que la PGR no acreditó la presunta responsabilidad del capo por este delito y ordenó a la autoridad investigadora archivar el expediente.
Luego de dos años de litigios en juzgados y tribunales federales, de los que siempre salió victorioso El Viceroy, el magistrado titular del primer tribunal unitario confirmó una resolución de la juez Olga Sánchez Contreras, responsable del juzgado quinto de distrito del Reclusorio Oriente, quien el pasado 27 de diciembre negó en primera instancia la orden de captura solicitada por la PGR.
De nada sirvió que el Ministerio Público Federal se hubiera inconformado, debido a que el magistrado Rivera rechazó los argumentos jurídicos de la autoridad investigadora.
Sin embargo, fuentes gubernamentales precisaron que el hijo de El Señor de los cielos aún no puede cantar victoria porque siguen vigentes al menos dos órdenes de aprehensión libradas por otros jueces federales por delitos graves.
De acuerdo con un documento de la PGR -clasificado como "confidencial"-, en el que se incluye el resolutivo del expediente 19/2006 del primer tribunal unitario, dos averiguaciones previas iniciadas en 1997 fueron insuficientes para lograr la detención de Vicente Carrillo Fuentes.
Se trata de las averiguaciones PGR/UCDO/006/97 y PGR/UCDO/046-/97, en las que se aborda la historia del fortalecimiento del cártel de Juárez; las relaciones delictivas de Amado Carrillo y su hijo con otras organizaciones criminales, incluida la de Joaquín El Chapo Guzmán, en Sinaloa; los compromisos que funcionarios, policías y militares de alto rango -como el general Jesús Gutiérrez Rebollo, actualmente preso- contrajeron con El Señor de los cielos, así como revelaciones de testigos que supuestamente conocían las acciones ilícitas y clandestinas de la familia Carrillo.
Esas indagatorias se iniciaron en 1997, luego de que diversos testigos protegidos de la PGR informaron que tras la muerte de su padre, Vicente Carrillo Fuentes asumió el control del cártel de Juárez y que su centro de operación estaba en los estados de Chihuahua y Jalisco.
Las revelaciones dan cuenta de que El Viceroy almacenó un arsenal en la década de los 90 en diversas casas de seguridad ubicadas en el estado de Jalisco: bazucas, granadas de fragmentación, rifles de asalto, pistolas de grueso calibre, así como diversos cartuchos. Esa información llevó a la PGR a efectuar ese año más de 10 cateos en varios municipios jaliscienses. Las armas fueron localizadas, pero Vicente Carrillo Fuentes no.
La PGR hizo varios peritajes -sumamente costosos-; dio protección, alimentación y refugio a varios testigos protegidos; contrató investigadores especializados y, tras siete años de pesquisas, en 2004 la juez Olga Sánchez Contreras libró la orden de captura.
Sin embargo, los abogados del presunto narcotraficante consiguieron varios amparos para frenar esta decisión judicial.
En diciembre pasado, la juez quinta de distrito cambió su criterio, obedeciendo a una orden de amparo, y negó la orden de aprehensión.
Cuatro meses después, el magistrado Rivera Quintana avaló a la juzgadora luego de considerar que los testimonios ofrecidos por la PGR correspondían a "testigos de oídas", por lo que los declaró inválidos, negó la aprehensión de Carrillo Fuentes y ordenó que el archivo del caso.