La reforma a la Carta Magna dividió a los legisladores, principalmente a los priístas
El Senado otorga mayores facultades a estados y municipios para crear sus impuestos y leyes
Se aprobó que la cámara alta nombre y remueva al titular de la PGR
Dan a comisiones de derechos humanos posibilidad de presentar recursos de inconstitucionalidad
El Senado de la República cerró esta madrugada seis años de sesiones con la aprobación de más de 60 dictámenes, uno de ellos polémico, ya que se votaron reformas constitucionales en materia de federalismo, que dan mayores facultades a estados y municipios, pero dividieron de nueva cuenta a legisladores, inclusive de un mismo partido.
Aunque los opositores a esa iniciativa lograron que se eliminaran los cambios propuestos a los artículos 115 y 116 de la Constitución, por los que se posibilitaba la relección de presidentes municipales y diputados locales por dos periodos consecutivos, en lo general se aprobó la reforma con 80 votos a favor y 18 en contra.
Los constitucionalistas del PRI Manuel Bartlett y David Jiménez, su compañera Dulce María Sauri, el perredista Raymundo Cárdenas y el panista Jesús Galván se opusieron a dicha reforma, que permite a los ayuntamientos crear impuestos propios y a los congresos locales expedir, en su ámbito de competencia, las legislaciones que consideren pertinentes.
El priísta César Camacho Quiroz y el panista César Jáuregui insistieron, en tanto, en que se trata de "la gran reforma dentro del Estado mexicano, que reivindica el poder local, la fuerza de las constituciones locales".
Bartlett argumentó que el tema no se había discutido lo suficiente y Sauri lo secundó, al señalar las muchas preguntas por responder, en un tema que se decidió dejar para "el cuarto para las doce", en el último día de sesiones, con muchas dudas.
Al final, se aprobaron las reformas a los artículos 4, 27, 73, 115, 116, 117, 122, 123 124 y 125 de la Carta Magna, y pasaron a la Cámara de Diputados, donde las tendrá que revisar la próxima legislatura.
El de ayer fue el último día de sesiones de las 58 y 59 legislaturas. Fue un día largo, ya que los integrantes de la mesa directiva prefirieron acabar en las primeras horas de este viernes que sesionar los próximos días.
Como fue característico en los seis años de esta legislatura, que concluye en agosto pero ya no podrá sesionar, a menos que se llame a un periodo extraordinario, Bartlett y Sauri subieron varias veces a tribuna.
Sesión maratónica
En la maratónica sesión, que al cierre de esta edición se prolongaba ya por 10 horas, el pleno aprobó otra reforma a la Constitución, para que sea el Senado el que pueda nombrar y remover al procurador general de la República, que ahora es atribución del presidente de la República. Asimismo, dio facultades a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a las comisiones estatales para presentar acciones de inconstitucionalidad y otras modificaciones en materia de educación.
Los senadores acordaron modificar la fracción II del artículo 105 constitucional, para otorgar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la facultad de promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo y aprobados por el Senado de la República cuando vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución.
Esta misma facultad se otorgó también a los organismos estatales de protección a los derechos humanos para interponer la referida acción en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales, y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Al dotar a la CNDH de esa facultad, se argumentó, "se logra la tutela de las normas constitucionales como una norma más eficaz para dar vigencia y consolidar el Estado de derecho".
No se discriminará a niños problemas
De igual forma, el Senado aprobó ayer reformas al artículo 65 de la Ley General de Educación, con el objetivo de resolver los problemas que se presentan año con año entre las escuelas de educación primaria y prescolar y los padres de familia, por las disposiciones vigentes que impiden el acceso a la educación básica de niños y niñas por no cumplir los años requeridos a la fecha de inscripción.
Con dicha reforma se establece que "la edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de 3 años, y para el nivel primaria 6 años, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar". Con esto, se destacó, se resuelve el problema que afecta anualmente a una amplia población infantil en edad escolar.
También, la cámara alta aprobó adiciones a las fracciones XIII y XIV del artículo 75, y una nueva fracción al artículo 76 de la Ley General de Educación, por medio de las cuales se prohíbe a las escuelas y a los profesores aplicar a los niños que presenten "síntomas de hiperactividad y déficit de atención" fármacos peligrosos por sus efectos adictivos.
La fracción XIII de ese artículo quedó así: "son infracciones de quienes prestan servicios educativos: administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento informado a los padres o tutores, medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes''.
Con las reformas al artículo 76, se prohíbe a los profesores y escuelas expulsar, negar el servicio o condicionar la inscripción de un estudiante por problemas de conducta y/o aprendizaje, a que reciba tratamientos médicos y acudan a clínicas específicas, que no sean oficiales.
Cerca de la medianoche, y luego de una fuerte discusión, se aprobaron reformas a los artículos 76 y 102 constitucionales, para quitar al Ejecutivo federal la facultad de nombrar y destituir al titular de la PGR y trasladarla al Senado de la República. Se modificó el dictamen en que se establecían períodos de 8 años con posibilidad de relección para el procurador, al reducirse a 6 años, para que no fuera un cargo transexenal.
De igual forma, en la larga lista de dictámenes que fueron aprobados ayer por el Senado, se aceptaron las modificaciones enviadas por la Cámara de Diputados el 20 de abril del 2006, a fin de incluir dentro de las actividades vinculadas a la seguridad privada el blindaje a todo tipo de vehículos; que una vez que se ha realizado una solicitud para prestar los servicios la autoridad solicite que en un plazo de 15 días hábiles la entidad federativa entregue los antecedentes profesionales, de imagen e impacto social del solicitante.