Autoridades los explotan e incumplen campañas de promoción de la salud, señalan
Trabajadores sexuales reportan múltiples abusos
Pruebas obligatorias de detección de VIH/sida, ausencia de campañas de promoción de uso del condón y abusos policiacos denunciaron trabajadores sexuales de varios estados de la República, quienes participan en el Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual.
Durante el encuentro, que congrega a organizaciones civiles de trabajadores sexuales -mujeres y hombres-, las participantes de la ciudad de Chihuahua aseguraron que el jefe del Departamento de Regulación Sanitaria de ese municipio, José Luis Díaz, cobra el costo de los exámenes de control sanitario sin que éstos se practiquen, y niega medicamentos a las pacientes que presentan alguna infección de transmisión sexual.
Señalaron que por lo general, los medicamentos están disponibles en la farmacia de los centros de salud, pero el funcionario alega que ya han caducado. Las trabajadoras sexuales también afirmaron que Díaz les cobra 4 mil 500 pesos por colocarles el implante subdérmico, método de planificación familiar que el sector salud proporciona en forma gratuita.
En la capital chihuahuense, las trabajadoras sexuales deben tener un permiso sanitario para poder laborar en la calle, y están seguras de que lo conservarán mientras no denuncien formalmente las irregularidades que comete José Luis Díaz.
En el encuentro que desde el pasado lunes se efectúa en la ciudad de México, integrantes del Centro de Trabajo para la Mujer, de Irapuato, Guanajuato, dijeron que las autoridades sanitarias de dicho municipio las obligan a realizarse la prueba de detección de VIH/sida en laboratorios privados.
Este examen clínico también es obligatorio en Saltillo, Coahuila, donde además "nunca" ha existido una campaña de promoción de uso del preservativo. Por lo tanto, dijeron, tampoco han tenido acceso a los condones de distribución gratuita del Programa Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida.
Señalaron, por otra parte, que las y los trabajadores sexuales de Saltillo son víctimas de agresiones de la policía municipal, mientras que en Torreón, el gobierno local pretende imponer la prueba de detección de VIH a los "presuntos trabajadoras y trabajadores sexuales", lo que incluiría a las personas que laboran en bares, cantinas y restaurantes.
A decir de las activistas, las autoridades panistas de Saltillo han señalado que están "atadas de manos por no poder aplicar de manera obligatoria el análisis clínico y así poder resolver los severos problemas de salud pública" que genera el VIH/sida.
Durante el encuentro, los participantes resaltaron que las acciones relatadas son violatorias de la Norma Oficial Mexicana para la Prevención y Control del VIH/sida y de las disposiciones internacionales en la materia. Desde la perspectiva de la salud pública, subrayaron, esas pruebas forzadas no sirven para proteger a nadie y en cambio sí lastiman la dignidad de las personas.