Acusan a Florencio Salazar de inejecución de sentencia
El 27 de junio de 2003, el entonces titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, estampó su firma en un convenio que pondría fin a un proceso legal que tiene que ver con la indemnización correspondiente a la expropiación de 30 hectáreas en Monterrey, Nuevo León, ejecutada en 1940.
El acuerdo firmado con el heredero de esos terrenos, Diódoro de los Santos García, establecía el pago de 97 millones 500 mil pesos, equivalente a la mitad del avalúo aceptado por un juzgado federal, y Salazar aceptó pagar en un plazo máximo de 60 días.
Sin embargo, cuando se enteró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había adoptado un criterio para el pago de indemnizaciones por expropiación de terrenos, que actualiza el valor comercial del predio con base en el costo que tenía originalmente, el funcionario se negó a cumplir lo convenido y propuso liquidar la cuenta con 15 millones de pesos.
Este incidente de inejecución de sentencia está radicado en el juzgado primero de distrito en materia administrativa del Distrito Federal (amparo 1778/40), el cual había establecido inicialmente una indemnización de 227 millones de pesos.
Después de 63 años de litigios con la Secretaría de la Reforma Agraria y ante la falta de voluntad del Ejecutivo federal por cumplir con la indemnización, el 3 de abril de 2003, Diódoro de los Santos le propuso a dependencia federal el "cumplimiento sustituto" de la sentencia, con un pago único de 97 millones 500 mil pesos; la única condición fue que se hiciera en un plazo no mayor a 60 días.
Y aunque Salazar Adame aceptó el acuerdo, tres meses después cambió de opinión, y con el argumento de que el valor del predio tenía que tasarse de acuerdo con el precio que tenía en 1940, con la consiguiente actualización a valor comercial, planteó una indemnización de 15 millones de pesos.
El proyecto de resolución del magistrado José de Jesús Gudiño Pelayo avala en términos generales la postura gubernamental. Esto pese a reconocer en una de sus intervenciones que para el gobierno federal "es un magnífico negocio" expropiar terrenos y, años después, pagar indemnizaciones a un costo muy bajo.