Avalan diputados locales del PRD reformas en materias penal y administrativa
Aprueban el uso de brazalete electrónico en reos preliberados
La fracción perredista hizo valer su mayoría para sacar adelante varias modificaciones legales
Disminuyen sanciones en casos de abuso de confianza, fraude y daño en propiedad ajena
Ampliar la imagen
Imagen de archivo de un grupo de internos del Reclusorio Norte beneficiados por el programa de preliberación del gobierno capitalino
Foto: Carlos Cisneros
Después de cuatro intentos, la fracción del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) hizo valer ayer su mayoría y en ausencia de los diputados de oposición aprobó una serie de reformas a leyes penales y administrativas que contemplan, entre otras cosas, la preliberación de reclusos mediante el sistema de brazaletes electrónicos; disminución de penas a internos que reconozcan su culpa; despenalización de un tipo de lesiones, y reducción de sanciones en los casos de abuso de confianza, fraude y daño en propiedad ajena.
Dos de los temas que fueron propuestos por el gobierno de la ciudad en ese paquete y que no se abordaron fueron la derogación de los delitos de difamación y calumnia, y la eliminación de la protección procesal para jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
En el primer caso, porque en la ALDF ya está la iniciativa de ley del diputado Carlos Reyes Gámiz, que "es más completa", y en el segundo, "por no contar con todos los elementos necesarios para determinarla".
La discusión y aprobación en el pleno de esas modificaciones requirió más de cinco horas, en las cuales los diputados de PAN y PRI argumentaron e intentaron modificar el dictamen, pero todo fue infructuoso. Por esa razón abandonaron el recinto en dos ocasiones para tratar de romper el quórum y evitar que continuara la sesión.
El dictamen sólo tuvo un par de modificaciones. La más importante fue la de Lorena Villavicencio, del PRD, para que se retirara el artículo 347 A, que había sido aprobado previamente en lo general, por el cual se sancionaba con cárcel a quien colocara anuncios espectaculares irregulares, e igual se castigaba al particular que prestara su inmueble para ello.
La de ayer fue la quinta ocasión en que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia llevó al pleno el paquete de reformas, pues en cuatro sesiones anteriores la falta de diputados -sobre todo del PRD- impidió su aprobación.
En un primer intento de discusión del dictamen, los diputados de PAN, PRI y PVEM abandonaron el recinto y rompieron el quórum, a sabiendas de que los perredistas no tenían los 34 diputados necesarios para seguir adelante, lo que obligó a localizar y hacer que llegaran a la sesión Alejandra Barrales, Alberto Trejo y Víctor Varela.
Ya con quórum, la oposición entró al recinto y al debate, y al someterse a votación en lo general, el documento se aprobó con 34 votos de los diputados del PRD. Toda la oposición lo hizo en contra.
Después se hizo la reserva de una decena de artículos, la mayoría del PRI y PAN, pero fueron rechazados.
Cuando se iba a votar el paquete en lo particular volvió a salir la oposición y metió de nueva cuenta en problemas al PRD, que buscó a sus diputados ausentes: Héctor Guijosa, Eduardo Malpica, Guadalupe Ocampo, Adrián Pedrozo y Carlos Reyes.
Al final, llegaron Gámiz y Malpica y salieron finalmente las reformas.
Las reformas
Correspondió a Alfredo Hernández Raigosa presentar en tribuna las reformas. En el caso de los brazaletes electrónicos, permitirán la preliberación de reos que purgan una sentencia mayor a 7 años y menor de 10 y que tengan buena conducta. Una vez preliberados deberán portar el brazalete electrónico; de ser destruido éste para intentar escapar, se incrementa la pena.
Otro punto fue el de despenalizar las lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, por lo que se modificó la Ley de Cultura Cívica para que ahí se incluyan como infracción administrativa que se sancionará con arresto de 25 a 36 horas.
De igual manera, se aprobó que quien confiese la comisión de un delito pueda obtener una disminución en su pena, que irá desde una cuarta parte hasta el 50 por ciento, siempre y cuando no se trate de delitos graves.
En lo referente a la violencia intrafamiliar, se incluye la revocación del perdón que da la víctima a su agresor, si antes de que pase un año insiste en su actitud violenta.
Asimismo, se adecua el marco normativo del secuestro exprés, se disminuye la pena de prisión y multa para los delitos de abuso de confianza y fraude, si son menores a 10 mil veces el salario mínimo en el DF; el inculpado podrá salir libre si repara en su totalidad el daño ocasionado.
También se reduce la pena para el delito de daño en propiedad ajena para que no sea considerado grave, y se incrementan las penas al funcionario que haga uso ilegal de sus atribuciones.
En tanto, el Gobierno del Distrito Federal envió ayer al órgano legislativo un paquete de reformas para proteger de violencia doméstica a hijos de padres separados y para crear la figura del asistente de menores, quien tendrá como función acompañarlos en las comparecencias que tengan que hacer ante los jueces en los litigios por la custodia y brindarles asistencia sicoemocional.
Se trata de propuestas para modificar y adicionar los códigos Civil, de Procedimientos Civiles y Penal del Distrito Federal en matera de guardia y custodia de menores.
Con dicha reforma, una vez que sea aprobada, la autoridad jurisdiccional estará obligada a establecer en la sentencia de divorcio medidas para garantizar la custodia del menor, con el objetivo de protegerlos de violencia familiar.