Reporte anual del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
Actualmente hay más de 11 millones de mexicanos ocupados en el sector informal
Existe mayor acceso de las mujeres al empleo y la educación, pero aún es insuficiente
En el informe anual sobre la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), en el que destaca un análisis de los derechos socioeconómicos con perspectiva de género, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria señala que, si bien existe un mayor acceso de las mujeres al empleo y la educación, estos cambios favorables no deben "sobrestimarse", pues aún prevalecen "niveles de privación muy altos", que no podrán resolverse si no existen mejores condiciones en el empleo y la calidad de vida.
Asimismo, indica que los parámetros de pobreza basados sólo en el ingreso omiten aspectos fundamentales que afectan la escala de vida, "y por tanto son insuficientes para evaluar el avance en materia de derechos humanos".
El informe, que realiza un análisis de la aplicación y ejercicio de los DESCA en México de noviembre de 2004 al mismo mes de 2005, revela que en materia de derecho a la vivienda subsiste una enorme asimetría en las condiciones de acceso, que reflejan la violación no sólo del derecho a la vivienda, sino a una vida digna, ante la falta de políticas públicas que faciliten a la población de escasos recursos adquirir un espacio habitacional que cuente con condiciones para el desarrollo de la vida humana en condiciones de dignidad".
Por lo que respecta a los derechos humanos laborales, señala que debido a la falta de una mayor participación del Estado para garantizar empleos dignos, este año poco más de 11 millones de mexicanos se encuentran ocupados en el sector informal, en tanto que la precarización de las fuentes de empleo, los trabajos eventuales y la subcontratación siguen creciendo, como "una de las estrategias que emplean las empresas para deslindarse de sus obligaciones en materia laboral".
En cuanto al ejercicio del derecho a una alimentación adecuada, el informe, en el que participaron especialistas e investigadores de diversas instituciones de educación superior, señala que el gobierno federal privilegia una visión asistencialista al promover programas que tratan de combatir el hambre y la desnutrición otorgando alimentos a grupos de personas focalizados, sin promover una política integral que enfrente la actual crisis del campo mexicano, la pérdida de competitividad de los productores agrícolas y ganaderos, así como una mejor distribución de los ingresos entre este sector de la población.
Al respecto, sostiene que el derecho a un medio ambiente sano no es reconocido por el Estado mexicano, ya que se asume como una "forma de gestión de los recursos naturales", sin considerar la importancia "estratégica" del medio ambiente para el desarrollo del país, a lo que se suma una deficiente aplicación de la legislación ambiental, "sujeta a modificaciones e interpretaciones a conveniencia no de intereses generales, sino particulares o de empresas trasnacionales".
Finalmente, resalta que en materia del derecho a la salud y a la educación, "podría preverse la continuidad en el establecimiento de mecanismos de mercantilización y privatización de servicios sociales", mediante modificaciones legislativas que profundicen un modelo asistencialista, que dependerá "sólo de la disponibilidad de las asignaciones presupuestales".