Caso cerrado, replica juez yucateco que redujo pena a homicidas

Mérida, Yuc., 24 de abril. ''No soy juez octavo, soy juez primero (de defensa social)'', aclaró sin inmutarse Luis Felipe Santana Sandoval, cuestionado por la sentencia que dictó a los dos asesinos de la joven Erika Pech Echeverría, al reclasificar el delito de homicidio calificado a imprudencial.

Un día después del controvertido veredicto que emitió el pasado miércoles, Santana Sandoval ocupó la titularidad del juzgado primero en defensa social en sustitución de Rafael Fernández Arciga, quien se jubiló. ''Ya no estoy a cargo del juzgado ocho. Lo juzgado, juzgado está'', manifestó.

Este caso de impartición de justicia en Yucatán (sólo superado por el de Armando Medina Millet, quien después de 10 años de estar preso por el asesinato de su esposa Flora Ileana Abraham Mafud salió libre, aunque no exonerado) causó protestas en contra del togado.

El 9 de julio de 2004 Erika Pech, de 17 años de edad, fue asesinada por César Trueba Maldonado y Hugo Durán Quintal, quienes la vendaron con cinta canela y la dejaron asfixiarse para luego tirar su cuerpo en el patio de la casa donde ocurrió el crimen y solicitar a la familia de la joven un rescate de 100 mil pesos.

Después de casi dos años de proceso, el 19 de abril Luis Felipe Santana Sandoval, como juez octavo de defensa social, sentenció a seis años y tres meses a los dos homicidas, luego de haber reclasificado en dos ocasiones el delito, primero de homicidio calificado a simple y luego a imprudencial.

Con este dictamen, César Trueba y Hugo Durán saldrían libres con pagar de manera conjunta una fianza de 128 mil pesos, y en caso de no tener el dinero bastaría con que transcurra año y medio para alegar buena conducta y dejar el penal de Mérida.

El juez Luis Felipe Santana Sandoval se niega a hablar con los medios informativos. Sólo dijo: ''Ya no soy juez octavo, ahora soy primero; cualquier duda pregúntenle al encargado del juzgado octavo'', y dio un portazo en su oficina a los reporteros.

En enero de 1999, siendo juez octavo, sentenció a cuatro años y 11 meses a Jesús Vera Ceballos, jefe de una banda de robacoches, quien se enfrentó a balazos con la policía antes de su detención e hirió a dos agentes y a un civil. Este era el plazo exacto para que el delincuente alcanzara fianza, lo que ocurrió.

Por la presión social, el Tribunal Superior de Justicia del Estado revocó la sentencia y condenó a 10 años al robacoches.

Además, cuando el juez ejercía en la ciudad de Valladolid, al oriente del estado, fue acusado de recibir dinero para liberar a un criminal, y el Tribunal Superior de Justicia lo sancionó administrativamente y lo suspendió un tiempo.

A su retorno, meses después, volvió a reclasificar otro delito, el asesinato de un campesino de apellido Uc. La misma historia del caso Erika Pech: de homicidio calificado a imprudencial.

Luis A. Boffil Gómez, corresponsal