La Cooperativa Pascual enviará 20 toneladas de víveres a Lázaro Cárdenas

Juristas y ONG se suman a las acciones de protesta por el desalojo en Sicartsa

CAROLINA GOMEZ MENA

La Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual y la Unión de Juristas de México (UJM) anunciaron que se sumarán a las acciones de protesta y apoyo a los trabajadores de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa).

Alfredo Rivera Arteaga, secretario del consejo de administración de la refresquera, tras manifestar su condena a la "acción represiva" ocurrida el 20 de abril pasado y destacar que "en un país democrático no cabe la intromisión gubernamental en la vida interna de los sindicatos", dio a conocer también que el próximo miércoles Pascual enviará al mencionado puerto un tráiler con cerca de 20 toneladas de víveres, entre ellos leche, agua, azúcar, jugos y refrescos".

Asimismo, precisó que los trabajadores de Pascual participarán en las manifestaciones anunciadas para el próximo lunes y el primero de mayo, convocadas por el Frente Sindical, Campesino, Indígena, Social y Popular, en coordinación con el Frente Nacional por la Unidad y la Autonomía Sindical, porque "nos merecemos conquistar un mejor gobierno".

Precisó que la "gravedad de los acontecimientos exige la investigación objetiva, oportuna y profunda de los hechos, y el castigo de los responsables directos e indirectos, porque todo esto genera el enrarecimiento del clima político del país".

Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la UJM, tras reprobar los hechos de violencia en Sicartsa, sostuvo que lo acontecido no sólo fue "irresponsable, arbitrario, excesivo y criminal, sino también presume abuso de autoridad, homicidio calificado, lesiones y otros delitos perseguibles por la ley en la conducta de los funcionarios locales y federales inmiscuidos en tan lamentables hechos".

Agregó que la unión que dirige presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual será ratificada mañana, y sostuvo que estas y otras acciones "ameritan la renuncia del secretario del Trabajo y Previsión Social, Francisco Javier Salazar Sáenz, ante su manifiesta incapacidad política y profesional para conducir la política laboral".

Por otra parte, y ante la insistencia del gobierno de culpar al sindicato minero de lo ocurrido, el abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani sostuvo que "no cabe duda que el que comenzó la ilegalidad fue el gobierno federal", por lo cual resulta "incongruente que ahora éste exija a los mineros el respeto a la legalidad, cuando fue el primero en violarla, por eso levantar la bandera de la legalidad es una hipocresía".

En entrevista, indicó que el gobierno originó el conflicto cuando había calma absoluta en el sindicato minero, aparentemente no había motivo, fue algo repentino, fue una tonta ocurrencia del gobierno, que pensó iba a pegar, y ahora después de meter la pata, no la saca; es tal su ignorancia que la ha ido metiendo más duro; para apagar el fuego echó gasolina".

Jorge Robles, uno de los coordinadores nacionales del Frente Auténtico del Trabajo, sostuvo que "las muertes se habrían evitado si el gobierno hubiese respetado la voluntad de los mineros, y no al revés, como mencionó el vocero presidencial Rubén Aguilar".

Según Robles, quien cometió la "tontería inicial fue el gobierno", y ahora está "tergiversando la realidad".