Seguirán las demandas, advierte Villacero ante la condición de paristas de que sean retiradas
Pide Sicartsa acusar de terrorismo a mineros que resistieron el desalojo
Ordena el gobierno estatal retiro de su fuerza policiaca; agentes de la PFP intimidan a obreros
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Familiares de mineros protestan por la represión del jueves pasado en Sicartsa
Foto: Alfredo Domínguez
Lázaro Cárdenas, Mich., 22 de abril. En la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, la calma por el inicio del diálogo entre los obreros en huelga y el gobierno está colgada con alfileres. No se prevé solución pronta al paro laboral, que ya cobró la vida de dos obreros.
Más aún, los enviados de la Secretaría de Gobernación y los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMRM) pretenden llevar la negociación a la ciudad de México porque "el ámbito local quedó rebasado".
El asesor jurídico del Grupo Villacero, Alejandro González, advirtió que seguirán las demandas penales hasta el final, porque "(los mineros) incurrieron en el delito de terrorismo al incitar a la gente a rebelarse contra la autoridad".
La policía estatal se retiró de este puerto por órdenes del gobernador Lázaro Cárdenas Batel, pero elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) continúan en las inmediaciones de la planta, aun cuando ayer trascendió que el gobierno aceptaría la salida de esta corporación, a fin de generar un ambiente propicio a la negociación.
Hasta esta noche, la PFP no había recibido ninguna orden de abandonar el resguardo de las instalaciones, y elementos de la Armada de México continuaban a cargo de las "áreas de seguridad": coquizadora, fuerza motriz y planta de fuerza, que son las zonas prioritarias para continuar el proceso de transformación del acero, y ahí estarán incluso una vez que concluya el paro.
Los obreros que continúan la operación de dichas zonas denunciaron que son objeto de prepotencia e insultos de los soldados al momento de inspeccionarlos para ingresar a la planta.
El asesor de Sicartsa, en paro laboral desde el pasado 2 de abril, reveló que agentes del Ministerio Público Federal y peritos se hallaban la tarde de ayer en la acerera para realizar la inspección del equipo, el cual está valuado por la misma empresa en alrededor de 250 millones de dólares.
Villacero, propiedad de Julio Villarreal, mantiene vivas las demandas penales contra quien o quienes resulten responsables de "daño a las cosas" y despojo. Trascendió que al frente del peritaje se encuentra Miguel Oscar Aguilar, coordinador de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR).
Así, la reapertura de la mayor fabricante de varilla corrugada en América Latina y de otros productos "reconocidos a nivel mundial" -como presume el grupo en su página electrónica- podría demorarse más de lo que las partes involucradas desean.
La dirigencia de la sección 271 del SNTMMSRM y los enviados de Napoleón Gómez Urrutia, líder nacional depuesto de la organización gremial, colocan como punto de arranque o condición indispensable para tomar algún acuerdo que se les "presente por escrito el desistimiento" de las demandas interpuestas por Villacero, porque "no podemos negociar con la pistola a un lado".
Sin embargo, Alejandro González dejó en claro que colaboran con la autoridad para reunir las pruebas necesarias sobre la comisión de los presuntos actos ilícitos, porque "hay un delito muy grave que se cometió aquí el pasado día 20", fecha en la que cientos de elementos policiacos de fuerzas estatales y federales intentaron desalojar a los trabajadores en paro. Como es conocido, el enfrentamiento dejó dos muertos y pérdidas materiales aún no cuantificadas.
Esta es la versión de la empresa, en voz de su representante legal, quien la tarde de ayer se hallaba en las inmediaciones de la puerta 1 de Sicartsa: "Se trata del delito de terrorismo, porque (los obreros) incitaron a la violencia. Estuvieron convocando por la radio a que se opusieran a que la autoridad cumpliera con su deber, que era desalojar la empresa.
"Esto llevó a un clima de violencia; la gente se enardeció y hubo dos personas que fallecieron. Estuvieron exhibiendo (los trabajadores) los cuerpos de esas dos personas en la puerta número 2 y llamando a la gente a rebelarse en contra de la autoridad. Eso es un delito de terrorismo".
El asesor de Sicartsa dijo que las pláticas "conciliatorias" con "las personas del sindicato de la sección 271" competen sólo a la autoridad laboral, toda vez que el sindicato exige que se otorgue la toma de nota (reconocimiento oficial) a Gómez Urrutia. Por ello, dijo, la empresa es "víctima de estos actos".
Tensa calma
Este día, cuando se dio sepultura a Héctor Alvarez, el otro obrero asesinado, la calma había sido aparente. Primero, porque los cientos de paristas que hacen guardia posiblemente desconocen que los peritos de la PGR avanzan en la integración de la averiguación previa, que incluso podría derivar en la detención de algunos de ellos, pero, sobre todo, porque los trabajadores siguen intranquilos. Hacen su guardia al pie del montón de piedras que les sirvieron como armas en la refriega del jueves, y ante cualquier movimiento o ruido, saltan a ponerse a la defensiva: "¡ahí vienen, ahí vienen!, se dicen unos a otros.
En tanto, elementos policiacos del estado golpearon a Tomás Simbrón, operador de Metal Steel, por no haber detenido su vehículo al momento en que los agentes lo ordenaron. "¡Aquí nosotros somos la ley. A ti y a tus compañeros los andábamos buscando!", le advirtieron los uniformados -al parecer del Grupo de Operaciones Especiales del gobierno de la entidad- después de dar una "zapatiza" al minero, quien presentó la denuncia correspondiente en el Ministerio Público y en la unidad móvil de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que permanece al pie de la fábrica en conflicto.
También ha habido conatos de bronca entre trabajadores y reporteros. Los paristas siguen furiosos con la prensa, en especial con algunos medios locales y corresponsales que han destacado, por ejemplo, las versiones de que los obreros habrían estado armados o que fueron ellos quienes destruyeron una parte de las instalaciones de la acerera.
Exigen renuncia del titular de la STPS
Aquí, como en otros lugares del país donde no se ha presentado Gómez Urrutia, llegaron los dirigentes de las organizaciones que formaron el frente que lucha por la autonomía sindical, luego de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) refrendó a Elías Morales como secretario general del sindicato minero.
Tras acudir al sepelio de Héctor Alvarez, Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT); Joel López Mayrén, de la Confederación Obrera Revolucionaria; Max Correa, de la Central Campesina Cardenista (CCC), e Isaías González Cuevas, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), encabezaron un mitin afuera de la puerta principal de Sicartsa.
El croquista advirtió que el titular de la STPS, Francisco Javier Salazar Sáenz (a quien los mineros ubican como el principal responsable del paro por "violentar nuestra autonomía sindical") "va a caer, porque tiene que caer". Dijo que el frente sindical recién constituido seguirá insistiendo para que el funcionario sea retirado de su cargo. No queremos -agregó- funcionarios que mediante el garrote quieren someternos.
Al grito de ¡Urrutia, Urrutia!, los dirigentes sindicales reiteraron que no levantarán el paro mientras sigan su curso las demandas penales, y tampoco firmarán negociación alguna hasta que el gobierno reconozca a quien ubican como "único dirigente nacional".
Hernández Juárez, también líder de los telefonistas, llamó "hipócrita" al gobierno de Vicente Fox, cuyas fuerzas dispararon a los obreros el jueves pasado. "Ya lo hizo Gustavo Díaz Ordaz, ya lo hizo Luis Echeverría Alvarez".