"Privan violencia y cero diálogo en un año de su gestión"
No hay señales de cambio en el gobierno de Torreblanca: ONG
Chilpancingo, Gro., 22 de abril. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan comentó hoy que pasó un año de gobierno del perredista Zeferino Torreblanca Galindo sin indicadores de cambio, en el que se priorizó la fuerza y no el diálogo, se generaron conflictos sociales ante la intolerancia política, como el de los normalistas, los campesinos ecologistas, los opositores a la hidroeléctrica La Parota, los transportistas, los médicos y otros tantos sectores sociales con los que no se dialogó".
En un comunicado, la ONG comentó el primer Informe de gobierno rendido ayer por el gobierno estatal, y consideró que "durante más de 70 años el pueblo guerrerense se acostumbró a escuchar informes sin contenido sustantivo y ayer se sumó un año más; se esperaba que el primer gobierno de alternancia partidista dejara de lucrar con la fórmula política del cambio gradual o paulatino, pero podemos afirmar que no existen indicadores de cambio, sino que al contrario, hay tendencias de continuismo a la vieja usanza".
Señala que en el informe nada se habló de los derechos humanos, y estas palabras no fueron siquiera mencionadas; Guerrero cuenta con un pasado y un presente insoslayable en materia de violación a las garantías fundamentales, por lo que sin duda alguna un gobierno que se precia de ser democrático debe incorporar los derechos humanos como eje transversal de sus políticas públicas y programas de gobierno.
Criticó la ausencia de una concepción de seguridad ciudadana que atienda la criminalidad como problema multifactorial y no de impacto en el turismo. "No podemos olvidar que además de todos los acontecimientos violentos en torno al narcotráfico, el delito más cometido en nuestra entidad es el homicidio; en este contexto de violencia generada por el narcotráfico, resulta claro que una primera acción es limpiar las fuerzas policiacas ante la insoslayable infiltración de la delincuencia, no podemos olvidar que tres directores de la Policía Ministerial: Jaime Figueroa Velásquez, Edilberto Solís Ramírez y Ricardo Leonel Coronel, están prófugos por su participación en actos de desaparición forzada.
"No podemos olvidar que la salida de Antonio Nogueda Carvajal de la Procuraduría General de Justicia se debió a la presión social, por su presunta participación en violaciones a los derechos humanos", insistió.
Lamentó que se diga que hay reconocimiento y pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas, "cuando el mismo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe Desarrollo Humano en México, calificó al municipio Nasavi de Metlatónoc como el más pobre del país, cuando según las cifras oficiales 45.4 por ciento de la población indígena es analfabeta o, cuando después del homicidio, la segunda causa de mortalidad en nuestro estado son las infecciones gastrointestinales.
Aunque reconoció que el gobernador ofreció disculpas y reconoció errores, dijo que "no es suficiente para garantizar un cambio que tenga como eje el respeto y protección de los derechos humanos".