Triquis acusan a diputado de alentar violencia
Indígenas triquis de Oaxaca acusaron al diputado local Rufino Merino de generar corrupción y violencia en sus comunidades desde hace más de año y medio, por lo que solicitaron a las autoridades federales y estatales se investigue la labor del legislador.
Timoteo Alejandro Ramírez, representante de la comunidad Yosuyuxi, Copala, expresó que Merino ha controlado por más de 20 años el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) -"que seudo representa a más de 32 comunidades"-, y que hace un par de años "se aprovechó" del poder de la organización para crear un partido político, llamado Partido Unidad Popular, "sin consentimiento de la gente".
El indígena denunció que desde que Merino es diputado han ocurrido más de 20 asesinatos en la región, porque diversas comunidades se han manifestado contra su liderazgo, además de que se han cerrado escuelas y centros de salud.
"Actualmente estamos viviendo una ola de violencia; en este momento podemos decir que en nuestra región es una región sin ley, ya que en los últimos meses ha habido muchos asesinatos, violaciones y torturas hacia los compañeros que se han manifestado contra estos seudo lídereres por su forma de gobernar a los triquis, reprimiendo a estas comunidades para mantenerse en el poder", expresó Timoteo Alejandro.
El representante indígena destacó que el MULT surgió hace 20 años con el objetivo de resolver las necesidades básicas de la comunidad, como vivienda, educación, servicios de salud, luz eléctrica y vías de comunicación. Pero desde entonces, Merino, junto con otras tres personas se ha mantenido al frente de la organización, sin permitir a los integrantes de las 32 comunidades participar en proyectos productivos.
Ante esta situación, más de mil triquis han decidido separarse de la organización y del Partido Unidad Popular y conformar el MULT independiente, "para rescatar los ideales de los hombres y mujeres que dieron su vida y crearon el movimiento", dijo Timoteo Alejandro.
En tanto, Silvano Ramírez, representante del poblado de Agua Fría, exigió a los gobiernos federal y estatal "hagan justicia", para que se respete las garantías y seguridad de los indígenas de ese lugar.