Operativo policial libera a tres ministros bolivianos secuestrados por manifestantes
Huelga paraliza tres municipios de Santa Cruz; cerrada, la frontera con Brasil
El movimiento, en demanda de que Evo Morales permita la operación de minera brasileña
La Paz, 19 de abril. Los municipios bolivianos de Puerto Suárez, Puerto Guijarro y El Carmen Rivero Torres, en el departamento de Santa Cruz, amanecieron paralizados este miércoles y cerrada la frontera con Brasil, por un paro dispuesto por el Comité Cívico del primero en demanda de que el gobierno del presidente Evo Morales permita la operación de la minera brasileña EBX, cuya instalación fue calificada oficialmente de "ilegal" por violar disposiciones constitucionales de Bolivia.
El ministro de Minería y Metalurgia, Walter Villarroel -quien junto con sus homólogos de Planificación, Carlos Villegas, y de Desarrollo Económico, Celinda Sosa, fue retenido por pobladores de Puerto Suárez que exigen la regularización de la minera-, afirmó que dicha empresa estuvo detrás del "secuestro".
Advirtió que no se permitirá el avasallamiento a la soberanía de Bolivia en esa zona fronteriza con Brasil. Los funcionarios fueron liberados esta madrugada durante un operativo policiaco sin violencia, informó Villegas.
Este y Sosa coincidieron en que la actividad de EBX viola la Constitución que prohíbe expresamente que una empresa extranjera se instale dentro de una franja territorial fronteriza de 50 kilómetros.
El gobierno boliviano denunció ante el ministerio público el secuestro para que se castigue a los responsables.
Los ministros fueron retenidos por los pobladores de Puerto Suárez, a donde viajaron para explicar los plazos y condiciones de la licitación del yacimiento de hierro del Mutún, que alberga 40 mil millones de toneladas de hierro y 10 mil millones de toneladas de magnesio.
Desde Asunción, el mandatario Evo Morales dijo que "no tiene miedo" de los que hicieron secuestrar a tres de sus ministros, informó Afp.
"Mis tres ministros fueron secuestrados por estas mafias que integran empresas ilegales generadas en países vecinos", declaró Morales en alusión a la brasileña EBX.
El mandatario boliviano viajó a Paraguay, donde participó en una cumbre energética con sus pares de Venezuela, Hugo Chávez; Uruguay, Tabaré Vázquez, y Paraguay, Nicanor Duarte.
El ministro Villegas indicó que el problema con la empresa brasileña no afectará el cronograma de licitación y adjudicación del proyecto del Mutún.
Una de las exigencias de la Asamblea de la Cruceñidad que se realiza esta noche en Santa Cruz, convocada por el Comité Cívico de esa ciudad, es, precisamente, que se realice esa licitación, además de demandar más plazas para salud y educación, entre otros puntos.
Por su parte, la Organización Indígena Chiquitana, que representa a los pueblos originarios que habitan en el área del pantanal boliviano, denunció que EBX "utiliza" dirigentes cívicos de la región "con fines mezquinos y de negociados oscuros favorables a sus intereses".
Sostuvo que el paro cívico convocado tiene "el único propósito de encubrir sus acciones ilegales inmorales y arbitrarias, en perjuicio de los bolivianos".
La organización -según la agencia Bolpress- subrayó que la operación de la minera brasileña significaría la desforestación de 200 mil hectáreas del pantanal boliviano, con severos impactos sociales y ambientales que pondrían en serio riesgo la existencia de las comunidades indígenas que habitan la región.
La empresa EBX, de capital 99 por ciento brasileño y uno por ciento boliviano, informó Sosa a radio Erbol, tampoco cuenta con la declaración de impacto ambiental aunque ya comenzó la construcción de cuatro hornos de arrabio.
Por la mañana, diversos medios de comunicación informaron que la minera ya había empezado a despedir personal; se estima que tiene unos 900 trabajadores.
"Nos llama la atención que EBX tenga que despedir a la gente porque no les hemos dicho que cierren, hemos dicho que se tienen que legalizar como cualquier empresario lo hace", aseveró Sosa.
El presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez, Edil Geriqué, negó, en contacto con medios televisivos, que los ministros mencionados hubieran sido tomados como rehenes. "Lo único que estamos defendiendo son las fuentes de empleo. No estamos defendiendo nada más", añadió.
En otro frente, el gobierno de Morales disolvió la Policía Técnica Judicial y la remplazará por una unidad de lucha contra el crimen. La decisión se produjo tras un reciente caso de secuestro y asesinato de dos turistas austriacos en que estuvieron implicados uniformados de ese cuerpo.