¿Democracia?
Casi en sincronía con la aprobación de la nueva ley de radio y televisión, la campaña presidencial se convirtió en un pleito callejero. Con el acuerdo de la mayoría de los senadores del PAN y del PRI y de todos los diputados federales, se impuso una ley a todas luces contraria al interés nacional y a la construcción de una democracia amplia. En los medios electrónicos Acción Nacional y el PRI enfrentaron al puntero en las encuestas con una serie de anuncios políticos, en los que el objetivo ha sido denostar a López Obrador y amedrentar a los votantes. En ambos asuntos los actores estelares y los beneficiarios han sido las televisoras.
Nadie duda que las situaciones electoralmente competidas le han costado enormes recursos a la sociedad. De ellos, la parte mayor se la llevan las televisoras. En los tiempos del absolutismo priísta también se beneficiaron. De modo que les va bien pase lo que pase. Con un régimen democrático o sin él, con el PRI en el poder o con el gobierno del cambio, el negocio televisivo ha sido boyante. Son, pues, inmunes a la competencia política. Les importa, en cambio, que no funcione la ley del mercado en su terreno. Al contrario, mientras menos competencia, mejor. Por eso apretaron a los legisladores y a los candidatos para que su ley se aprobara. Arriesgaron y ganaron.
En nuestra incipiente democracia, con apenas una elección presidencial en la que por primera vez ganó el que más votos obtuvo, la fuerza de los medios electrónicos resulta decisiva. Ello, por supuesto, ocurre en todas las democracias occidentales, aunque existen situaciones diferentes. En nuestro caso, desde que los partidos opositores lograron que sus triunfos se reconocieran, rápidamente se incorporaron las maneras estadunidenses de hacer campañas, los contenidos mediáticos se priorizaron, en tanto que las propuestas se fueron diluyendo. Ello, en realidad, fue sincrónico con el predominio del pensamiento único en las ciencias sociales y con las reformas que privilegiaron el funcionamiento libre de los mercados.
La visión empresarial concibe el curso electoral como un proceso en el que se ofrecen distintas políticas, difundidas por televisión, a electores que juzgan como clientes, es decir, que evalúan si tal o cual política les ofrece un mayor beneficio presente y/o futuro, la llamada teoría económica de la democracia, es parte sustancial de la democracia liberal de fines del siglo pasado y de principios de éste (C. Villafranco. "El papel de los medios de comunicación en la democracia", en Andamios, núm. 3, diciembre 2005. UACM, 2005). Esta democracia liberal impone a los medios como los vehículos para informar, asumiendo que en tanto que comunicadores juegan un papel neutral.
Ello, obviamente, no ocurre. Del mismo modo en el que los mercados no tienen un funcionamiento que produce resultados equitativos, tampoco los medios actúan neutralmente. La lógica del mercado a la que responden los medios es funcional a sus intereses empresariales, es decir, conviene al desarrollo de sus negocios. Por ello una democracia mediática, como la que se ha impuesto, no abona a favor de la consolidación democrática. Por el contrario, su mediación como constructores/voceros de ciertos discursos políticos empaña la información verdaderamente trascendente para que los electores estén en condiciones de tomar decisiones a favor de sus propios intereses, pero conociendo y evaluando la manera en que esos intereses individuales se combinan con los de la sociedad. En eso los medios electrónicos no sólo no ayudan, sino estorban.
Así, con la enorme fuerza exhibida, con su capacidad para doblar a quienes debieran combatirles, los medios electrónicos están resultando, como en casi todas las democracias occidentales, una dificultad para la consolidación de la democracia. El balance entre el derecho de los electores a recibir información política, el derecho de los partidos a difundir sus planteos y el derecho de los medios electrónicos a informar y opinar, particularmente de las televisoras, tiene que resolverse privilegiando la equidad en la competencia electoral y el derecho de los electores.
Cambiar de gobierno importa. De eso trata el proceso electoral. Pero importa más consolidar los derechos fundamentales para que ese cambio de gobierno se base en información política clara que establezca las diferencias entre los contendientes. Creer que la democracia avanza privilegiando la libertad de quienes no permiten la competencia implica una democracia con restricciones severas. Restricciones que sólo producen una falsa democracia.