"Hay degradación de la soberanía ante poderes fácticos"
La radio y la tv dejarán de ser un bien público, señala Corral
Sin el fortalecimiento de los medios públicos y comunitarios para garantizar la pluralidad de voces e ideas en la escena nacional, se asesta un duro golpe a la democracia en México y se refuerza un modelo neoliberal orientado al beneficio económico y no al bienestar social, aseguraron legisladores y representantes de medios públicos.
Javier Corral, senador panista y presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado de la República, aseguró que con la aprobación de la llamada ley Televisa vivimos una "demolición política y una degradación de la soberanía estatal ante poderes fácticos".
"Enfrentamos -insistió- la configuración de un modelo normativo con una estructura de evidente carácter mercantil, en el que la radio y la televisión ya no son un bien público, sino una mercancía, negando su función social", pues si no elimina a los medios públicos, "sí sienta las bases para su privatización, al cerrar la puerta a su crecimiento y posibilidad de expansión tecnológica".
Reunidos en la Universidad del Claustro de Sor Juana para analizar el impacto de la llamada ley Televisa en los medios culturales, Dolores Béistegui, directora general del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), señaló que es necesario comenzar a valorar como un bien social a los medios públicos, "y no darlo por un hecho que ahí está conmigo o sin mí, por que si bien puede no desaparecer, sí debilitarse mucho, pero si queremos que se fortalezca y siga siendo una alternativa, lo tenemos que defender".
Agregó que con la acción de inconstitucionalidad que promueve un grupo de senadores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "tenemos muchas esperanzas de que proceda, porque hay dos artículos de la Constitución que son claramente violados por esta ley. Creemos que puede concretarse un escenario alentador que indicaría que existen recursos jurídicos que cuidan el interés público".
Sin embargo, reconoció que de no darse una respuesta alentadora, "seguiremos peleando por el reconocimiento de los medios públicos por la vía reglamentaria, con una nueva ley en la siguiente legislatura, porque el que esté aprobada no quiere decir que vamos a darnos por vencidos".
Ernesto Velázquez, director de Televisión UNAM y presidente de la Red Nacional de Radios y Televisoras Públicas, rechazó que se "exagere o se presente una visión catastrofista" de la situación que enfrentan los medios públicos con la aplicación de la llamada ley Televisa, y aseguró que "la enorme afectación que tenemos se refleja en que no existe un marco jurídico para los medios públicos en los que se establece cómo vamos a hacer frente a la conversión tecnológica ni con qué recursos".
A esto se suma, indicó, que son precisamente los medios públicos quienes propician una verdadera producción independiente, la difusión de nuevos lenguajes audiovisulaes y "brindamos apoyo a nuevos realizadores, tareas que deben ser respaldadas si en verdad queremos apostarle a la educación y la divulgación cultural".
La senadora priísta Dulce Maria Sauri Riancho destacó que el Estado debe asumir su responsabilidad para que los medios públicos y comunitarios no queden rezagados y fortalecer su compromiso en materia de diversidad y pluralidad.
Por ello, señaló, con la nueva Ley de Radio y Televisión "es prácticamente imposible" que nuevos permisionarios participen, ya que se les niegan los beneficios de la transición tecnológica al favorecer una posición privilegiada de los concesionarios privados.
El reto histórico, indicó, es entender qué modelo de país queremos impulsar, porque "el gran debate es si queremos ser una sociedad industrial productora de manufacturas o una sociedad del conocimiento y la información, donde las telecomunicaciones, la radio y la televisión serán piedra angular".
Al respecto, Daniel Iván García, representante en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, reconoció que enfrentar la llamada ley Televisa requiere de acciones "tanto jurídicas como políticas" que permitan garantizar que los medios públicos y comunitarios tengan "mecanismos para subsistir no sólo en cuanto a su presupuesto, sino como parte de un verdadero ejercicio democrático que privilegia la libertad de expresión y fortalezca la comunicación como un derecho humano".