Editorial
Deuda con migrantes de Centroamérica
En materia de migración, México se enfrenta a una doble situación que lo coloca en un dilema: por un lado tiene que defender a sus ciudadanos ante las violaciones de derechos humanos que padecen en Estados Unidos; por el otro, el compromiso adquirido con Washington de frenar en su frontera sur el flujo proveniente de Centroamérica ha derivado en un patrón de abusos en contra de los migrantes. Extorsiones, robos y agresiones se han convertido en prácticas habituales en todo el territorio nacional, fenómeno que ya es del conocimiento de los propios centroamericanos: en su trayecto hacia el sueño americano saben que algunos peligros que deben sortear son los retenes policiacos y los operativos del Instituto Nacional de Migración (INM).
Las fallas de la política migratoria de México quedaron en evidencia en las últimas 24 horas. En un primer suceso, un joven albañil falleció, víctima de un disparo de la policía estatal, al ser confundido con un indocumentado centroamericano durante un operativo del INM en el municipio de Tultitlán, estado de México. Pero, a pesar de este incidente, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, no tuvo reparo en afirmar, ayer lunes, que el país cuenta con una buena política migratoria, "definida, clara y generosa con los migrantes, de adopción de personas de otros países que vienen a contribuir, en el marco de la ley, al desarrollo de nuestra patria". Sin embargo, el funcionario se refirió a la migración conformada por profesionistas que eligen, por su propia voluntad, residir en México. Para aquellos millones de desposeídos que usan el territorio nacional como punto de paso hacia Estados Unidos, poniendo en peligro su vida y su integridad física, no hubo ninguna palabra de aliento o agradecimiento.
La declaración de Abascal Carranza refleja en cierto modo la debilidad de la postura mexicana en este tema. Al erigirse en guardián de la frontera sur, el gobierno del presidente Vicente Fox aceptó hacer el trabajo sucio a Estados Unidos: detectar, detener y deportar a los migrantes de Centroamérica, quienes abandonan sus naciones por los mismos motivos que los mexicanos: la falta de oportunidades y la persistente crisis del sector agrícola. Y al cometer sistemáticos atropellos en el cumplimiento de esa tarea, el resultado es la pérdida de toda autoridad moral para sustentar cualquier reclamo ante autoridades estadunidenses.
Queda claro, pues, que este doble criterio debe desaparecer para definir una política migratoria integral y con sentido humano, como han exigido los colectivos de inmigrantes en Estados Unidos durante las últimas semanas.
De hecho, una política migratoria clara es un asunto urgente si se tienen en cuenta las características de la migración centroamericana. Los bajos precios de la cotización internacional de productos agrícolas tropicales uno de los principales rubros de exportación de la zona, el impacto de fenómenos meteorológicos como el huracán Mitch (1998), inadecuadas políticas agrarias y la falta de financiamientos para el desarrollo han desembocado en la masiva expulsión de campesinos desempleados cuya única opción de subsistencia para sus familias es emigrar a Estados Unidos. Así, se calcula que la región ha perdido 170 mil empleos en los años recientes.
Esas cifras se han traducido en un enorme flujo migratorio: de acuerdo con el INM, en 2005 se detuvó y deportó a 235 mil 297 migrantes sin mencionar a decenas de miles de personas que sí lograron llegar a Estados Unidos, cantidad que podría duplicarse este año: una avalancha humana que ninguna política migratoria basada en medidas policiacas podrá frenar.