Denuncia penal de panistas contra la contadora mayor
Los diputados locales panistas José María Rivera Cabello y Juan Antonio Arévalo López presentaron ayer una denuncia penal contra la titulas de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, María de la Luz Mijangos, a quien acusan de "sustracción de documentos".
De acuerdo con Arévalo López, la querella fue presentada en las oficinas de la Fiscalía Especial de Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF); sin embargo, el sello de "recibido" del documento en mención indica que es de la Oficialía Mayor de esta dependencia.
En conferencia de prensa, los legisladores panistas precisaron que la acusación contra Mijangos es porque en marzo de 2004 -cuando estaba desarrollándose el proceso de su relevo o ratificación en la Contaduría Mayor de Hacienda- recibió de manera anónima información relacionada con las operaciones irregulares que cometió el Grupo Quart en Tláhuac.
Según los diputados, "de la documentación que obra ya en poder del Ministerio Público (por el juicio que se sigue contra Carlos Ahumada Kurtz) nos percatamos que la doctora Mijangos recibió esos papeles en su oficina de la CMH, y debido al cargo que desempeñaba debió adjuntarlos en la entrega que debió hacer al concluir su periodo. Sin embargo, "los sustrajo para utilizarlos en una denuncia presentada a título personal, unos días más tarde".
Se les preguntó por qué presentaron la denuncia dos años después de ocurrido el hecho. Rivera Cabello y Arévalo López respondieron que se debió a que no tenían la información de la entrega anónima de los documentos a la doctora Mijangos ni de la denuncia que a nombre propio presentó en ese entonces en la PGJDF.
Rivera agregó que apenas el 16 de enero pasado conocieron de ese caso e intentaron cuestionar a la contadora en una reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia de la CMH de la Asamblea Legislativa, pero "los diputados del PRD impidieron que se abordara ese asunto". Añadió que la Procuraduría está a tiempo de indagar esa denuncia, pues no ha prescrito el delito que presumen cometió esa servidora pública.