Informe de la contralora general a la Asamblea
Crece 37% en tres años el número de sanciones a funcionarios locales
Durante los últimos tres años se incrementó 37 por ciento el número de sanciones impuestas por las contralorías internas a funcionarios del gobierno capitalino por incurrir en alguna anomalía, al pasar de mil 93 casos en 2003 a mil 508 a finales de 2005, revela el informe enviado por la contralora general del Distrito Federal, Bertha Elena Luján, a la Asamblea Legislativa (ALDF), previo a su comparecencia de hoy ante los diputados.
El documento presenta además los resultados de las acciones emprendidas desde 2003 contra las empresas del Grupo Quart, por las cuales ha impuesto sanciones económicas por cerca de 271 millones de pesos a 43 ex servidores públicos -entre ellos tres ex delegados- implicados en los fraudes y actos de corrupción cometidos en Gustavo A. Madero, Tláhuac, Iztapalapa y Alvaro Obregón, así como en la Secretaría de Finanzas.
La Contraloría agregó que de 2001 a la fecha suman ya 198 los proveedores y contratistas que están imposibilitados de participar en licitaciones públicas, invitaciones restringidas, adjudicaciones directas o celebrar contratos con la administración pública capitalina, al incumplir con la normatividad que debieron acatar.
Por lo que se refiere a los procedimientos administrativos disciplinarios resueltos por las contralorías internas de las distintas dependencias de la administración pública, el informe precisa que se impusieron mil 508 sanciones a servidores públicos.
De ellos, añade, 77 sufrieron amonestación, 362 suspensión, 212 inhabilitación para ocupar cargo alguno, a 152 se les aplicaron sanciones económicas, a 107 apercibimiento, a 33 destitución y 17 fueron cesados e inhabilitados.
La entidad con mayor número de funcionarios castigados fue la Procuraduría General de Justicia capitalina, con más de 50 por ciento del total; le siguieron las secretarías de Seguridad Pública y de Finanzas.
En cuanto a las delegaciones, la de Alvaro Obregón tuvo, a nivel de estas dependencias, el mayor número de inhabilitados, con 25, seguida de la de Iztacalco, con 23; Benito Juárez, con 13 suspendidos, y Cuajimalpa, con nueve funcionarios apercibidos.
Más adelante, y en la parte de anexos, se incluyen los casos que atendió la Contraloría en lo relativo al Grupo Quart, capítulo que inició cuando en marzo de 2003 se transmitieron videos del ex secretario de Finanzas Gustavo Ponce Meléndez en Las Vegas, y que destapó una serie de anomalías que venía cometiendo las empresas de Carlos Ahumada Kurt, actualmente preso.
De los nombres que se mencionan luego de ser sancionados o inhabilitados por su participación en esas irregularidades están los ex delegados Octavio Flores Millán, de Gustavo A. Madero; Francisco Martínez Rojo, de Tláhuac, y Luis Eduardo Zuno, de Alvaro Obregón, quien está preso en el estado de México por posesión de armas.
También menciona a Fernando García Ríos, ex jefe de la Unidad de Enlace de Ingeniería; Tito Emigdio Fernández Torres, ex subdirector de Obras, y Carlos Nieto Rábago, ex subdelegado de Obras y Desarrollo Urbano, los tres de Iztapalapa.