Indagará presuntas violaciones del gobernador Mario Marín
El caso Lydia Cacho será atraído por la Corte
''Puebla, estado absoluto gobernado por un rey'', señala Góngora
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Los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia y Sergio Valls, durante la sesión de la SCJN
Foto: Jesús Villaseca
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercerá su facultad de atracción para investigar las presuntas violaciones a las garantías constitucionales de la periodista Lydia Cacho, en el caso de la supuesta confabulación de servidores públicos del estado de Puebla, entre ellos el gobernador Mario Marín con el empresario textilero Kamel Nacif, quienes buscaron asegurar la aprehensión de la comunicadora, en diciembre pasado, en represalia por haber publicado el libro Los demonios del edén, sobre prácticas de pederastia.
La mayoría de ministros de la Corte plantearon ayer su postura en favor de designar una comisión especial para investigar esos hechos, en respuesta a una petición que el Congreso de la Unión hizo en marzo pasado al máximo tribunal.
En la sesión de este lunes, seis de diez ministros consideraron que la Suprema Corte sí debe ordenar una investigación sobre dicho asunto, mientras otros dos magistrados se manifestaron en contra y otro no participará en la votación que se realizará este martes, porque se encuentra de vacaciones.
Será la cuarta ocasión en casi 200 años en que la Corte ejerza su facultad de investigación -en un caso de violación generalizada a los derechos humanos de una o varias personas-, misma que se encuentra garantizada en el artículo 97, párrafo segundo de la Constitución.
Aguas Blancas, antecedente
La ocasión más reciente en que la Suprema Corte ejerció esa facultad de ley fue en marzo de 1996, con motivo del caso Aguas Blancas (junio de 1995), cuando los ministros concluyeron que el gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, había incurrido en violaciones graves en la matanza de 17 campesinos.
En esa ocasión el resolutivo del máximo tribunal fue ignorado por el presidente Ernesto Zedillo -quien solicitó la investigación-, lo que impidió que se ejercitara acción penal en contra de Figueroa.
Además de la votación en la que la mayoría de ministros se pronunciarán por atraer el caso Lydia Cacho, el pleno de la Corte definirá hoy quién se encargará de coordinar la investigación -si uno o varios ministros, un magistrado de circuito o un juez de distrito-, así como cuántos de los hechos denunciados por el Congreso de la Unión deben ser indagados por orden judicial.
Aun cuando los dos ministros que no han manifestado su parecer (Juan Díaz Romero y Mariano Azuela) se manifestaran hoy en favor del proyecto de sentencia de Guillermo Ortiz Mayagoitia -quien sugiere al pleno no investigar las supuestas violaciones de Mario Marín, bajo el argumento de que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya indagan esos hechos-, su votación no podría alterar el resultado final, pues se impondría la mayoría de seis ministros contra cuatro.
El ministro Genaro David Góngora Pimentel fue uno de los más categóricos al pronunciarse sobre el asunto: ''Se trata de actos que si bien se cometieron en agravio de la periodista Lydia Cacho, tienen trascendencia social enorme; presumiblemente en Puebla no existe un estado de derecho; todo indica que (el gobernador) decide lo que hace el Poder Judicial'' de la entidad.
Además, Góngora indicó que ''al parecer estaríamos hablando de que Puebla es un estado absoluto gobernado por un rey''. Agregó que limitar la libertad de expresión y de prensa de cualquier periodista, como ocurrió en el caso Lydia Cacho, es inadmisible en un Estado democrático.
En su oportunidad, Juan Silva Meza refirió que ''no es poca cosa'' el caso de las presuntas violaciones a las garantías individuales de la comunicadora. Indicó que existen todos los elementos para que se investigue ''si en Puebla hay un gobierno sometido a intereses económicos, que ejerce línea y consigna hacia otros poderes para proteger una red de pederastia y pornografía infantil''.
Dijo que si bien podría ocurrir como en el caso de Aguas Blancas, en el que se hizo caso omiso de la opinión que emitió la Corte -pues jurídicamente no tiene ''efectos vinculantes'', que obliguen a un proceder en contra de quien fuera señalado responsable-, ''cualquier consideración nuestra presenta importantes consecuencias, tomando en cuenta la posición institucional del Congreso de la Unión -el cual solicitó la intervención de la Corte- en nuestro estado democrático''.
Componendas y compromisos
Para José de Jesús Gudiño, la mayor preocupación del caso no es que Cacho hubiese sido detenida y sometida a juicio por una supuesta calumnia contra Kamel Nacif, sino que dicho proceso penal pudiera haber derivado de ''componendas privadas y compromisos económicos'' del gobernador Mario Marín.
Margarita Luna Ramos fue la única de los ministros que apoyó la propuesta de Ortiz Mayagoitia. En una segunda intervención, el ministro ponente volvió a defender su proyecto de sentencia y advirtió el riesgo de que la Corte actúe por clamor popular, o por la difusión en medios de comunicación de cualquier asunto, ya que ''de ocurrir así las cosas, bastará con hacer escándalo y organizar manifestaciones populares para que la Suprema Corte investigue''.
Actualmente existen dos averiguaciones previas de la Procuraduría General de la República, una de la Procuraduría de Quintana Roo, así como dos quejas ante la CNDH y un juicio político en el Congreso.