Sospechan que se triangularon recursos en beneficio de los Bribiesca

La SFP audita las Ecodis; temen malversación de $40 millones

Niega creador del proyecto que sea el responsable del manejo financiero

ELIZABETH VELASCO C. /I

El proyecto Emprendedores con Discapacidad (Ecodis), concebido desde la Presidencia de la República, es sometido a un proceso de auditorías por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para investigar presuntas irregularidades en el manejo de 40 millones de pesos del presupuesto federal.

Después que la Cámara de Diputados hizo un exhorto a la SFP a finales de marzo pasado para que indagara sobre la supuesta triangulación de esos recursos por medio de la asociación civil Fundación ayuda Ecodis, y un presunto fraude contra discapacitados, el titular de la SFP, Eduardo Romero, confirmó a este diario que se han iniciado las auditorías respectivas.

Lo mismo aseguró Víctor Hugo Flores Higuera, secretario técnico del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad de la Secretaría de Salud (Ssa) y ex titular de la Oficina para la Promoción e Integración Social de Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, creador del proyecto.

Según Flores Higuera, él mismo solicitó las auditorías mediante los órganos internos de control (OIC) de la SFP en las secretarías de Economía (SE), Desarrollo Social (Sedeso), y la Ssa, desde febrero pasado, para que se dé seguimiento a un total de 42 proyectos, aprobados con recursos federales en 2005, como "inicialmente los conceptualizamos".

El proyecto, que actualmente se denomina Empresas Súper 100-Ecodis, contó con un financiamiento original de 40 millones de pesos que aportó el gobierno federal por medio de dos fondos. Uno, el de Pequeñas y medianas empresas (Pymes) de la SE, por 30 millones 884 mil pesos; el otro, mediante un convenio adoptado directamente con la Sedeso, por unos 9.2 millones de pesos.

Ya existen ocho cooperativas, indica Víctor Hugo Flores

A la fecha -según Flores- existen ocho cooperativas constituidas, cada una con 18 y 20 socios, todas personas con discapacidad que a través de los consejos de administración de cada cooperativa "coordinan un plan piloto para 800 emprendedores (también discapacitados), a quienes próximamente les entregarán su tarjeta de garantía" del Banco Azteca.

Aclara que, a pesar de recibir recursos públicos, "el proyecto no es un programa social en el que el gobierno da recursos".

Prácticamente en su prueba de fuego, el funcionario confirma que Ecodis "ya tiene nombre comercial, marca registrada y los tipos de eslogans (para su publicidad), y se encuentra en la última etapa de arranque comercial".

El caso Ecodis salió a la luz pública después que un grupo de discapacitados denunció ante la Cámara de Diputados y la SFP un posible "fraude y abuso" en su perjuicio, acusación que publicó La Jornada.

Entre otras anomalías, denunciaron que Flores encabezaba la fundación referida, a la cual atribuyeron irregularidades en el manejo de los fondos y que presuntamente habría triangulado a las empresas Grupo Starplus y Polvorones Gala, de las que es socio Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, hijo menor de la esposa del presidente Vicente Fox.

También señalaron que se "obligaba" a los discapacitados a obtener una tarjeta de crédito con Banco Azteca, a una tasa de 1.5 por ciento semanal, es decir, 72 por ciento anual.

Pesa además una acusación sobre la fundación por un presunto envío de "cartas falsas, con nombres distintos de la razón social de las cooperativas", al Fondo Nacional de Apoyo de Empresas de Solidaridad (Fonaes), de Sedeso, para solicitar recursos económicos, lo mismo que a diferentes secretarías de Estado.

Entrevistado sobre el caso, Flores Higuera rechazó cada una de las acusaciones. Argumentó: "lo que pasa es que hay una enorme desinformación; es un proyecto con más de dos años, muy complejo, que implica la participación de muchos actores".

De entrada, el funcionario se deslindó de tener alguna participación o vínculo con la fundación, aunque se definió como "el encargado del diseño y conceptualización" del proyecto, desde el puesto que ocupó en la Presidencia de la República.

La concepción implicó el diseño de los "centros de articulación productiva (Renap), a través de los cuales se elabora el proyecto, se presenta una cédula, se concursa, se ganan los recursos (en la SE) y se etiquetan en diferentes rubros" que integran los 42 proyectos citados.

Para la concreción y creación de las cooperativas -inicialmente se hablaba de 18-, "hicimos una convocatoria a diferentes instituciones, empresas y organizaciones para crear una plataforma empresarial con la finalidad de crear empleo para personas con discapacidades, y cada parte tiene distintas responsabilidades".

La que toca a Flores, según definió, es la "gestión y promoción de que continúe el proyecto"; la de la fundación es "recibir los recursos y distribuirlos a través de despachos, consultores e instituciones", y la de los discapacitados, colocar y pagar "la mercancía" que se les da en consignación para su venta.

Ante los cuestionamientos sobre las supuestas irregularidades en el manejo de los recursos, Flores argumentó: "Yo no (los) recibo; no soy una instancia de solicitud ni de aplicación de recursos".

De la ruta de los recursos explicó: "Entran primero a la Renap, luego los transfieren a la fundación y ésta emite la aplicación de los fondos, según las categorías disponibles".

-Lo señalan a usted como la persona que encabeza la fundación.

-Eso es un error. Yo no puedo ser presidente de ella y recibir recursos en mi calidad de funcionario público. Ni siquiera soy agremiado de esa fundación; lo que pasa es que se ha desvirtuado un poco por el papel de gestor y promotor que he tenido en el proyecto.

-¿Por qué los microcréditos, provenientes de recursos públicos, los otorgan Elektra y Banco Azteca?

-No son recursos públicos que se otorgan a través de microcréditos de Banco Azteca. No es un proyecto social, no es un programa social en el que el gobierno da recursos: es el desarrollo de una plataforma empresarial que es atendida y dirigida por personas con discapacidad, constituidas en empresas cooperativas.

"Para reactivarlas como empresa -explicó- se tuvo una larga gestión con microfinancieras, Sofoles y bancos."

El que mayores "ventajas" otorgó para "fondear el proyecto y proteger la actividad comercial", argumentó, fue el banco de Ricardo Salinas Pliego, mediante una tarjeta de "crédito que en realidad es de garantía, porque la mercancía se deja en consignación una semana a la persona, y lo que venda se cobra en la siguiente; el costo de interés del manejo de la mercancía es cero".

La tarjeta, "diseñada de manera exclusiva para la red de emprendedores, funge como garantía bajo la circunstancia esporádica y exclusiva de que alguno venda la mercancía y no regrese el dinero". Y si vende la mercancía y no se la pagan, "el vendedor tiene que liquidarla".

Flores justifica: "Es una actividad comercial y hay que blindar y garantizar las relaciones sanas con los proveedores (de las mercancías), porque si no, no se hace negocio; en una actividad empresarial".