Editorial

La estafa de la privatización eléctrica

En entrevista con este diario, la investigadora Sharon Beder, doctora en ciencia y tecnología y profesora de la Universidad de Wollongong, Australia, sostiene que todas las experiencias de privatización del sector eléctrico en el mundo han resultado un fracaso, porque la enajenación de esa industria no sólo no ha generado los beneficios prometidos (mayor producción, servicio eficiente y menores tarifas), sino que ha causado perjuicios en los sectores más pobres y, en general, en las economías locales. En pocas palabras, se trata de una "estafa" para permitir que se hagan negocios millonarios con un servicio público a costa de la población.

De ahí que cada vez sea más difícil que en países desarrollados, como Australia, Francia y Canadá, prosperen las iniciativas de privatización, señala la especialista, sobre todo por la oposición de los ciudadanos, quienes prefieren que el Estado mantenga el control del sector. La situación no es muy distinta en los países en desarrollo, donde las políticas privatizadoras están siendo rechazadas con protestas masivas y los ciudadanos optan mayoriamente por candidatos de izquierda que apoyan la resistencia. Para el caso de México, recomienda mantener el control público de la electricidad, aunque advierte que se requerirá de un gobierno fuerte para enfrentar las presiones que seguramente encabezará el Banco Mundial.

Sharon Beder es autora del libro Energía y poder: la lucha por el control de la electricidad en el mundo, en el que analiza varios casos, entre ellos los de Brasil, India y Argentina, y concluye que en todos, los resultados de haber dejado la generación y distribución de la energía eléctrica en manos de empresas privadas son los mismos: tarifas elevadas, servicios deficientes, apagones y miles de empleos perdidos, porque a la iniciativa privadas no le interesa invertir en infraestructura y sólo quiere asegurar ganancias.

Al respecto, cabe recordar que esa ambición quedó al descubierto en Argentina tras la crisis de 2001, cuando las empresas españolas ­a las que el menemismo entregó el sector eléctrico­ se negaban a renunciar al privilegio de mantener tarifas altísimas, a fin de no perder su margen de ganancias con la eventual devaluación de la moneda de ese país.

Esas experiencias de privatización fallidas, en algunos casos fracasos escandalosos, dan la razón al movimiento de resistencia que se ha conformado en México, encabezado por el Sindicato Mexicano de Electricistas, que se extiende incluso a toda América Latina. Como señala la propia investigadora, las presiones del Banco Mundial en todo el mundo, particularmente en los países en desarrollo, para que los estados dejen el sector energético en manos privadas son muy intensas.

Para intentar dar la vuelta a esa fuerte oposición, el gobierno de Vicente Fox, que se ha mantenido en el empeño de abrir la industria eléctrica al capital privado, maneja un doble discurso, pues asegura en todo momento que no pretende privatizarla y, al mismo tiempo, de manera subrepticia, promueve iniciativas para que se permita la participación de sectores empresariales, aun cuando éstas rayan en la inconstitucionalidad.

En los hechos, la iniciativa privada detenta una participación de 30 por ciento en la generación de electricidad. El riesgo de despojo es mayor para México porque las empresas que tienen inversiones en este sector son extranjeras: Shell, Enron, Mitsubishi, Unión Fenosa, Iberdrola, entre otras, a quienes el gobierno foxista ha prometido garantías, por supuesto a cargo del erario, para que no pierdan su dinero si las llamadas reformas estructurales no llegan a aprobarse.

La doctora Beder asegura, dadas las experiencias en el mundo, que "es poco probable que la tendencia hacia la liberalización de la electricidad se sostenga por mucho tiempo", así que estarán más en sintonía con la mundialización quienes se oponen y defienden el carácter estatal de este sector estratégico, que lo consideran un asunto de soberanía nacional, y no quienes acusan a la resistencia de tener una postura nacionalista casi globalifóbica.

Ante este panorama, sería un error que el actual gobierno ­o el que le suceda­ se mantenga en el empeño privatizador.