Contraviene la ley de acceso a la información, asevera María del Pilar Hernández
Cuestiona magistrada destrucción de grabaciones del tribunal electoral
Contenían elementos para saber los sentidos en que se manifestaban los jueces, señala
Para la magistrada supernumeraria María del Pilar Hernández la destrucción de las grabaciones de las reuniones privadas del pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), realizadas entre 2003 y marzo de 2006, ni se justifica ni es un hecho menor.
Aclara que no fue partícipe de esta decisión y que tampoco conoce cuáles fueron las expresiones de cada uno de los magistrados numerarios ni las motivaciones que tuvieron para decidir que en este momento era necesario destruir el material grabado.
La magistrada advierte que este acuerdo, tomado por mayoría, no por unanimidad, no se justifica, porque lo que contenían esas grabaciones no eran cuestiones banales, sino elementos que dan certeza "para saber cuál ha sido el sentido de la manifestación de un magistrado, en qué se ha disentido". En suma, "son el eje de orientación más viable, porque está en viva voz de los magistrados".
Explica que la Ley de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal obliga a los órganos de la administración central, delegacional o autónomos, a guardar como parte de sus archivos este material de tipo técnico. "No es una cuestión menor."
En entrevista, la magistrada supernumeraria admite que una investigación del Instituto de Acceso a la Información del DF o de la Procuraduría General de la República (PGR) en estos momentos trastoca la vida institucional, la imagen del Tribunal Electoral capitalino, "sobre todo de cara a la ciudadanía, porque nosotros somos los garantes de la legalidad; consecuentemente debemos actuar de la misma manera".
El martes el presidente del TEDF, Hermilo Herrejón, aseguró: los magistrados "no le tememos a nada porque actuamos con legalidad", al ser cuestionado si no había temor de que alguna autoridad judicial requiriera alguna de las grabaciones que fueron destruidas.
El acuerdo para borrar el material grabado lo tomaron en sesión privada los magistrados numerarios Hermilo Herrejón, Estuardo Mario Bermúdez, Juan Martínez Veloz y Rodolfo Terrazas.
En opinión del diputado perredista Gerardo Villanueva Albarrán, al destruir las grabaciones el TEDF violó los artículos 11 y 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal.
Y recordó que los "servidores públicos que infrinjan estas disposiciones serán sancionados mediante el procedimiento que regula la Ley Federal de Responsabilidades de los servidores públicos", y éstas van desde el apercibimiento privado o público hasta la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Por su parte la diputada perredista Alejandra Barrales Magdaleno anunció la semana pasada que la Procuraduría General de la República inició una investigación en contra del magistrado numerario Estuardo Mario Bermúdez Molina, quien intentó remover del TEDF a reporteros que le resultan incómodos y luego propuso la destrucción de las grabaciones de la reuniones privadas del pleno.
La próxima semana el Instituto de Acceso a la Información Pública anunciará si lleva a cabo una investigación al TEDF por la eliminación de documentos y grabaciones de reuniones privadas del pleno.