Usted está aquí: jueves 13 de abril de 2006 Política Denuncian ofensiva de la SRA contra quienes apoyan a AMLO

Las autoridades agrarias tienen intereses electorales: CCC

Denuncian ofensiva de la SRA contra quienes apoyan a AMLO

MATILDE PEREZ U.

El dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), Max Correa, negó el secuestro y trato violento a dos funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA); "me sorprende la reacción de la autoridad, su actitud no ayuda al diálogo y es una mala señal para todas las organizaciones que firmaron el Acuerdo Nacional para el Campo", dijo.

Aseguró que el día 6 de abril solicitó una audiencia, la cual fue programada para el día 10, fecha en que los campesinos acudieron amparados por el derecho constitucional de audiencia. "No fuimos a plantear problemas políticos sino agrarios; sin embargo, el director de Concertación Agraria, Ramón Cárdenas Villarreal, y el director de Audiencia, Benjamín Serrano, nos advirtieron que tenían instrucciones de no resolver ningún asunto más que planteara la organización; no hay dinero, y aunque lo hubiera no se atenderían nuestras peticiones debido a nuestra definición política".

La CCC, al igual que otras organizaciones del Congreso Agrario Permanente (CAP), locales y regionales, manifestó su apoyo al candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado lunes, en una concentración en Xochimilco, recibió de los dirigentes campesinos su propuesta de un nuevo pacto nacional por un futuro mejor para el campo y la nación.

El 10 de abril, 800 integrantes de la CCC realizaron una concentración en las instalaciones de la SRA en demanda de respuesta a 14 conflictos agrarios en una decena de estados y apoyos a proyectos productivos; la madrugada del martes, los funcionarios de la dependencia firmaron una minuta en la que se comprometen a atender dichos casos. La tarde de ese día, el director de Asuntos Jurídicos presentó una demanda penal ante la Procuraduría General de la República en contra de "quienes resulten responsables" por secuestro y motín, y el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Gilberto Hershberger Reyes, afirmó que dicha minuta "carece de validez".

La dirigencia nacional y de los estados de la organización campesina interpondrán una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), porque los funcionarios de la SRA también comentaron que "somos unos mal agradecidos por apoyar a Andrés Manuel López Obrador, pues según ellos a la CCC se le ha favorecido más que a otras organizaciones".

Si la SRA desconoce la minuta firmada el 10 de abril también se retractará de las que la preceden, y negará validez al Acuerdo Nacional para el Campo, firmado el 28 de abril de 2003, y en el que se establece el compromiso de la institución de resolver todos los asuntos agrarios pendientes. Además, ni el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, ni ningún otro funcionario de la dependencia, pueden argumentar que "no hay dinero", ya que la Cámara de Diputados aprobó 900 millones de pesos para la SRA.

Max Correa insistió en que la actitud de la autoridad agraria refleja más una postura político, electoral que una apertura al diálogo y de respeto a los derechos constitucionales. "Nadie está obligado a hacer lo que no puede", abundó al referirse a la firma de la minuta; el caso lo está utilizando la autoridad para generar un ambiente de inestabilidad y de represión en contra de las organizaciones campesinas que apoyan al candidato de la coalición Por el Bien de Todos, acotó.

 
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