Indignación en Buenos Aires de organismos defensores de derechos humanos
Excarcelan en Argentina a 11 militares encausados por la Operación Cóndor
La Cámara de Casación Penal estima que no se fugarán ni entorpecerán la acción judicial
Buenos Aires, 11 de abril. La Cámara de Casación Penal -sala cuarta- de Argentina ordenó este martes la excarcelación de 11 militares detenidos por su participación y responsabilidad en la Operación Cóndor, la alianza criminal de las dictaduras del Cono Sur en la década de los años 70, que dejó centenares de víctimas, entre ellas importantes líderes políticos que se enfrentaban a los regímenes militares de entonces.
En una curiosa interpretación, la Cámara de Casación Penal estimó que los ex militares represores excarcelados, entre los que se encuentran los ex generales Santiago Omar Riveros, Carlos Landoni, Ernesto Alais, Bernardo José Menéndez, Ramón Díaz Bessone, Jorge Olivera Rovere y otros, "no entorpecerían "la acción de la justicia ni se fugarían del país.
Aunque la mayoría de estos ex oficiales no recuperará su libertad porque están detenidos por varias otras causas en las que están acusados de diversos delitos de lesa humanidad, la medida causó indignación en los organismos de derechos humanos.
Precisamente en estos días, cuando se dio a conocer un informe sobre la Operación Cóndor en el Congreso Nacional, durante una reunión del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), y se pidió solidaridad regional con los abogados encabezados por Alberto Pedroncini, que representan a los familiares de las víctimas en el juicio contra aquella acción criminal, ya que enfrentaban esta posibilidad.
La Operación Cóndor fue uno de los varios planes de contrainsurgencia en el esquema de la guerra de baja intensidad instrumentada bajo la Doctrina Nacional de Seguridad de Estados Unidos, e involucró a las dictaduras de Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Algunas de las víctimas más conocidas de este plan criminal destinado al intercambio de información y prisioneros, trasladadas en forma ilegal de un país sudamericano a otro, su asesinato o desaparición, fueron Orlando Letelier, ex ministro chileno del gobierno democrático de Salvador Allende, septiembre de 1976, en Washington; el general Carlos Prats y su esposa Sofía, también chilenos, en septiembre de 1974 en Buenos Aires; el general Juan José Torres, ex presidente de Bolivia, y los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, uruguayos, todos ellos en Argentina en 1976.
También fueron asesinadas o sufrieron atentados otra serie de personajes y dirigentes o militantes políticos y algunas historias se han podido reconstruir desde la aparición de los llamados Archivos del Horror, en diciembre de 1992, en Asunción, Paraguay, y en los juicios que se llevan adelante en varios países.
Más de 150 uruguayos, 100 paraguayos, medio centenar de bolivianos, así como izquierdistas y demócratas peruanos, chilenos, alemanes, suecos y de otras nacionalidades, desaparecieron en Argentina, y otros tantos fueron secuestrados y entregados de una nación a otra en esta coordinadora de la muerte que comprometió a las dictaduras del Cono Sur y luego extendió su accionar a Centroamérica.
Precisamente varios de los militares argentinos involucrados en la Operación Cóndor fueron luego artífices del acuerdo que firmaron con la Agencia Central de Inteligencia estadunidense, para apoyar la guerra sucia de Estados Unidos contra el gobierno sandinista de Nicaragua.
Fue el ex embajador John Negroponte, quien posibilitó la firma del acuerdo entre militares argentinos y hondureños, para actuar desde ese país contra Nicaragua.
Y de ese periodo histórico, además de los atentados y crímenes de lesa humanidad cometidos contra las poblaciones nicaragüenses, quedan como consecuencia trágica las desapariciones que se registraron en Honduras y se investigan hasta hoy.
Resulta una paradoja que cuando los parlamentos de la región toman compromisos en el tema de los derechos humanos y en la investigación de los orígenes, hechos y consecuencias de la Operación Cóndor, que "globalizó el crimen de lesa humanidad" en la región, la cuarta sala de casación haya dictado esta resolución.
En septiembre de 2005, hace mucho menos de un año, los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani rechazaron las solicitudes de excarcelación presentadas por los defensores de estos ex militares, al entender que podrían intentar obstaculizar la investigación o escapar del país.
El abogado Pedroncini había advertido de la posibilidad de estas excarcelaciones, que se producen cuando el tema de la Operación Cóndor resurge fuertemente en Chile, Uruguay y Paraguay.
En el expediente judicial los dictadores de aquellos años -Augusto Pinochet, de Chile; Jorge Rafael Videla, de Argentina; Alfredo Stroessner, de Paraguay; Hugo Bánzer, de Bolivia (ya fallecido), y los jefes militares uruguayos, entre otros- fueron responsabilizados de asociación ilícita para secuestrar, torturar, trasladar ilegalmente y asesinar a opositores políticos en cualquier lugar de la región o del mundo, y se pidió la extradición de todos ellos para ser juzgado en sus respectivos países.