La solicitud se basaba en la autorización de un crédito por 4.7 millones de pesos
La PGR fracasó en obtener una nueva orden de aprehensión contra Cabal
Estricta fiscalización para evitar o reducir la evasión fiscal, promete Hacienda
Fracasó la Procuraduría General de la República (PGR) en su intento de obtener una nueva orden de aprehensión contra el ex banquero Carlos Cabal Peniche, a quien Hacienda acusó en 1997 de incurrir en un delito bancario por 4 millones 760 mil pesos.
En tanto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó ayer que en los últimos dos años presentó ante el Ministerio Público de la Federación (MPF) más de 3 mil querellas y denuncias por la presunta comisión de delitos fiscales. La Secretaría de Hacienda indicó que se mantendrá una fiscalización estricta para evitar o reducir la evasión fiscal que reduce los ingresos del sector público.
Las autoridades del SAT proyectan incrementar la recaudación fiscal el presente año en unos 240 mil millones de pesos, para lo cual esperan incrementar la base de contribuyentes y no descansar exclusivamente en los cautivos. En el primer bimestre los ingresos tributarios llegaron a 160 mil millones de pesos.
No se pudo comprobar una acusación contra el ex banquero
Documentos de la PGR a los que tuvo acceso La Jornada revelan que el viernes 7 de abril la autoridad ministerial fue notificada sobre la determinación de un tribunal de circuito de la ciudad de México.
Un día antes, Jorge Fermín Rivera Quintana, magistrado del primer tribunal unitario en materia penal, dentro de la toca penal 259/2005, confirmó el fallo de un juez federal que el 3 de junio del año pasado negó la orden de captura contra el ex presidente de Banca Unión-Cremi. El fallo es inapelable para la PGR.
La imputación consistía en una querella que presentó la Secretaría de Hacienda ante el MPF, en 1997, contra Cabal Peniche, a quien acusó de autorizar un crédito por 4.7 millones de pesos a la empresa Consorcio Mexicano de Comercio e Industria, a sabiendas de que provocaría un quebranto financiero a la institución bancaria.
Sin embargo, la PGR no pudo acreditar que esa cantidad era independiente a una línea de crédito legal por 50 millones de dólares, que en mayo de 1994 abrió Cabal Peniche en su calidad de presidente de Banca Unión-Cremi.
En su resolución, Rivera Quintana refirió que la acusación es la misma por la que actualmente Cabal está sujeto a proceso penal en el juzgado octavo, y la ley impide juzgar dos veces a una persona por el mismo delito.
El 16 de octubre de 1996, el ex director general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Oscar Sosa León, dirigió un oficio a Ismael Gómez Gordillo Ruelas, entonces procurador fiscal de la Federación, quien reportó irregulares operaciones financieras millonarias de parte de Cabal para favorecer a una empresa cercana al ex banquero.
La PGR integró la averiguación previa, y en junio de 2005 pidió al juzgado octavo de distrito la orden de aprehensión contra Cabal por su probable responsabilidad en el delito (bancario) previsto y sancionado por el artículo 112, fracción V, inciso c), de la Ley de Instituciones de Crédito. La orden fue negada pues se repetía el cargo contra el ex banquero.
El 30 de enero de 2004 Cabal obtuvo su victoria jurídica más importante en nueve años de litigio, luego de que el mismo tribunal unitario desechó en definitiva seis cargos por quebrantos contra Banco Unión, que constituían la parte central del caso en su contra.
El tribunal declaró prescritas seis de siete acusaciones por violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito, derivadas de los préstamos supuestamente ilegales que Cabal autorizó a empresas relacionadas con él entre 1991 y 1994, y que habrían provocado una pérdida de 242 millones de dólares al banco. El magistrado resolvió que las querellas presentadas en aquellos años por la PFF ante la PGR, no existieron, ya que no fueron debidamente ratificadas por los funcionarios que las firmaron.
Actualmente Cabal sólo enfrenta dos cargos: uno por quebranto de 4.7 millones de pesos a Unión, y otro por fraude fiscal de 170 millones de pesos.
En otro orden, informes de la Secretaría de Hacienda señalan que existe el proyecto de cruzar información del SAT con las instituciones bancarias para detectar a los evasores, lavado de dinero y operaciones ilegales que perjudiquen al fisco.