Migración en Estados Unidos: en el pantano

El programa de trabajadores huéspedes de Bush dividió a demócratas y republicanos por igual

Economist Intelligence Unit /The Economist

El presidente George W. Bush enfrentó severa oposición a su reciente intento de reformar la ley migratoria, cinco años después de haberla propuesto por vez primera, aunque después la abandonó porque su guerra contra el terrorismo cobró prioridad. En este año de elecciones de medio periodo, la legislación propuesta captó la atención nacional, y desató protestas de magnitud sin precedentes. Los grupos pro derechos de los migrantes y sus partidarios se opusieron a la iniciativa draconiana aprobada por la Cámara de Representantes el año pasado, pero también criticaron la de Bush, relativa a crear un nuevo programa de trabajadores huéspedes.

En los días pasados el debate sobre migración ocupó el centro del escenario, e incluso hizo que la atención del público, de los políticos y de la prensa se apartara un poco de los problemas en Irak. Pero también este tema ha resultado un pantano político, como confirmó la decisión del Senado de postergar la iniciativa.

Bush pretende legitimar a algunos de los 11 millones de inmigrantes indocumentados mediante la creación de un programa de trabajadores huéspedes que les habría concedido estatus legal temporal hasta por seis años. La propuesta, aunque contaba con la aprobación general de los organismos empresariales, dividió al Partido Republicano y disgustó a muchos miembros de la base conservadora del presidente, para quienes dichas medidas equivalen a una amnistía a la inmigración ''ilegal''.

Pero también los demócratas están divididos. El grupo dominante de miembros educados y liberales favorece reformas pro migrantes, pero los demócratas más pobres, en especial los afroestadunidenses, se sienten amenazados por reglas de migración más abiertas. Sin embargo, como partido en el poder, los republicanos tienen más que perder en el debate, el cual polarizó a grupos de electores existentes y potenciales.

Migrantes en marcha

En los días del debate se llevaron a cabo manifestaciones masivas en rechazo a toda legislación que persiguiera y castigara a los indocumentados. La mayor convocó a medio millón de personas el 25 de marzo en Los Angeles, y hubo otras en todo el país, algunas organizadas con apoyo de la Iglesia católica.

Muchos defensores de los derechos de los migrantes también se oponían al plan de Bush, pues crea una subclase de trabajadores extranjeros sin darles derechos laborales ni ningún medio para adquirir residencia legal. Para ellos toda la discusión es parte de un creciente sentimiento antinmigrante en el Congreso y en el país. Lo que exigen es que los que ya se encuentran en EU tengan un camino hacia la ciudadanía.

El debate está mezclado con preocupaciones de seguridad fronteriza. La iniciativa de la Cámara implica cerrar la frontera mediante la creación de un enorme muro para evitar la entrada de indocumentados. Alrededor de 60% de los trabajadores vienen de México, y 78% de países latinoamericanos en general, según el Pew Hispanic Center. La mayoría cruzan por la frontera sur. Por tanto, en los estados de esa frontera la reacción contra los indocumentados ha tenido particular potencia. Para calmarlos, Bush quiere combinar su programa con un plan más severo de seguridad fronteriza.

La controversia también tiene importantes implicaciones para la relación de Washington con México, el país más afectado por cualquier cambio en la ley. La alguna vez cercana relación entre ambos gobiernos comenzó a enfriarse cuando Bush puso su esfuerzo inicial sobre el tema migratorio en la bandeja de pendientes, en 2001. La reciente reunión de Bush con Vicente Fox, donde se trataron también otros temas fronterizos, como el crimen organizado y el narcotráfico, contribuyó a poner el tema migratorio en primer plano.

Poco terreno neutral

Los funcionarios electos estadunidenses se ven presionados por diversos electorados que exigen cambios: residentes de estados fronterizos y suburbios donde la presencia de migrantes es más fuerte; conservadores sociales que ven la migración como una amenaza a los valores del país; un creciente electorado latino, al cual ambos partidos políticos intentan cortejar, e intereses empresariales que sostienen que la mano de obra migrante es vital para la agricultura, para algunas industrias y para zonas del país donde es difícil encontrar trabajadores.

Antes de la reciente ola de protestas, que todavía está en marcha, parece que los partidarios de la línea dura llevan las de ganar. Además, diversas encuestas de opinión muestran que más de 60% se opone al programa de trabajadores huéspedes de Bush.

Sin embargo, la comunidad migrante se puso en pie y envió al Congreso un claro mensaje de oposición a nuevas restricciones o a la criminalización. Los activistas expresan que prefieren ninguna reforma a cualquiera de las que estaban a debate. La fuerza de su campaña, si persiste y crece, podría atraer a muchos legisladores de sus estados y ciudades de origen que buscan una forma de cambiar las preferencias electorales. (Algo similar ocurrió en California en 1990, cuando un esfuerzo del gobierno republicano por negar acceso de los indocumentados a la educación y la salud fue derrotado, pero no sin antes llevar muchos votos latinos a los demócratas.)

Si bien existe consenso político y popular de que se necesita hacer más para fortalecer la seguridad fronteriza y reparar una política migratoria casi destrozada, no lo hay en cuanto a qué hacer con los 11 millones de trabajadores indocumentados. Un acuerdo al respecto resultará elusivo, pues muchas posturas parecen inalterables, al menos a corto plazo.

Aun si se hubiera aprobado alguna reforma, lo más seguro es que no habría satisfecho a todos. El tema continuará en la agenda política y seguirá polarizando a la opinión pública durante algún tiempo más.

FUENTE: EIU