La Corte de las vergüenzas
Una vez más la Suprema Corte de Justicia de la Nación demuestra que no tiene en su horizonte ideológico convicción por la visión universal de los derechos humanos. La negativa de amparo en el caso de la extradición de los ciudadanos vascos (incluido el de uno naturalizado mexicano) fue analizada con la miopía que caracteriza a la máxima instancia del Poder Judicial: el más elemental de los derechos, como es la presunción de inocencia, no fue respetado. Dada la gravedad de las acusaciones aún no probadas y el altísimo contenido político de las mismas, el destino que les espera en España no es precisamente de respeto a sus derechos humanos y, en especial, al debido proceso.
Nuevamente se confirma que en la Corte las posiciones que buscan abrir paso al derecho internacional sobre derechos humanos son derrotadas sistemáticamente; existe un "nacionalismo" jurídico que oculta la más elemental de sus implicaciones en el orden interno. En este caso los ministros Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío señalaron que la modificación del primer protocolo del Tratado de Extradición México-España, realizada en 1997, era inconstitucional al omitir la necesidad de que el gobierno español presentara la documentación que acreditara el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad de los acusados.
Resulta aberrante que se conozcan algunos argumentos que fueron de-sechados, pero no se analizaron los que presentó la defensa a través de la abogada Bárbara Zamora, y escandaloso que no se conozcan aquellos de fondo que dieron sustento a la decisión de negar el amparo solicitado. Por ello ante la opinión pública dejan la impresión de que simplemente están respondiendo a favor de quien solicitó su extradición.
Ya va siendo hora de que analicemos la jurisprudencia del poder en la Corte: no es la primera vez que se observa una predeterminación política por encima de la argumentación jurídica. Ahí está el caso de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en 1968 y 1971, así como los relativos a la llamada guerra sucia, ante los cuales hemos encontrado su negativa sistemática a considerar que en nuestro país se cometieron crímenes de Estado y que hay responsables de ello. Han solapado decisiones aberrantes como la que sostiene que no se puede configurar el delito de genocidio porque los estudiantes el 10 de junio de 1971 gritaban consignas diferentes y por ello no se les puede considerar un grupo nacional.
Fallan a la justicia y también a la historia; así lo hicieron frente a los pueblos indígenas cuando tuvieron en sus manos la posibilidad de revertir la contrarreforma indígena de 2001 y con todas las evidencias a la mano las declararon improcedentes, y luego el ministro Mariano Azuela emitió un voto particular con una compilación de citas del Banco Mundial sobre la extrema pobreza de los pueblos indígenas, con el cual desde la Suprema Corte se daba entrada a la especie de que el problema es de pobreza y no de derechos, a los cuales, tratándose de los indígenas, el hoy ministro presidente considera "cuestiones académicas". Están también las decisiones que invalidan la expropiación por causa de utilidad pública como el caso de la cooperativa Pascual. Recordemos, asimismo, el caso del desafuero y las asesorías palaciegas desde la cabeza de la Corte.
Algunos ministros intentan justificarse señalando que no pueden caer en el activismo judicial y que es natural que sus decisiones no satisfagan a todos; sin embargo, ya resulta necesario asumir que uno de los grandes problemas que impiden la transición democrática de este país reside en el Poder Judicial y en su órgano máximo, que ha sido caracterizado acertadamente como una Corte florentina por su propensión a inclinarse ante el poder.
Existe material suficiente para organizarle un tribunal popular a la Suprema Corte de Justicia desde la ciudadanía y con el apoyo de juristas calificados, y retomar experiencias de otros países, donde se ha logrado imponer el proyecto de una Corte para la Democracia con procesos públicos de selección de ministros con un claro sistema de rendición de cuentas, al margen de que se acuda una y otra vez a instancias internacionales.
Ahí están los temas de la auténtica reforma del Estado que no se van a procesar desde ninguno de los poderes; lamentablemente se escudan en el principio de división de poderes para convertirlo en complicidad de poderes. Hasta ahora el Poder Judicial ha sido una suerte de coto vedado que supone una ciudadanía sometida e inerme a sus dictados.