El gobernador avala el ilícito, pues pretende adueñarse de La Valenciana, denuncian
Trasnacional intenta despojar a mineros guanajuatenses de 28 propiedades
Great Panther promete pagar 7 millones de dólares en abonos por yacimientos de oro y plata
En Guanajuato pretenden desaparecer la cooperativa minera más antigua del país, conformada durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, ya que, ayudados por prestanombres y apoyados por el gobierno estatal, inversionistas de la empresa canadiense Great Panther lograron un acuerdo mediante el cual despojan a los trabajadores de 28 fundos mineros con amplio potencial de explotación de oro, planta y otros minerales, con sólo 7 millones de dólares, pagaderos en abonos.
Un informe entregado a este diario por los trabajadores de Minera Santa Fe demuestra que, a pesar de la movilización de los cooperativistas y de las denuncias que se han presentado ante el Ministerio Público, no se ha logrado detener este fraude mayúsculo contra el patrimonio minero nacional.
Señala que desde hace cinco meses se interpuso una denuncia penal contra la minera El Rosario (filial de la empresa Great Panther), la cual mediante una serie de argucias legales y en complicidad con autoridades de los gobiernos estatal y municipal amarró un contrato para adquirir Minera Santa Fe a un precio irracional y sin el consentimiento de los trabajadores.
Las propiedades que conforman la cooperativa consisten en 28 minas, una escuela llamada Instituto Ignacio Montes de Oca, una fábrica de cerámica, una pedrera, la bocamina y una cantidad de terrenos hasta por mil hectáreas, todo a un precio de 7 millones de dólares, los cuales los inversionistas extranjeros se comprometen a pagar en partes.
Ello, a pesar de que cínicamente en el portal de Internet de Great Panther se hace el cálculo de que estas mismas propiedades tendrían un valor de 114 millones de dólares, aproximadamente.
Los cooperativistas, además de presentar las denuncias penales, conformaron el Movimiento San Juan de Rayas, el cual se opone a la venta de los bienes, mucho menos por la cantidad que se pactó en una carta compromiso que firmaron integrantes del consejo de administración sin una consulta legal a los trabajadores.
Los cooperativistas informan que desde hace cinco meses se presentó la demanda, la cual se pretendió archivar, por lo que se interpuso el recurso de inconformidad ante el juez penal, quien cuando tenía 10 días para resolver confirmó que no se llevaría a cabo acción penal, por lo que se entabló una demanda civil y hasta la fecha todavía no se logra iniciar el periodo probatorio, es decir, se ha entorpecido y retardado todo el procedimiento.
Además, inexplicablemente se ha cambiado tres veces el juez que lleva el caso, nunca se ha notificado a los trabajadores y ni siquiera se ha informado a la empresa canadiense, es decir, en los juzgados penales y civiles de Guanajuato se han mostrado parciales en favor de la parte patronal, en tanto quienes pactaron la venta y los propios compradores van a toda velocidad, "malvendiendo los terrenos, entregando las minas más productivas a contratistas de todos conocidos como abusivos", indica la información.
También advierte que el gobernador se ha negado a escuchar a los mineros, argumentando que es un problema interno entre socios y que solamente tendría como interlocutor al consejo de administración, que es el que pactó la venta ilegal. "El gobernador de Guanajuato quiere quedarse con la mundialmente reconocida mina de La Valenciana; el presidente municipal priísta Arnulfo Vázquez Nieto ansía quedarse con varios terrenos de la cooperativa para su beneficio personal, así como el diputado federal priísta Francisco Arroyo Vieyra", denunciaron los cooperativistas.