La CNDH recomienda sancionar a dos funcionarios
Bloquea la Presidencia la labor del canalseisdejulio
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República limitó la libertad de expresión de la productora canalseisdejulio, al obstaculizar el acceso a materiales que solicitó para realizar un documental sobre el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, cuando éste fungía como jefe de Gobierno del Distrito Federal.
El pasado 24 de marzo, el organismo dio un plazo de 15 días naturales -que venció ayer- a Rubén Aguilar, responsable del área, para que inicie un procedimiento administrativo en contra de Alejandro Fernández Carrillo, director general de la página de noticias, y Ricardo Almaraz López, subdirector de Información General de Enlace de Televisoras y Sistemas de Cable de la Presidencia.
La CNDH acusó a ambos funcionarios de incurrir en "conductas irregulares" en perjuicio de la productora.
Para el secretario de canalseisdejulio, Carlos Mendoza Aupetit, el hecho significa un "trato discriminatorio, toda vez que otros medios que solicitan el mismo servicio al Centro de Producción Informativo y Especiales de la Presidencia de la República (Cepropie) son atendidos sin triangulaciones y en forma expedita, como lo exige la naturaleza del trabajo relacionado con la televisión y el video".
En entrevista, insiste en que se trató de "un acto de censura", con un perjuicio económico de 60 mil pesos, debido a que se tuvo que retirar del mercado el documental Aventuras en Foxilandia, que es una crítica política a los protagonistas de la vida pública nacional.
El retiro del video se debió a que se pretendía agregarle información sobre el proceso de desafuero de López Obrador y las jornadas de resistencia civil que se originaron entonces.
Para ello se requería copia de grabaciones de distintas actividades y declaraciones del Presidente y su portavoz, mismas que fueron detalladas en una petición formal con fecha del 28 de abril de 2005.
Retraso en la petición
Sin embargo, personal de Cepropie notificó vía telefónica que se necesitaba dirigir la petición a la Coordinación de Radio y Televisión de la Presidencia, a cargo de Ernesto Vidal Córdoba, requisito que el canal cumplió al siguiente día.
Desde entonces, Alejandro Fernández Carrillo y Ricardo Almaraz evadieron atender a la empresa y adujeron distintos pretextos para retardar la entrega.
En la resolución del expediente 2005/2402/DF/5/SQ, Mauricio Farah Gebara, quinto visitador de la CNDH, notificó a Rubén Aguilar que el 9 de junio del año pasado se inició el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles (a su cargo), a raíz de la denuncia de Mendoza Aupetit. Ahí se le informa también que Alejandro Fernández Carrillo y Ricardo Almaraz López incurrieron en responsabilidad administrativa.
Con base en el análisis de los documentos que entregó como pruebas Mendoza Aupetit se determinó que hay contradicciones entre las respuestas que proporcionaron los funcionarios a la CNDH y lo que refirieron al secretario de canalseisdejulio para no entregar el material.
El primero, por ejemplo, indicó al organismo nacional que jamás fue informado del daño económico que implicaba a la casa productora el retraso en la entrega de los materiales; sin embargo, el quejoso sí mencionó que en televisión los tiempos son determinantes. "Nos perjudicaron porque nunca contamos con esas imágenes", dijo.
También se comprobó que Ricardo Almaraz, encargado de la página de Internet de la Presidencia, insinuó que las trabas se debían a un problema de "sensibilidad", y por ser éste un tema "incómodo" pidió hacer llegar la petición al gobierno capitalino.
"Rojos de mierda"
Mendoza Petit recordó que luego de enviar a la sección El Correo Ilustrado, de La Jornada, una carta en la que critica el desempeño de Rubén Aguilar, Ernesto Vidal y Alejandro Fernández, recibió una llamada de este último, quien sugirió una reunión en la que explicaría las causas del retraso; sin embargo, el 31 de mayo de 2005 llegó el siguiente mensaje al correo de canalseisdejulio:
"Sería interesante ver cuánto reciben ustedes de dinero por parte del Gobierno de López Obrador, al que, se ve, adoran más que un talibán a Bin Laden. En estas porquerías de pinches comunistras (sic) trasnochados vienen a parar nuestros impuestos. Lástima que don Carlos no los puso en su lugar cuando tuvo la oportunidad. Rojos de mierda."
Mendoza Aupetit relata que debido a esta comunicación se canceló toda posibilidad del encuentro.
En la entrevista con este diario, confirma que la productora sí está acreditada ante la Presidencia de la República o al menos es reconocida por Cepropie.
De esto dan cuenta las respuestas a sus peticiones, en no menos de cinco ocasiones, entre enero de 2002 y septiembre de 2004, con un riguroso pago de por medio.
Responsabilidades
Para la CNDH, Fernández Carrillo y Almaraz López "dejaron de observar" obligaciones previstas en los artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, "donde se establece que tienen la obligación salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público".
El organismo asegura que "existieron impedimentos infundados e injustificados para atender y proporcionar oportunamente la información solicitada por la empresa canalseisdejulio", por lo que consideró conveniente que el órgano interno de control en la Presidencia de la República inicie y determine un procedimiento administrativo en contra de los inculpados y se les sancione.
Además, informó, el caso será sometido a conciliación con las autoridades de la Coordinación de Radio y Televisión de la Presidencia de la República.
Si Rubén Aguilar Valenzuela no notifica qué acciones se tomaron al respecto, la CNDH determinará las que "legalmente correspondan". El plazo que dio al vocero presidencial venció ayer.