Editorial

Falta de transparencia en el gobierno de Fox

Desde el comienzo de su mandato, el presidente Vicente Fox se comprometió a actuar con total transparencia y ofreció entregar a los mexicanos buenas cuentas sobre la labor de funcionarios e instituciones. Durante este sexenio, el mandatario se ha vanagloriado de haber defendido a capa y espada ese valor vital para la democracia. Sin embargo, se trata en realidad de una asignatura pendiente.

Este domingo, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recordó que envió a la Presidencia una recomendación el pasado 24 de marzo para sancionar a Alejandro Fernández Carrillo y Ricardo Almaraz López, director general y subdirector de la página de noticias e Información General de Enlace de Televisoras y Sistemas de Cable, respectivamente, por incumplir la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. El plazo se cumplió ayer y aún no hay respuesta.

De acuerdo con la CNDH, los funcionarios de Presidencia impidieron a la productora canalseisdejulio el acceso a materiales para realizar un documental sobre el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Para el organismo se trata, sin duda, de "un acto de censura". La petición se hizo en tiempo y forma; sin embargo, tanto Fernández Carrillo como Almaraz López entorpecieron el trámite y dieron largas a la solicitud. En algún momento, incluso, Almaraz insinuó que las dificultades se debíam a que el tema "era incómodo".

No obstante, la CNDH insiste en que no se trata de un asunto de "sensibilidad", sino de ilegalidad, ya que los funcionarios "dejaron de observar" obligaciones previstas en los artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que refiere la obligación de éstos de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público. El organismo puntualizó que, al existir "impedimentos infundados e injustificados" para atender la información solicitada, el órgano interno de control en la Presidencia debería iniciar un procedimiento administrativo en contra de los inculpados.

La irresponsabilidad de los funcionarios y la ausencia de rendición de cuentas han sido una constante en las últimas cuatro décadas, por decir lo menos. Por ello no es raro que este tema se haya convertido en una de las mayores preocupaciones de la sociedad y, por tanto, un rubro que explotan con creces los candidatos a puestos de elección popular durante los procesos electorales. En 2000 no fue la excepción, pues fue el propio Fox quien tomó el tema y lo convirtió en una de sus banderas políticas.

Sin embargo, en su sexenio este asunto fue soslayado, permitiendo más actos de corrupción. Un estudio presentado recientemente por el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical refiere que si bien en el actual sexenio se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu-bernamental, "todavía hay importantes encubrimientos, sobre todo en Pemex y en la construcción de viviendas populares".

Sería deseable que la Presidencia mostrara voluntad democrática, se ajustara a la ley y diera una respuesta congruente sobre el asunto señalado por la CNDH.

Después de todo se trata de una oportunidad más para que el gobierno del presidente Vicente Fox demuestre que sus palabras tienen algo de sustancia.